Subidas de hasta 200 euros al mes en las residencias de mayores: «¿Quién puede pagar eso?»

A María Hernández cada vez le supone más esfuerzo poder pagar la residencia de mayores, o la «casa grande», como ella la llama, en la que vive su madre, de 97 años. Entró hace siete, cuando tenía 90, pues a la demencia que ya arrastraba se unió una fractura de cadera que la dejó en silla de ruedas, de manera que necesita atención continua. La anciana cobra una pensión mensual de unos 1.000 euros y cuenta también con una prestación por dependencia de aproximadamente 400. Su plaza, sin embargo, le costaba hasta el año pasado 2.100 euros mensuales, 700 más de lo que ingresa. Desde principios de este año, además, esa cuota ha aumentado en 50 euros, fruto de la subida de precios generalizada que se da en España, que impacta también en las residencias de mayores.

Como ella, son miles los usuarios de residencias de mayores que están afrontando una subida de precios desde que comenzó el año. En algunos casos esta puede llegar hasta los 150 o 200 euros más cada mes. Las pensiones no llegan en la mayoría de los casos, por lo que son mayoría los que utilizan los ahorros de toda la vida para pagarla, aunque muchos necesitan también ayuda económica de sus familiares, principalmente los hijos.

María tuvo que vender hace ya unos años el piso en el que residió su madre hasta que su salud se lo permitió para costear la residencia, donde gran parte de ese dinero ya se ha invertido. Valoró la opción de, en cuanto consiguiera plaza, cambiarla a un centro público, pero tanto ella como su hermano creen que su progenitora está bien donde está. «Ha tenido un tratamiento bastante bueno de fisioterapia, está en una habitación individual y podemos estar con ella. Así que hacemos el esfuerzo de pagar los gastos entre mi hermano y yo», explica a ABC.

Sin embargo, cree que por otra parte hay muchos servicios que dejan mucho que desear, por lo que no comprende bien a qué se debe el incremento del precio: «La subida nos llegó de sorpresa porque no vemos que repercuta en la mejora de los servicios. En los últimos años ha ido a peor, con carencias increíbles de personal, cada dos por tres no tienen enfermeros, ves que a los mayores les dan medio yogur en lugar de uno entero. etc.». Tampoco entiende qué criterio ha utilizado la residencia en cuestión para aplicar el alza, pues mientras a su madre le suben un 2,24% para otros usuarios los porcentajes de incremento son distintos, afirma.

Por una situación similar ha pasado Andrea A. S. (nombre ficticio), de Barcelona, cuyo padre vivía desde el año pasado, cuando tuvo un ictus, en una residencia. En ese momento, y con las prisas por encontrar un lugar donde pudieran atenderle, solo dio con una plaza libre en un centro privado. Pagaba 2.300 euros al mes más los gastos derivados de la rehabilitación, por lo que el total ascendía a más de 2.500 euros mensuales. El pasado enero, además, Andrea y su familia recibieron una carta en la que les comunicaban la actualización de las cuotas, por la que tendrían que pagar 200 euros más cada mes. «Fui a hablar con la dirección de la residencia y les dije que para nosotros esa subida era insostenible. Y me dijeron que era una política de empresa, que habían subido todos los gastos y para compensar esos gastos había que subir la cuota», relata.

«¿Quién puede pagar eso?», reflexiona. Afortunadamente, solo tuvieron que pagar ese incremento un mes, en el que se llegaron a plantear hasta la venta de la vivienda familiar para afrontar el coste. «Nos salió una plaza pública, cosa que es rarísimo, porque normalmente tardas mucho más. Pero tuvimos la suerte de que nos llamaron», cuenta. Ahora, pagan 900 euros. A Andrea le consta que su padre no ha sido el único que ha dejado el centro privado a causa de la subida de precios.

«Estamos ya en el límite, pero yo para mi madre lógicamente quiero lo mejor», apunta Sagrario M., que desde hace unos meses paga 150 euros más por que su madre pueda vivir en una residencia. A principios de año, la empresa que gestiona el centro le mandó una comunicación en la que le ha anunciaba una subida del 6,8 por ciento. «Es la única solución. En mi casa, muy a mi pesar, no puede estar porque no reúno las condiciones para que esté bien atendida», lamenta.

A día de hoy, asegura, puede asumirlo con los ahorros que sus padres han acumulado durante toda su vida, pero saben que llegará un momento en el que estos se acaben. Además, como María, considera que la calidad del servicio no se corresponde con el precio: «Ojalá esta subida repercutiera en más personal y en más calidad. En algunas ocasiones me he encontrado a mi madre con el pañal sin cambiar, o a veces no les ayudan a comer, porque si todos necesitan que les ayuden y no hay personal, pues no dan abasto».

«Han subido los gastos de personal, los costes de alimentación y los energéticos... lógicamente todo esto tiene que repercutir de alguna manera», señala Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps). Coincide con ella Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), que afirma que los precios están controlados y regulados. «A principios de año tenemos la obligación de comunicar a las consejerías de Consumo de cada comunidad los precios que vamos a tener», dice. Además, ese incremento se limita al índice de precios de consumo (IPC) salvo que se cometan otras mejoras que justifiquen esa subida.

Subir los precios, dice, es la única manera de seguir ofertando el servicio, especialmente con la entrada en vigor del nuevo acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales. «Supone incrementos de ratios de personal con el que también sube el coste de personal», afirma. Además, en los próximos años las tarifas seguirán subiendo. «Tendremos que reajustar nuestros precios clarísimamente porque actualmente no es sostenible. Si se apuesta por un sistema de mayor calidad y más dotación de personal hay que entender que estos gastos se deberán tener en cuenta», avisa. Las medidas de este nuevo modelo, sin embargo, se irán implantando progresivamente, por lo que los centros tienen hasta finales de 2029 para culminar el nuevo modelo.

Seis de cada diez plazas de residencias de mayores, en concreto el 62,7 por ciento, son de financiación pública, es decir, son plazas en centros públicos, concertadas en centros privados o plazas que se pagan a través de la prestación destinada a este fin. Sin embargo, el tiempo de espera para acceder a ellas es de 344 días de media, explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. «Tenemos constancia de que en el caso de las plazas de residencias en algunas comunidades supera el doble, es decir, más de 3 años, especialmente para los grandes dependientes», lamenta.

Según los cálculos de la asociación, España necesitaría a día de hoy 35.000 plazas más para atender la demanda actual de los grandes dependientes. «Lo que vemos en el sufrimiento de la gente más vulnerable que solicita la plaza en la residencia y muere sin recibir esa plaza, con menor calidad de vida, menor dignidad y desde luego sin haber recibido un derecho», sostiene. Porque insiste en que las plazas públicas para estos mayores dependientes no son una ayuda, sino un derecho.

Al finalizar 2021, recogen los mismos datos, había en España 397.443 plazas residenciales para personas mayores, un 2 por ciento más que el año anterior. Sin embargo, los cálculos de la asociación constatan que hay un claro déficit, de manera que serían necesarias 76.350 más para cumplir con la ratio de referencia, de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.

«Y hay otro problema de desigualdad en cuanto a plazas residenciales», continúa Ramírez. Explica que algunas comunidades como Castilla y León o Castilla-La Mancha tienen una ratio muy alta de plazas, mientras que en el otro extremo hay otras como Canarias, «con el porcentaje más bajo de plazas residenciales para personas que precisan esa residencia». En algunos casos, además, «los porcentajes están invertidos», de manera que las plazas privadas superan con creces a las públicas o concertadas. Según los datos de la asociación, las comunidades con mayor déficit son Andalucía y la Comunidad Valenciana, en las que faltan 31.475 y 23.485 plazas respectivamente. En cinco regiones, sin embargo, hay exceso de plazas, como en Castilla y León, donde sobran 17.503.

También José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, cree que el coste unitario de la plaza residencial deberá subir en base a este nuevo modelo, por el que se promueven las habitaciones individuales respecto a las compartidas o se fomentan los grupos reducidos de convivencia con mayores ratios de personal. «Va a haber que incrementar el presupuesto de las plazas residenciales y sobre todo promover un incremento de la prestación vinculada al servicio», reclama. Esta ayuda actualmente es de 513 euros mensuales de media, el resto lo aporta el anciano.

«Si queremos prestigiar y dar un servicio de calidad tenemos que pensar que no podemos pagar unos sueldos no decorosos. El Gobierno, las comunidades y los ayuntamientos deben hacer una inversión en las residencias para poder garantizar las atenciones que se merecen y esto lleva a que hay que incrementar el coste por plaza a más de 2.300 euros porque si no es imposible dar una atención de calidad», remarca Ramírez.

Pese a los precios, las residencias privadas se siguen llenando. Además del tiempo de espera para conseguir una plaza pública, la ubicación de los centros suele ser otro de los motivos que llevan a los familiares de los mayores a apostar por los privados. María asegura que todas las residencias públicas están lejos de su casa. «No quiero separar mi corazón del de mi madre. Estoy cerca de esa residencia y no tengo coche, así que mientras pueda voy a seguir a su lado».

Precisamente en el entorno de las residencias ve un problema Ramírez. Cree que uno de los principales criterios a la hora de construirlas debería ser la proximidad de las personas que las necesitan. «Generalmente en España donde faltan residencias es en capitales de provincia y núcleos residenciales. No sirve de nada que te den una plaza a 100 km de casa si no puedes ver a tus familiares», critica.