El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Eduardo Bautista, sigue este sábado detenido en el marco de la Operación Saga y se espera que preste declaración judicial a lo largo del día, han indicado fuentes de la entidad.
Una decena de agentes de la Guardia Civil irrumpió este viernes a primera hora de la mañana en el Palacio de Longoria, en Madrid, la sede central de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) para registrarla.
Horas antes, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que dirige la «operación Saga», les había autorizado el embargo de cuentas de la SGAE, así como registros de sedes jurídicas y domicilios privados, diligencias que ayer culminaron con la detención de nueve personas.
Buscaban documentación para probar los delitos societarios y de apropiación indebida de los que se acusa a varios directivos de este organismo, como adelantó ABC. Durante todo el día se mantuvo la incógnita sobre si el presidente, Teddy Bautista, estaba arrestado o solo imputado, mientras entraban y salían agentes del edificio y el personal que trabaja allí se hacía cruces con el espectáculo.
Los empleados tuvieron que dejar sus carnés de identidad en la mesa de trabajo, se les prohibió llamar por teléfono y se les sacó al patio del Palacio mientras los funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) revisaban ordenadores, estanterías y cualquier recoveco. A media tarde, la Guardia Civil confirmó que Bautista, presente en el registro durante buena parte del día, estaba detenido, junto a otras ocho personas.
Un «negocio» familiar
Tres de ellas son también directivos de la Sociedad General de Autores. Se trata de José Luis Rodríguez Neri, director general de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), filial de la primera; Enrique Loras, director general de la SGAE, y Ricardo Azcoaga, director económico y financiero.
Los otros cinco arrestados son la mujer y la cuñada de Rodríguez Neri, María Antonia García y Elena Vázquez, respectivamente, así como Elena García Pombo y Celedonio Martín, relacionados ambos con «Microgénesis», una de las principales empresas implicadas en la trama de desvío de fondos. El presidente de la SDAE, Rodríguez Neri, dirigió en su día esta consultoría especializada en nuevas tecnologías que ha prestado servicios a la SGAE. Según fuentes de la investigación, su domicilio particular era la sede social de «Microgénesis».
Cerca de las diez de la noche, la Guardia Civil seguía en el Palacio de Longoria, donde se inspeccionaron hasta 300 ordenadores, así como el servidor central, y de donde sacaron decenas de cajas cargadas de documentos. Teddy Bautista, Enrique Loras y Ricardo Azcoaga también permanecían en esa sede, mientras que el resto de detenidos habían sido trasladados a dependencias policiales.
Está previsto, en principio, que los nueve arrestados no sean puestos a disposición de la Audiencia Nacional hasta este , domingo. Hasta entonces, quedarán custodiados por la Guardia Civil en los calabozos. No han trascendido los cargos que se imputan a cada uno de los detenidos, pero sí los delitos presuntamente cometidos: societarios y de apropiación indebida. Las penas podrían alcanzar los 6 años de prisión.
Los agentes sostienen que en torno a la SGAE se creó una estructura de sociedades que se habrían estado lucrando de una beneficiosísima relación económica con las distintas entidades que forman la Sociedad General de Autores (Fundación Autor y SDAE, entre otras que se mencionan en una denuncia presentada en 2007 ante Anticorrupción).
De ese entramado, se beneficiaron empresas a través de la adjudicación de contratos, y se beneficiaron también a título particular algunos de los componentes del equipo directivo. Incluso se investigan pagos por servicios que no se llegaron a prestar. Fuentes de la Audiencia Nacional precisaron ayer que los detenidos habrían actuado prevaliéndose de sus cargos en la SGAE, por lo que esta entidad y sus socios podrían considerarse perjudicados.
La Unidad Central Operativa —que ante la magnitud de la operación desplegó medio centenar de agentes— llevó a cabo 16 registros, entre sedes de empresas y domicilios particulares en Madrid, La Granja de San Ildefonso (Segovia) y Cádiz. En alguna de las viviendas, también se halló gran cantidad de documentación, según fuentes del caso.
Desde el año 2008 la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado coordina la «operación Saga» después de que se presentara una denuncia ante este órgano por parte de sociedades que se sentían víctimas de la SGAE y que partían de que en el seno de esta entidad se estaba llevando a cabo una posible actividad económica de carácter delictivo. La investigación se encargó a la UCO de la Guardia Civil que desde entonces se ha dedicado a recopilar información e indicios para sustentar las acusaciones.
En manos de la Audiencia
En marzo de 2010, el juez Baltasar Garzón, entonces titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, se hizo cargo del asunto que ahora ha heredado Pablo Ruz, quien ayer autorizó los registros solicitados por la UCO, así como el bloqueo de cuentas corrientes y el embargo de diversos bienes.
Tras la denuncia publicada por ABC, el miércoles la SGAE negó rotundamente la existencia de la investigación. En un comunicado, sostenía que «ninguno de los juzgados de la Audiencia Nacional ha seguido actuación alguna ni frente a la SGAE ni frente a sus filiales» y hasta ponía en duda, al referirse a una «supuesta denuncia de la Fiscalía Anticorrupción», la actuación del Ministerio Público. Acusaba a este diario de querer perjudicar a la Sociedad General de Autores
