Trescientas mil firmas para que el «lavado de cerebro» sea delito

Una circunstancia a la que quiere poner fin la iniciativa de RedUNE, la entidad dedicada desde hace décadas a «ayudar a las personas manipuladas por las sectas», y que ahora coordina la recogida de más de 300.000 firmas que este jueves presentarán en Congreso de los Diputados para pedir «la tipificación penal de la persuasión coercitiva». Los promotores, que ya han iniciado contactos con los grupos parlamentarios, se muestran optimistas y confían en que en unos meses la legislación española sobre la «manipulación psicológica» sea equiparable a la de algunos países de nuestro entorno, como Francia, Bélgica o Reino Unido.

«Esta propuesta no surge de la noche a la mañana, lleva detrás mucho tiempo de trabajo», explica a ABC el director de RedUNE, Juantxo Domínguez. «Desde hace décadas prestigiosos estudios en psicología vienen demostrando una especial forma de anular o restringir la voluntad de las personas que está generando miles de víctimas en España y en el mundo», explica. «Es muy complicado para los afectados denunciar y, cuando lo hacen, en la mayoría de los casos se archivan o no llegan a juicio al no estar claramente tipificado en nuestro Código Penal. El entorno de las víctimas no encuentra amparo legal, se acaban destruyendo familias y en muchos casos deriva en graves problemas psicológicos e ideas suicidas. Hemos de poner freno a todo esto», sentencia Domínguez.

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De hecho, la primera iniciativa para promover este cambio legislativo surgió de la familia de Patricia Aguilar, la joven de Elche captada a través de redes sociales por un gurú peruano que abandonó su casa justo al cumplir los 18 años. «Fuimos a la Policía y nos decían que no podían hacer nada, que era mayor de edad y se había ido por propia voluntad. Nos sentíamos impotentes y desamparados», explica a ABC su padre, Alberto Aguilar.

«Nos encontramos sin herramientas para poder liberarla de su captor, sin recursos legales para apartarla, llevarla ante un psicólogo y que pudiera comprobarse si de verdad estaba bajo la influencia de esa persona», explica. Así, cuando al final consiguieron liberar a Patricia y que su captor fuera juzgado no fue por un delito de manipulación psicológica sino por trata de personas. «Hay que buscar que estos gurús cometan un error legal para poder acogerse a ello y meterlos en la cárcel», nos explica. Es precisamente esa indefinición legal a la que quieren que ponga fin el Congreso.

Es la intención del abogado Carlos Bardavío, especialista en sectas y que ha protagonizado algunos de los juicios más mediáticos sobre esta cuestión en nuestro país, como en el que defendió a la Asociación española de Víctimas de los Testigos de Jehová de la denuncia de la confesión religiosa por vulneración del derecho al honor, o el todavía abierto por los afectados de la cibersecta IM Mastery Academy. Bardavío, que centró su tesis doctoral en el estudio de los «delitos sectarios» y su implicación en el derecho penal, ha sido el encargado de proponer la redacción de un nuevo artículo para el Código Penal, el 172 'quinquies', en el que pide que sea castigado con pena de prisión de cinco a ocho años quien «mediante violencia, intimidación, engaño coercitivo o técnicas do procedimientos de persuasión coercitiva físicas y/o psíquicas, impidiere la libre formación de la voluntad, la libertad de decisión y/o de ejecución de actuar en general que lleve a un estado de dependencia coercitivo». El texto también contempla como agravantes que esta coerción se ejerza contra personas vulnerables, con discapacidad o menores de edad.

«No se trata de un delito contra las sectas, de hecho ni se las cita, sino contra un comportamiento criminal», explica el abogado a ABC. «Lo que pedimos que se castigue es el resultado de este dominio», añade. Para evitar el calvario que tuvo que sufrir la familia de Patricia, plantea que «debe ser un delito público y no haría falta denuncia de la persona agraviada. Es un delito contra la libre voluntad y, si hay indicios, el ministerio fiscal puede actuar de oficio y la policía investigarlo», explica. «Se trata de que no tengamos que esperar a que la coerción llegue a causar un daño psicológico, sino que baste comprobar que hay un dominio de la voluntad de la otra persona», concluye.

«Este es un problema de dominación y de especial violencia psicológica sutil, indirecta, progresiva e imperceptible por la víctima que tiene ciertas similitudes con la violencia de género», explica RedUNE en el escrito que va a presentar a los diputados. «Es urgente legislar con garantías en la protección ante abusos psicológicos en cualquier tipo de relación social y antes de que surja una lesión psicológica grave catalogable como delito», insisten, a la par de que advierten de la necesidad de «actualizar la identificación de los procedimientos manipuladores que ejercen grupos y personas en la era digital».

Porque en los últimos años se ha detectado que los gurús digitales están utilizando, para conseguir clientes, las mismas técnicas que hasta ahora utilizaban las sectas para reclutar a sus adeptos. Es el caso de la 'cryptosecta' IM Academy, que desde julio investiga en el Tribunal Supremo el juez Juan Carlos Peinado. Se trata de un chiringuito financiero que llevó a la UDEF de la Policía Nacional a la detención de ocho personas, a las que se les imputa delitos de estafa, publicidad engañosa, contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda pública, contra la Seguridad Social, coacciones psicológicas, amenazas y organización criminal. Es precisamente la denuncia presentada por Carlos Bardavío, en representación de once afectados, la que ha llevado el caso al Supremo.

Una realidad que corrobora el teólogo y experto en sectas Luis Santamaría quien aprecia como «el uso de esa persuasión coercitiva en la captación, manipulación y adoctrinamiento excede el ámbito religioso espiritual y comienza a darse en otras realidades que tienen una especial difusión en redes sociales e internet y que afectan especialmente a adolescentes y jóvenes no están tan interesados en lo espiritual pero que buscan un éxito en la vida y una prosperidad material». En conversación con este diario, explica que gracias a estas técnicas a los jóvenes se les presenta «una realidad en apariencia muy atractiva, pero que tiene como trasfondo la esclavitud».

El uso de la «persuasión coercitiva» también se da en «promotores de pseudoterapias, en cursos con apariencia crecimiento personal, de coaching, donde los que se presentan como mentores también esconden detrás técnicas de manipulación», concreta Santamaría. En este caso también hay grupos pequeños y sin tanto potencial en redes como la asociación EVOL, que operaba en Escatrón, un pueblo de Zaragoza, desmantelada por la Guardia Civil en junio.

El reclamo para la captación eran unos talleres y retiros relacionados con el autoconocimiento y el crecimiento personal que permitía al líder conocer a los participantes y, sobre todo, sus debilidades. A partir de ahí se las ingeniaba para que rompieran relaciones con su entorno y generaba una total dependencia. Posteriormente, el líder les invitaba a sumarse al grupo y, con la ayuda de tres mujeres, comenzaban un proceso de manipulación para sacarles dinero, de hasta 20.000 euros.

«Hemos llegado a detectar grupos que hacen la captación a través del cuidado de perros y cursos sobre su comportamiento. Cuando el perro no obedece comienzan a preguntarte cómo eres y a indagar sobre tu personalidad para acabar ofreciendo terapias conjuntas con el perro, para propiciar una buena comunicación entre ambos. Los cursos son cada vez más caros e incluso algunos acaban viviendo allí», ejemplifica Domínguez uno de los casos más curiosos que se han encontrado..