La indolencia con los ultras pasa factura a los clubes

La Comisión Nacional contra la Violencia en el Deporte había declarado ese partido de alto riesgo, en previsión de posibles altercados. Lo ocurrido, sin embargo, reabrió los interrogantes sobre la eficacia de los protocolos actuales contra la violencia en el fútbol. Tras el encuentro, tanto el Dépor como el Málaga emitieron comunicados de condena; LaLiga, por su parte, anunció su voluntad de personarse como acusación en los procedimientos judiciales abiertos. Pero lo único seguro es que los grupos ultras tienen butaca reservada en numerosos estadios españoles.

El caso del Frente Atlético parece el escogido para marcar un punto de inflexión tras décadas de una cierta pasividad, toda vez que la misma Comisión Antiviolencia ha propuesto esta semana (por fin, dicen muchos) el cierre completo del estadio colchonero durante dos semanas. El grupo ha perdido quizá el nombre y la oficialidad pero mantiene su espacio y su influencia, ahora en el Metropolitano. Hay, por ejemplo, algún jugador destacado que ha debido antes rendir pleitesía privada a los radicales (cuando no desembolsar dinero) para ser aceptado. Los ultras colchoneros tienen página web y venden símbolos de pertenencia por Internet. Fuentes del club muestran su rechazo absoluto a que haya socios con pasado violento, pero la grada de animación del estadio es cualquier cosa menos un convento de carmelitas, y toda España vio a los capitanes del equipo dialogando con cabecillas enmascarados para que se detuviese la lluvia de mecheros sobre Thibaut Courtois.

Ya no se ven esvásticas en las gradas, ante la abundancia de cámaras, pero los grupos ultras y el extremismo político siguen la ley de los vasos comunicantes, por lo que el pronóstico sobre su disolución es muy pesimista en tiempos de polarización ideológica y aislamiento intelectual (agudizado por el uso masivo de algoritmos que personalizan contenido al usuario en webs y redes sociales). «En los años 80 los políticos aseguraban que estas bandas seguían una moda pasajera», recuerda en conversación con este periódico Esteban Ibarra (presidente del Movimiento contra la Intolerancia), «pero enseguida afloraron las corrientes extremistas, que se dividen en tres grandes facciones: la primera es nazi o fascista (como el Frente Atlético); la segunda, independentista (como los ultras de la Real Sociedad); y la tercera son violentos de ultraizquierda (como los Biris [Sevilla] o los Bukaneros [Rayo Vallecano])».

Según Ibarra, «hay ultras en el 80% de los clubes de Primera y Segunda división, pero también los hay en categorías inferiores: grupúsculos y grupos difusos que viven una cultura de la violencia que se ha capilarizado». El también secretario general del Consejo de Víctimas deDelitos de Odio destaca un fenómeno menos conocido: cómo el confinamiento pandémico de 2020 afianzó estas bandas y multiplicó sus conexiones. «El Covid tampoco fue bueno para esto», remacha Ibarra: «Aprovecharon el tiempo libre para reorganizarse en las redes sociales, citándose a futuro. Y llegaron nuevos miembros de generaciones más jóvenes, que quieren ganar galones cuanto antes y sólo tienen una manera de conseguirlo: hacer el bestia. Últimamente organizan quedadas para pegarse, como hemos visto recientemente con el Frente Bokerón (Málaga) y los Riazor Blues. ¡Son grupos de combate! Se organizan, van uniformados y armados (puñales, barras, etc.)».

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Juan Carlos Campillo, psicólogo especializado en el mundo del deporte, sostiene que las medidas deberían ir enfocadas simultáneamente en dos dimensiones diferentes: «Por un lado, una actuación formativa y preventiva (es decir, concienciadora) y, por otro, una actuación sancionadora. La primera - explica- podría incluir encuentros entre estos colectivos y representantes de los clubes, entre los que también podría incluirse a algún jugador, para atraer a más aficionados e influir en ellos: hacerles ver cómo sus comportamientos perjudican al club, a su imagen, al 'fair play' del deporte y sobre todo a quienes son objeto de esos comportamientos. Transmitirles los valores que representan al club y explicarles que esos comportamientos no son aceptables y, en consecuencia, de producirse ya se pasaría a un apartado sancionador, porque no quedaría otra alternativa».

«En ese capítulo de sanciones -continúa el psicólogo asturiano-entran todas las que puedan contemplarse en el reglamento interno de valores y comportamientos cívicos y éticos del club, así como el respeto (más allá del deporte) a la sociedad en su conjunto. Es importante que esas medidas puedan disuadir realmente a otros que quizá piensen que no pasa nada por incurrir en esos comportamientos violentos, sobre todo si no hay consecuencias. Puede haber esperanza de erradicarlos si se toman muy en serio las medidas al respecto; si no, podrían propagarse aún más por el efecto 'bandwagon', el arrastre de una corriente o tendencia que se pone de moda, con comportamientos de imitación».

El movimiento ultra no está rebrotando sólo en España, sino en el resto de Europa. Las Fuerzas de Seguridad calculan que en nuestro país hay más de 10.000 seguidores violentos. En privado, fuentes del negocio futbolístico, de la política o de la propia Policía admiten cierta pasividad ante un fenómeno muy arraigado pese a éxitos aislados como la desactivación de los Ultra Sur (Real Madrid). «¿Cuánta responsabilidad tienen los clubes?», se preguntan fuentes policiales. «Para empezar, permiten la entrada de estos sujetos a sus campos, así que no es una responsabilidad pequeña».

La Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, recoge en su artículo 3 (medidas para evitar actos violentos) que es obligación del club prevenir estas situaciones mediante el control y seguimiento de los grupos violentos. La norma detalla los comportamientos considerados inadmisibles y su sanción correspondiente: por ejemplo, la «expulsión inmediata» de sujetos implicados en esos actos violentos o que inciten al odio. También impone a los clubes llevar «un libro de registro actualizado sobre la actividad de las peñas y los diferentes grupos que apoyan a sus equipos: algo que las entidades deportivas incumplen sistemáticamente.

LaLiga, como patronal de estos clubes indolentes, ha cambiado de postura con los años y acude a los tribunales de justicia ordinarios cada vez que se producen hechos graves relacionados con la violencia o el racismo en el deporte. (LaLiga no tiene competencia sancionadora en esta materia, pese a haberla reclamado, y ha criticado más de una vez la inacción de la Fiscalía especializada en delitos de odio). Sin embargo, no ha logrado fraguar aún, quizá por la resistencia de los propios clubes, una estrategia coordinada para ponerle el cascabel al gato, y actualmente trabaja en la recopilación de información detallada y nuevas propuestas.

Esteban Ibarra, que también es miembro del Observatorio de la Violencia en el Deporte, confirma que nunca se ha corregido el fondo de la cuestión y se muestra un tanto escéptico ante la noticia de esta semana (considerada por el Gobierno «necesaria, justa y proporcional»): «A la luz de las sanciones se puede interpretar que se lo van a tomar más en serio, aunque yo soy partidario del cierre parcial de grada y no que paguen justos por pecadores. No obstante, la vía definitiva es apuntar a las conductas ilícitas penales de los ultras, porque ellos son sus responsables, y mientras no se actúe en el juzgado la impunidad les dará aliento».

Ibarra pone como ejemplo de indolencia que el citado observatorio no ha vuelto a ser convocado desde que pidieron un informe con el censo nacional de los grupos ultras: «Se lo he pedido sin éxito -asegura- a cuatro secretarios de Estado para el Deporte [...] Los clubes están obligados a tener registros y no pueden alegar desconocimiento alguno, ni tampoco reservas de grada. También tienen la responsabilidad de lo que suceda en los aledaños del estadio, ¡y hasta en los autocares! Deberíamos exigir a todas las instituciones (políticas, deportivas y mediáticas) la erradicación los grupos violentos en el fútbol. Son asociaciones ilícitas tipificadas en el Código Penal y deben ser desarticuladas. ¿O es que el Estado de derecho no puede acabar con estos matones?».