El informe del Museo de América que desmonta las falacias de Sumar sobre el Tesoro Quimbaya

El texto, al que ha tenido acceso ABC a través del Portal de Transparencia, se titula 'Informe sobre las preguntas parlamentarias en torno a la solicitud de restitución del Tesoro Quimbaya', consta de nueve páginas y lo firma Andrés Gutiérrez Usillos, director del Museo de América, con fecha 18 de octubre de 2023. «El regalo fue totalmente legítimo y legal, se realizó siguiendo indicaciones del presidente del Gobierno y de sus ministros -concluye el informe-. España actuó de buena fe y recibió de buena fe el conjunto. Es evidente que el conjunto no pudo ser adquirido como parte de los bienes patrimoniales colombianos pues su destino era el regalo institucional de carácter 'diplomático'. [...] ¿Cuál es la base legal de la reclamación? ¿Se trata de restitución moral? Entonces los argumentos deberían ser otros, pero no son los que ha iniciado el Gobierno de Colombia». Y el partido cuya portavocía ostenta Urtasun.

Tras unos párrafos de antecedentes en los que Gutiérrez Usillos explica que Colombia adquirió el tesoro en 1891 para «regalarlo al Gobierno de España, personificado por la Reina María Cristina de Habsburgo, con destino a un museo español, y exhibirlo» en las exposiciones de Madrid y Chicago de 1892 y 1893, el informe pasa a rebatir una por una las falacias de Sumar. La primera inexactitud es la afirmación de los diputados Enrique Santiago y Gerardo Pisarello, que firman la pregunta, de que el conjunto está formado por 122 piezas de oro, cobre y cerámica: «La cerámica formó un conjunto diferente. [...] La cerámica no se encuentra en el Museo de América». Acto seguido, el texto desmiente que el Tesoro Quimbaya «siempre ha sido objeto de conflicto». Es un «error» porque ese interés «no se inició hasta pasados los años 30 del siglo XX» y «solo después de 1974 (habiendo pasado más de 85 años de la donación) la Embajada del Gobierno de Colombia propuso un canje».

También «es un error advertir que [el regalo] no se comunicó al Congreso», otro de los argumentos utilizados por Sumar. Colombia hizo esa adquisición con carácter reservado, que pagó con fondos de una partida reservada, y la Constitución de 1886 no permitía revelar estos datos al Congreso. «Una vez finalizado el proceso de compra y realizada la comunicación al Gobierno español, el propio presidente Holguín lo comunicó formalmente al Congreso en 1892, cumpliendo así con ese posible requisito». En dicha intervención, dejó claro que «se trataba de una compensación diplomática, que su finalidad inicial era que formara parte del patrimonio histórico español al incorporarlo a un museo de la nación española». A tenor de las palabras de Holguín, «no se regaló por ignorancia de su valor, sino en pleno conocimiento de la significancia que este conjunto tenía».

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Más: la pregunta parlamentaria de Sumar, en línea con las reivindicaciones de Colombia, dice que el conjunto se compró para formar parte de los bienes culturales del Estado latinoamericano. En cambio, una carta reservada del ministro plenipotenciario de España en Colombia, Bernardo J. Cólogan, de agosto de 1891, ratifica que el Gobierno y la oposición «impulsaron la compra del conjunto para regalarlo al Gobierno de España a través de la Reina». Unos meses después, en diciembre, Holguín se lo notificó al presidente del Consejo de Ministros, Cánovas del Castillo. El presidente colombiano lo hizo público en julio de 1892, el día de la independencia. Sobre «el legítimo interés del Gobierno de Colombia en la recuperación del patrimonio expoliado» que aduce Sumar, el Museo de América señala que «expolio implica la excavación ilegal y la salida ilícita del país». Por tanto, «el conjunto Quimbaya no puede ser calificado como 'patrimonio expoliado'».

«La restitución del expolio es una política habitual del Ministerio de Cultura cuando el objeto procede del tráfico ilícito, procediendo a su devolución a través del protocolo de comisión rogatoria del país», añade el informe, como ha ocurrido con la operación Chavín o el caso Escrucería. Gutiérrez Usillos desmiente igualmente que la restitución del tesoro permita «reconectarse a las comunidades con su patrimonio», pues la comunidad que «fabricó y utilizó el conjunto orfebre dejó de existir antes del siglo VII», e insiste en que no es un regalo privado, sino diplomático: «Durante el siglo XIX fueron muy frecuentes». Por último, sobre la sentencia de la Corte Constitucional que insta a Colombia a reclamar el Tesoro Quimbaya, el Museo de América recuerda que la reclamación se ciñe a la Constitución de 1991: «Las leyes no tienen aplicación a hechos acontecidos en el pasado (cuando eran legales), más aún si existen más de 100 años de diferencia entre un hecho y la nueva legislación».

Con este informe, la Subdirección General de Museos Estatales preparó un borrador de respuesta que sirvió de base para las 77 palabras que se registraron finalmente. Cultura se limitó a informar de que el Tesoro Quimbaya fue un obsequio a la Reina Regente, y que España y Colombia estaban trabajando «en propuestas concretas de cooperación técnica». Según el ministerio, esta respuesta la redactó el equipo del exministro Iceta, no el de Urtasun. El PP, alarmado, pidió al ministerio en otra pregunta parlamentaria que aclarara su postura. Esta vez, el 17 de enero, Cultura sí concedió que «no hay dudas sobre la titularidad ni sobre la legalidad de la obtención» del tesoro, pero también advirtió de que «seguirá muy de cerca» el debate internacional «abierto acerca de las piezas y obras de arte del periodo colonial que se encuentran fuera de sus países de origen». Cuatro días después, en una comparecencia en el Congreso, Urtasun provocó una polémica enorme al anunciar que descolonizará los museos estatales.