La gestión de La Moncloa del SMI irrita a altos cargos del PSOE

El episodio tensa las costuras de la coalición hasta extremos insólitos y casi sin precedentes, incluso en los tiempos en los que Pablo Iglesias se sentaba en el Consejo de Ministros, como Alberto Núñez Feijóo aprovechó para poner de manifiesto en la primera sesión de control del año en el Congreso de los Diputados. «Señora Díaz, al señor Iglesias no le habrían colado esto», le espetó con coloquialidad a la titular de Trabajo, sentada en la bancada azul, esta vez al lado de Pedro Sánchez por la ausencia de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que se quedó en casa con fiebre, según explicó su equipo. Pero además de eso, el debate interno en el PSOE se agita, y no solo por el fondo de la medida, sino por su plasmación y por el coste para su imagen.

Esta semana en principio tenía varios elementos de 'venta' para el Ejecutivo. El lunes Sánchez clausuró en el Reina Sofía el acto por el vigésimo aniversario de la ley contra la violencia de género, pactada en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero con el PP, el martes la subida del SMI apuntaba a ser el gran reclamo de la jornada y este miércoles mismo se sacaba adelante el nuevo decreto ómnibus con la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte o a los afectados por la dana.

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Además, cosa casi insólita en los últimos tiempos, la agenda judicial daba cierto respiro al PSOE, centrados los tribunales en otros asuntos de gran foco como el juicio contra el expresidente de la RFEF Luis Rubiales por su beso a la jugadora de la selección Jennifer Hermoso. Pero todo se fue al traste por la discrepancia sobre gravar o no el IRPF a los perceptores del SMI, que Hacienda decantaba de un lado con una extraña filtración el mismo martes poco antes de la rueda de prensa semanal en La Moncloa, esa en la que Díaz y la portavoz, Pilar Alegría, se enzarzaron a la vista de todos.

«Lo vamos a solucionar, seguro, aunque no sé bien cómo», admite un ministro con un importante papel también en el PSOE. Otro es de la misma optimista opinión, abriendo la vía a una posible rectificación de la medida. No es lo que piensan todos ni en el Gabinete ni en el ámbito de Ferraz. Entre los que critican la gestión comunicativa hay quienes argumentan que la tributación del SMI no debería haber estado nunca en solfa. Primero por los argumentos a los que públicamente ya se ha acogido el Gobierno, y que la propia Alegría mostró en un gráfico en la sonada rueda de prensa conjunta con Díaz; fundamentalmente, que el gravamen solo afectará al 20 por ciento de los perceptores, quedando excluidos los que se benefician de algunas desgravaciones, singularmente por tener hijos a cargo. Pero, más en profundidad, por considerar que hay un error de pedagogía de base que no se ha sabido explicar.

Este diagnóstico apunta a Hacienda, aunque también a la propia Alegría. Estos dirigentes aseguran que técnicamente es incorrecto decir que el SMI estaba privado de IRPF, puesto que el mínimo exento afecta a cualquier contribuyente, y no únicamente al que perciba el SMI. Y que si precisamente el Gobierno Sánchez ha subido ese SMI en los últimos siete años, no tiene nada de raro que en algún momento quienes lo cobran empiecen a tributar.

«La desigualdad no se combate con exenciones fiscales, sino con servicios públicos fuertes», aseguran, al tiempo que explican que es bueno «expandir progresivamente el porcentaje de población cubierta por la declaración de la renta, porque eso permitirá diseñar mejores ayudas y políticas más eficaces». Mensajes, todos ellos, reproducidos este miércoles en un argumentario distribuido por La Moncloa y que lamentan que no se hayan expuesto en público para hacer frente a las críticas de Sumar y de los socios, e incluso del PP. Hasta Feijóo, en su cara a cara con Sánchez, criticó que la medida no es «progresista», pero el presidente la defendió alegando, precisamente, que con él en el Ejecutivo el salario mínimo se ha incrementado de 735 euros mensuales a 1.184. El líder del PP habló de «paripé» por el choque PSOE-Sumar y desde su formación aventuran que los socialistas buscan una controversia pactada para dar aire a Díaz y perfilarla como una figura beligerante en plena lucha abierta con Podemos, que constantemente ataca a Sumar acusándolo de no hacer el ruido que ellos sí hicieron en la anterior legislatura.

Pero además de todo ello, hay un elemento político no menor que esta 'crisis del SMI' pone de manifiesto. La compaginación de un puesto en el Gobierno con un liderazgo territorial del PSOE que hacen hasta cinco ministros, incluida la propia Montero en Andalucía, puede que lleve a disfunciones o maniobras extrañas como las de este martes. A nadie se le escapa, explican fuentes de los socialistas andaluces, que el asunto es especialmente sensible en esa comunidad, la más poblada de España y donde más perceptores del SMI habitan. Montero estuvo el lunes en Carboneras (Almería) para anunciar la expropiación del polémico hotel El Algarrobico, otra de las medidas que los socialistas confiaban en que jalonarían la mentada semana de buenas nuevas políticas para su proyecto, pero desde su responsabilidad como titular de Hacienda tiene que pasar el amargo trago de no eximir a esos andaluces que cobran los salarios más bajos de pagar el IRPF cuando llegue la campaña de la renta.

La maniobra de Hacienda se ha traducido ya en el registro de tres leyes para revertir la medida, una del PP, otra de Sumar y otra de Podemos, a lo que este miércoles se unió el registro de una iniciativa conjunta de ERC y BNG, ambos aliados del Gobierno, para pedir que se deshaga la discutida tributación del SMI. Fuentes del entorno de la vicepresidenta Díaz confían en hacer cambiar de opinión a los socialistas y trasladan tranquilidad al ver margen de negociación. «O rectifican o les hacemos rectificar», avisan, al tiempo que descartan el posible veto del Gobierno por la pinza que pueden ejercer PP y Sumar en la Mesa.

Las mismas fuentes opinan que el PSOE tiene claro que la jugada no le ha salido bien, sobre todo, de cara a la opinión pública, e instan a la vicepresidenta Montero a hallar una solución «creativa» a todo este asunto al igual que ya hizo Carlos Cuerpo, responsable de Economía, hace un par de semanas con la reducción de la jornada laboral. Sea como fuere, en el Ministerio de Trabajo tienen claro que han hecho «lo que tenían que hacer», subir el salario mínimo, y que, llegados a este punto, el balón está en el tejado de Hacienda.