Tras la emergencia por sequía en Cataluña: 15 años sin inversiones despistados por el 'procés'

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Àlex Gubern

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Tras la crisis de 2008, en una responsabilidad compartida por todas las administraciones, se paralizaron inversiones, se desprogamó la construcción de desalinizadoras –un recurso caro pero el más eficaz desde que España estrenó su primera planta en 1964 en Lanzarote– y se aplazaron decisiones que ahora habrían evitado, o atenuado, la catástrofe. La ampliación de la desalanizadora de Tordera (2002) acumula retrasos, mientras se sigue dependiendo en gran medida de la del Llobregat (2009), la más grande de Europa destinada al abastecimiento urbano (60 hm3 de agua al año).

Unos miraron a otro lado y los otros estaban enfrascados en objetivos más elevados. Los cinco años de media que se tardan en construir una instalación de este tipo, según explicaba en una entrevista a ABC Domingo Zarzo, presidente de la Asociación España de Desalación y Reutilización, obligan a una planificación con luces largas que, obviamente, no se ha dado. Otras medidas de tipo capilar, como la mejora de una red por la que se pierde hasta un 25 por ciento del suministro por su mal estado, solo se acometen ahora.

La del despiste político es la tesis que sostienen partidos como el PSC, cuyo líder, Salvador Illa, tendía ayer la mano a Pere Aragonès –«es momento de responsabilidad»– a la vez que lleva semanas denunciando que los últimos presidentes de la Generalitat, coincidiendo con el 'procés', no han tenido en el agua, la educación ni las energías renovables una prioridad.

La diputada Anna Grau (Cs) apunta a ABC en la misma dirección: «Que no llueva no es culpa del Govern, no anticiparse a esa problemática y practicar la política del avestruz sí. Los ciudadanos deben saber que el desgobierno independentista acaba saliendo caro«. Por su parte, Dani Serrano (PP) señala directamente a la responsabilidad de la Generalitat: »Nos vemos abocados a esta situación por la dejación de los distintos gobiernos de Cataluña: durante 15 años donde no se invirtió un euro para prevenir futuras situaciones de sequía«.

Sea como fuere, la realidad es que ayer Cataluña entró en fase de emergencia, una medida que afecta al sistema Ter-Llobregat, es decir Barcelona, su área metropolitana y también Gerona y su entorno: la parte más poblada de Cataluña, 202 municipios incluidos, unos seis millones de habitantes. Cataluña llevaba ya varias semanas en fase de preemergencia, lo que ha permitido adoptar algunas medidas de ahorro no contempladas de inicio y, a la postre, junto a restricciones anteriores, postergar la fase de emergencia hasta quince meses. No obstante, sin haber llovido en las últimas semanas de manera suficiente, ni previsión de que lo vaya a hacer en breve, el salto de fase ha sido inevitable en el momento en el que el agua embalsada en las cuencas internas ha descendido por debajo de los 100 hectómetros cúbicos, hasta los 99,75.

La elocuente imagen del campanario emergido de la iglesia de Sant Romà, en el pantano de Sau (Barcelona), a un dramático 5% de su capacidad, es el símbolo de la etapa crítica en la que se entra. En contraste, y mientras los pantanos del Ebro de Mequinenza, Ribarroja y Flix desaguan ahora mismo 400 metros cúbicos por segundo, el Consorcio de Aguas de Tarragona pasaba del escenario de alerta al de prealerta en la Cataluña que bebe del Ebro y no pasa sed. La interconexión de cuencas sigue siendo un tabú, tal y como dejó claro el consejero de Acción Climatica, David Mascort, que insistió en que la garantía de abastecimiento pasa por más desaladoras, agua regenerada y consumo más eficiente, en ningún caso por el trasvase de agua del Ebro a Barcelona, tal y como sí proponen los colegios de Economía y de Ingenieros de Caminos, Agrónomos e Industriales en un sólido proyecto que la Generalitat descarta.

Aparcado el trasvase, lo que toca pues es aplicar restricciones. La principal, la limitación de manera genérica del consumo de litros por persona y día, que pasa a ser de 200 (180 en la siguiente fase, 160 en la más crítica). Esto no implicará restricciones de entrada en los grifos, en tanto que en la mayoría de municipios ya se está por debajo (163 en el caso de Barcelona capital), sino que se fija como umbral de consumo medio, ya que incluye los usos domésticos, las actividades económicas, centros sanitarios, usos municipales y las pérdidas en las redes de distribución. Por encima de esta cantidad, los municipios sí están obligados a adoptar medidas concretas, como puede ser la reducción de la presión en los domicilios, lo que ya se está ensayando, si bien no es una medida generalizable debido a la variedad urbanística y de edificaciones.

En el actual escenario de emergencia se prevé la supresión del riego agrícola en un 80% (se podrá autorizar sólo el riego de supervivencia de cultivos leñosos y arbolado, siempre con agua regenerada o del freático); la reducción del uso del agua para usos ganaderos del 50%; la reducción del 25% de los consumos de agua de los usuarios industriales; o la reducción del consumo de agua en los usos recreativos. Entre las medidas con mayor impacto, la prohibición del rellenado de piscinas, a excepción de las deportivas, o el cierre de duchas si se opta por regar los campos deportivos.

En caso de llegar a verano sin lluvias abundantes, las restricciones serían más severas y volverían los barcos con agua en las bodegas. No hay noticia de que la Generalitat piense volver a rogar a la Moreneta.