El último fiasco de la 'ley del sí es sí': los centros de crisis 24 horas no llegarán a tiempo

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Érika Montañés

Después de las dos prórrogas concedidas desde marzo de 2023 precisamente por la imposibilidad de tenerlos listos según recoge la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual –que traslada en sus artículos 33 y 35 el mandato del Consejo de Europa tras la ratificación por parte de España del Convenio de Estambul–, los 52 centros que deben estar abiertos en cada provincia y ciudad autónoma para que la mujer agredida sea asesorada no estarán en plazo, que expira a final de año.

Y el tiempo es ahora lo importante, porque si España incumple esta última moratoria tendrá que devolver los 83 millones de euros financiados por el Ministerio de Igualdad a través de los fondos europeos Next Generation, del Plan de Recuperación y que se han distribuido entre las regiones. «No solo se tendrá que devolver la parte que no se ha utilizado, sino la totalidad de lo invertido», tal y como denunció Virginia Álvarez, especialista en violencia sexual de Amnistía Internacional.

Los centros de crisis vienen definidos por la fallida ley como «interdisciplinares de atención permanente, que ofrecen asistencia tanto a las víctimas como a sus familiares y personas del entorno; y deben brindar atención psicológica, jurídica y social e incluyen el acompañamiento y la información telefónica y presencial los 24 horas del día todos los días del año».

Con Irene Montero a los mandos del Ministerio de Igualdad, el Gobierno de coalición aprobó incluso antes de la ley la inyección para esos centros de 19,8 millones de euros (2021), 46,2 millones en 2022, que se elevaron en 17 millones más en febrero de 2023 hasta los 83 millones. La fecha límite para su ejecución es el próximo 31 de diciembre.

Por esa premura, el cambio de discurso de la ministra ahora encargada, Ana Redondo, ha sido palmario en los últimos dos meses. El pasado 10 de julio, la titular de Igualdad presidió una más de las reuniones periódicas que ha venido manteniendo por toda España desde que recaló en el ministerio para contemplar el estado de las obras de estos servicios públicos. Reunida ese día con el presidente canario Fernando Clavijo, el mensaje fue mesurado: «Hay una programación ambiciosa para crear en todas las provincias y cabildos insulares centros de crisis, que tienen que estar puestos a disposición el 31 de diciembre». Redondo confió en que durante este otoño estuviesen listos los centros en once autonomías más, aparte de los diez activos, pero ni con ésas iban a llegar a cumplir lo fijado por la norma, que establece que no haya «víctimas de primera y de segunda» según sus lugares de residencia y todas las provincias cuenten con un servicio de calidad. Al menos uno, porque en el caso de Canarias proyectó tener uno por isla, hasta cinco. Otro ejemplo 'extra' será Galicia, que planifica abrir cinco –dos en la provincia coruñesa, uno en Ferrol y otro en Santiago, además de los de Lugo, Orense y Vigo– en el último tramo del año.

Los plazos apuran tanto que al ministerio le han entrado las prisas y esta semana ha enviado una carta a las comunidades para recordarles que el 1 de enero de 2025 los 52 centros deben estar a pleno rendimiento. Algo que, según todas las fuentes autonómicas sondeadas, no ocurrirá. «Aunque se diga que están listos, si tienen tres personas o no disponen del plantel específico (abogados, psicólogos...) no significa que lo estén», objeta Virginia Gil, directora de la Fundación Aspacia. El personal debe estar además especializado en violencias sexuales y con capacidad para dar atención las 24 horas que marca la ley, lo que dificulta mucho la operatividad del servicio.

De vuelta de las vacaciones, la ministra ha rebajado el optimismo de julio y ha cargado contra las regiones por la demora. «No han hecho los deberes», ha aseverado esta semana. Desde el departamento saben que en el caso de los fondos transferidos, algunas comunidades –como Cataluña– han optado por reforzar recursos ya existentes, pero según las asociaciones que trabajan con la violencia sexual, esta no es la finalidad del mandato europeo, sino que el abordaje de la violencia sexual no se mezcle con otros, porque entonces se diluye o queda fagocitada por otras violencias, como la de género, que monopoliza buena parte de los recursos.

Las autonomías se quejan de falta de información y escasa colaboración por el Gobierno central, sobre todo al inicio del proyecto

Del lado autonómico, no obstante, comunidades como Aragón han manifestado a ABC su rotundidad en que ninguna víctima deja de atenderse, que «están trabajando duro» para, en su caso, llegar a tiempo este otoño con los centros de Huesca, Zaragoza (el más retrasado) y Teruel y que no hay que soslayar el vuelco de gobierno que se produjo en muchos lugares el año pasado, de forma que las nuevas administraciones heredaron varios procesos deficitarios.

Desde otras comunidades populares los reproches giran en torno a la falta de información ofrecida por el Gobierno central para la puesta en marcha de los recursos, así como la «nula o poca colaboración» que encontraron por parte del Ministerio de Montero en el diseño previo del proyecto y la puesta a punto de los 52 servicios.

Al margen de la refriega política, el modelo en el que pueden fijarse las comunidades opera desde hace años en dos que han sido ejemplares en la atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales. Son Madrid (con un centro regional y el municipal Pilar Estébanez, a un lado de la M-30) y Asturias. El del Principado fue el primero en abrir el servicio en plena montaña rusa pandémica, en noviembre de 2020. Su coordinadora, la abogada Victoria Carbajal, mantiene su discurso estos cuatro años: «Cada mujer tiene sus límites y sus tiempos en el trauma. Algunas llaman inmediatamente, pero no es lo habitual. Aquí no es necesaria la denuncia. Las acompañamos en lo que necesiten, se las asesora y se les asigna abogado y procurador gratuito si lo consideran pertinente». En Asturias los fondos recibidos servirán para «cambiarse» a un centro más grande, dice la letrada, que cifra su atención en una media de 22 mujeres (y niñas a partir de 12 años) al mes.

Carbajal y Gil coinciden, asimismo, en otro diagnóstico después de muchos años de trabajo con mujeres agredidas: no hay un perfil. «Todas podemos ser víctimas y precisar este apoyo integral», aseguran e insisten en que tal vez el estigma de las violencias sexuales sea mayor en las personas de avanzada edad. «Hay que alejarse de la imagen de la mujer agredida en un descampado, por parte de un desconocido y con penetración. La agresión suele producirse en el domicilio, a cargo de alguien del entorno y no tiene por qué haber fuerza», dice la coordinadora en Oviedo. Y los mensajes se repiten calcados en la capital. «El mito de la 'violación auténtica' impedía a muchas mujeres denunciar. Los centros son importantes para dar visibilidad al problema, pero aún queda para su implantación y para que sean totalmente efectivos», afirma Gil.

Puertas adentro de estos centros rechazan todo debate sobre si son más o menos oportunos. Las mujeres acuden por situaciones incluso de décadas atrás y en muchos casos han necesitado vencer la culpa, vergüenza y el asco que las acechan antes de descolgar el teléfono. Es el tiempo que necesitan para superar el «no te van a creer» porque «te lo buscaste por beber tanto», acuñan las expertas. «Cuando no se sienten juzgadas y son creídas, piden ayuda. Algo estaremos haciendo bien cuando el volumen de denuncias por delitos sexuales crece y, de quienes vienen, el 75% acaba denunciando», defiende Carbajal.