Los médicos reclaman al Gobierno que acelere el derecho al olvido oncológico

«No tengo intención de morirme», sentencia esta superviviente durante una rueda de prensa sobre el derecho al olvido oncológico, es decir, el derecho de las personas que han sufrido cáncer a que la enfermedad no interfiera en aspectos de su vida y les provoque discriminación. «El cáncer es un acompañante indeseado que voy a tener el resto de mi vida. Y lo tengo al lado, pero no quiero que dirija mi vida», prosigue. María Fernanda se considera «afortunada» por muchas cosas, como por vivir en Madrid y poder haber recibido tratamiento en hospitales públicos o por haber podido utilizar una de las máquinas donadas por Amancio Ortega. Pero también por el apoyo que ha encontrado, no solo entre su familia y el personal médico, sino en su empresa. Es consciente, sin embargo, de que no en todos los casos es así.

El derecho al olvido oncológico es una de las grandes reclamaciones de los pacientes con cáncer, pero también de los médicos que los tratan y ven las trabas a las que se enfrentan en su vida diaria. El año pasado, el Parlamento Europeo instó a los países miembro a que lo regulasen en sus normativas, dándoles de plazo hasta 2025. España lo introdujo en el Real Decreto-Ley 5/2023. Concretamente, modificó la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, que ahora establece que «el tomador de un seguro sobre la vida no está obligado a declarar si él o el asegurado han padecido cáncer una vez hayan transcurrido cinco años desde la finalización del tratamiento radical sin recaída posterior». Cuando hayan pasado esos 5 años, prosigue, no se podrá considerar la existencia de antecedentes oncológicos para la contratación del seguro, «quedando prohibida toda discriminación o restricción a la contratación por este motivo».

En la misma norma se prohíbe denegar el acceso a la contratación, así como imponer peores condiciones, a las personas que hayan sufrido patologías oncológicas una vez hayan transcurrido 5 años desde la finalización del tratamiento radical y sin que haya habido alguna recaída. En el siguiente punto se establece que el Gobierno podrá modificar estos plazos en función del tipo de tumor y de la evolución de la evidencia científica.

Los oncólogos creen que este es un primer paso importante, pero no suficiente. «Creemos conveniente desarrollar bien la normativa para que no haya incertidumbres a la hora de aplicarlo», ha reclamado César A. Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Se ha referido especialmente a la confusión que pueden generar algunos conceptos, como el de «finalización del tratamiento radical». «Hay que desarrollarla bien para que no haya interpretaciones no correctas y para eliminar incertidumbres en el uso de algunos términos», ha abogado.

Una demanda que comparte Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc), que traslada la tarea al próximo gobierno: «Es afortunado que se haya hecho, pero ahora hay que articularlo y el gobierno que gobierne va a tener que desarrollarlo porque hay muchas áreas en las que hay que informar debidamente sobre cómo ejercer este derecho». Lo que se ha hecho hasta ahora, considera, es «apagar el fuego», pero hay un largo camino aún por desarrollar. «Con esta norma se eliminan las trabas financieras, las ligadas a los seguros, pero falta todo lo demás», solicita.

En las consultas, han explicado, siguen viendo casos en los que 6, 7 o incluso 10 años después de haber superado un cáncer, los pacientes se encuentran con problemas para solicitar una hipoteca, hacerse un seguro de vida o incluso adoptar un hijo. De ahí que crean tan necesario este borrado del historial, que en algunas ocasiones ha acompañado a la persona durante toda su vida adulta pese a haber padecido la enfermedad de niño.

Los oncólogos creen que el plazo de 5 años que marca la normativa es razonable, pues aunque podrían darse unos diferentes en función de los tipos de tumores «cinco años en remisión completa es un período razonable y lógico para garantizar la igualdad de todos los supervivientes de cáncer», ha defendido Andrés Cervantes, presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO). Hace falta, ha secundado Rodríguez, seguir trabajando para tener una mayor evidencia científica y poder acortar ese plazo según el tumor, «pero mientras eso no sea posible hay que ser proteccionista y el plazo de 5 años permite un grado de protección a un mayor número de pacientes».

Los avances en los tratamientos han permitido que la supervivencia de pacientes oncológicos haya aumentado en las últimas décadas. «Hay que facilitar que los largos supervivientes de cáncer sean realmente supervivientes y por tanto no sean sometidos a discriminación», ha remarcado Cervantes. En Europa, ha afirmado, hay 1,2 millones de supervivientes de la enfermedad, de los que 300.000 son niños. Y su estimación es que en España se incorporan anualmente 100.000 personas a este grupo. «Imaginen lo que supone pasar por un tratamiento, las limitaciones que tiene, los efectos a largo plazo... y que encima cuando estás curado, cuando el cáncer ya no es sentencia de muerte, te encuentres con barreras sociales, administrativas o legales que impiden desarrollar a un individuo su proyecto vital», ha reflexionado.