Los autónomos lanzarán un SOS al nuevo Gobierno con 36 medidas

Las peticiones, a las que ha tenido acceso ABC, se sustentan con datos: La EPA del cuarto trimestre de 2022 reflejó una pérdida de 111.200 autónomos, y los datos de afiliación de abril constataron la pérdida de 13.000 trabajadores, el peor dato en una década.

Estas son las medidas que propondrá al nuevo Ejecutivo la organización que dirige Lorenzo Amor:

Prolongar un año la tarifa plana de 80 euros para ingresos inferiores al salario mínimo (SMI) en su segundo año de actividad e implantar otra de 50 euros para menores de 25 años que cursen estudios superiores, reglados o FP, y hayan finalizado el periodo de tarifa plana. Reclaman también una tarifa de 100 euros para aquellos con ingresos inferiores al SMI (15.120 euros anuales) que hayan realizado la actividad de forma continuada durante tres meses en un periodo de un año o, periódica y discontinua, durante cinco meses en un periodo de 12 meses.

La organización también apuesta por una tarifa plana de 100 euros al mes para los que contraten a su primer empleado de forma indefinida o fijo discontinuo con compromiso de permanencia de al menos 12 meses en el puesto (en fijos discontinuos de al menos 12 meses de actividad efectiva).

Eliminar obstáculos a la compatibilidad del 100% de la pensión y del trabajo por cuenta propia, y opción de compatibilizar el ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas con el trabajo si no se supera el SMI anual.

Equiparación de las aportaciones deducibles en el IRPF y bonificaciones de hasta un 10% de la cuota a devengar a la Seguridad Social cuando superen los 4.250 euros de aportación a los planes de pensiones de empleo simplificado.

Se considerará cotizado el primer año de interrupción de la actividad para el cuidado de familiares de hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad para el caso de que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no puedan valerse por sí mismos, y no desempeñen una actividad retribuida.

Defienden esta exención para el caso de cuidado de menores y dependientes contratados por autónomas, independientemente de que el domicilio social de la unidad familiar sea el suyo.

Poner en marcha una fórmula similar al sistema nacional de Salud o al SEPE pero con esquema de colaboración público/privada, que incluya atención primaria para la prevención del fracaso o quiebra, atención especializada, y formar una red de mentores especializados (financiares, marketing, e-comerce, digitalización). Se aboga por una unidad de acompañamiento en el fallecimiento.

En España se pierden 50.000 negocios al año por falta de sucesión y la propuesta es que parados puedan retomar un negocio. Se demandan para ello ayudas de 3.000 euros, deducciones fiscales en la transmisión o sucesión sin consanguinidad y renovación automática de licencia de actividad al margen de su impuesto de actividades económicas siempre que se desarrolle la misma actividad.

La prestación sería idéntica a la que disfrutan los asalariados y se cobraría agotado el cese de actividad. Apuestan por ampliar el permiso de maternidad en 15 días para madres autónomas en concepto de lactancia y extender también el del contrato de relevo bonificado al último trimestre del embarazo. Eliminar la exigencia de contratar a menores de 30 años para recibir una bonificación del contrato de relevo es otra petición. El programa de los autónomos plantea también una política de ayudas directas con bonos. Unas ligadas a la mejora de la eficiencia energética, para la contratación, bonos digitales para premiar la compra de tecnología, herramientas o reformas, asociados a compra de maquinaria, equipamiento o una ayuda en forma de bono asociado a contratos de sustitución de embarazos o para cuidado de dependientes.

Reducir las retenciones del 15% al 10% y los pagos a cuenta del 20% a 15% de forma coyuntural y siempre que la inflación supere el 3%. Además de estas rebajas se proponen ventajas fiscales ligadas a la sostenibilidad y digitalización, más allá del 'kit digital', sobre el que también se pide su 'colectivación'. Otras propuestas son establecer un régimen de franquicia del IVA, con una exención de hasta 85.000 euros de facturación, y transición progresiva en tres años del sistema de módulos al régimen de estimación directa especial con fuertes deducciones (45% de carburante).

Los autónomos reclaman igualmente la objetivación de gastos deducibles en el IRPF e IVA con un listado de gastos deducibles, porcentajes mínimos aplicables que se presumen deducibles y afectos a la actividad, así como la acreditación de su justificación y los medios de prueba. Sólo se deben justificar los gastos que superen los porcentajes mínimos que se presumirán afectos a la actividad.

Gestión más ágil para los autónomos y colaboradores terceros, con cita y atención telefónica propia, y una ley de simplificación administrativa. En esta norma se incluiría: silencio positivo de 30 días tras la solicitud, ampliable a 90 días mediante acto justificado de la Administración, un test de impacto de cargas administrativas y calidad en el lenguaje administrativo.

Centralización y uso de la información y datos del autónomo que ya tiene la Administración (carpeta autotónomo en una app personalizada). El trabajadador podrá realizar las gestiones desde un solo sitio y recibir todas las notificaciones y avisos en un solo buzón. Otras peticiones son automatización de la concesión de ayudas y subvenciones según el perfil del autónomo y apoyo en las licitaciones.

La Administración avisará del incumplimiento y dará 30 días para su subsanación. Explicará la causa de un posible error y como subsanarlo, teniendo en cuenta que la reiteración del incumplimiento elevará la gravedad de la falta con sanciones más altas.

Transparencia en contratos públicos y en las licitaciones y más ayuda para reclamar impagos o retrasos. Compensación de deudas con la Administración y exclusión de acceso a ayudas, subvenciones y licitaciones para las que, de forma reiterada, incumplan plazos de pago.

Revisar los contratos públicos con el SMI y una plataforma pública y gratuita para comunicar facturas electrónicas, de la que se exime a pymes y autónomos con menos de 50 trabajadores.