El Gobierno advierte de que los tribunales tendrán que examinar «caso por caso»

«Casos como este no volverán a pasar». Con la resignación de que los tribunales españoles no tendrán más remedio que cumplir la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, los ministros de Justicia y de Interior, Alberto Ruiz-Gallardón y Jorge Fernández Díaz, han comparecido en rueda de prensa para lanzar tres mensajes claros a la sociedad: el primero, el Gobierno ha hecho todo lo posible para intentar mantener viva la interpretación del Supremo que permite que los etarras cumplan de forma íntegra su condena; el segundo, que la sentencia se refiere únicamente al caso de la etarra del comando Madrid Inés del Río (autora de 24 asesinatos), por lo que situaciones penitenciarias similares habrán de ser estudiadas «individualmente», y tercero, que el Ejecutivo no dará marcha atrás en su política antiterrorista y penitenciaria ni permitirá ningún acto que implique enaltecimiento del terrorismo o humillación a sus víctimas. En este punto, el titular de Interior ha querido dedicar sus primeras palabras a los doce guardias civiles asesinados por esta etarra a quien Estrasburgo ampara y que es autora del atentado de la Plaza de la República Dominicana de Madrid en 1986.

Gallardón ha asegurado que el Ejecutivo «lamenta» la resolución de Estrasburgo, que afecta a «un caso concreto» . Será la Audiencia Nacional y otros tribunales españoles los que tengan que dirimir «caso por caso» sobre «hipotéticos pero previsibles» recursos de otros terroristas y delincuentes peligrosos a los que se está aplicando la «doctrina Parot». Precisamente la Audiencia Nacional ha convocado un pleno extraordinario mañana por la mañana para abordar la libertad inmediata de la etarra, tal y como ordena Estrasburgo.

Lectura de la sentencia contra la doctrina Parot

El ministro de Justicia ha querido dejar claro que los etarras que, en su caso, se verán beneficiados por esta resolución son los condenados con el Código Penal de 1973, que contemplaba redenciones ordinarias y extraordinarias por estudios, yoga o cursos de marroquinería. Esta circunstancia implicaba en la práctica que etarras condenados a más de 3.000 años de cárcel por una veintena o treintena de asesinatos pudieran salir a la calle habiendo estado entre rejas 18 ó 19 años. El Código Penal de 1995 acabó con esa situación al suprimir la redención de penas por el trabajo y contemplar, más adelante, el cumplimiento íntegro de las condenas.

Daños morales

Los ministros se han referido también al pago de la indemnización de 30.000 euros a la etarra por «daños morales» más 1.500 de costas procesales. El Gobierno no tiene ninguna duda de que el Estado compensará esa cantidad con las indemnizaciones que en su momento tuvo que afrontar el Estado al declararse la terrorista insolvente, como suelen hacer todos para no afrontar su responsabilidad civil.

Fernández Díaz ha recordado que este fin de semana se cumplieron dos años del cese de la actividad terrorista, «no por concesiones a la paz ni por razones éticas o morales de los terroristas, sino porque fue derrotada por el Estado de Derecho. La ETA que hemos sufrido ya no existe, ha sido derrotada y no volverá» . Esta sentencia no cambia este aspecto fundamental de la cuestión, como tampoco cambiará un ápice la política penitenciaria del Gobierno ni el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta conseguir la total disolución de la banda».