La ruina familiar de estudiar castellano en Cataluña

Esta última opción no está al alcance de la mayoría de los padres por el elevado coste que supone. El Partido Popular, con el ministro José Ignacio Wert al frente de la cartera de Educación, abrió en 2013 una vía para ayudar a los demandantes a escapar del rodillo del catalán.

A través de la disposición 38 de la ley educativa que impulsó su gobierno (la Lomce, también conocida como ley Wert) les ofrecía la posibilidad de escolarizar a sus hijos en castellano en Cataluña con fondos públicos sin tener que batallar en los tribunales. Sin embargo, lo que se planteó como una solución acabó siendo «un mero espejismo» y el Tribunal Constitucional (TC) abortó esa alternativa en 2018 tras un recurso del gobierno catalán.

Sellada esta puerta, las familias que no están dispuestas a desgastarse en contiendas judiciales sólo tienen una posibilidad si quieren eludir el rodillo lingüístico de la Generalitat: pagar precios prohibitivos -cuotas de hasta 20.000 euros al año- para que sus hijos aprendan en castellano en escuelas de élite. Este refugio lingüístico, sin embargo, está solo al alcance de muy pocos, por lo que la mayoría de los padres no pueden esquivar la inmersión. La situación no tiene visos de mejora con la subida al Govern de los socialistas, que, presionados por ERC, mantendrán viva la llama de la lucha lingüística.

Según un estudio realizado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), el único estudio de campo realizado hasta ahora, solo 34 colegios privados ofrecen el castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña. La mayoría de ellos, 29, se concentran en la provincia de Barcelona; diez en la Ciudad Condal. Cuatro de ellos están en la provincia de Gerona y uno en Salou (Tarragona). Entre los centros que ofrecen bilingüismo se encuentra curiosamente la escuela Aula, que formó al ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a sus hijos, liberándoles así del «yugo lingüístico» que su propio gobierno aplicó y que sigue imponiéndose en la escuela pública y concertada, en la que el catalán es la lengua hegemónica.

Otras escuelas privadas donde el catalán y el castellano, junto al inglés, conforman el proyecto educativo son: Pérez Iborra, Santa Clara, St. Peters School y Zurich, en Barcelona ciudad; Agora, en Sant Cugat (Barcelona); La Miranda, en Sant Just Desvern (Barcelona); Hamelin, en Alella (Barcelona), y SEK, en La Garriga (Barcelona).

A Agustín Fernández, que luchó durante años para que sus dos hijos se educaran en castellano en Mataró (Barcelona), localidad en la que residen, lograr la educación en castellano le ha costado 75.000 euros (65.000 euros en el coste de la escolarización y otros 10.000 la minuta de los abogados que le han representado en sus demandas judiciales), una cifra, según reconoce en declaraciones a este diario, «asumible por muy pocas familias».

«Que tus hijos estudien en castellano en Cataluña es una ruina para cualquier familia. Yo he tenido que pagar durante años 10.000 euros anuales por cada hijo para acceder a un derecho constitucional. Es indignante», señala el padre en declaraciones a este diario.

Fernández, que posa junto a su esposa, Mercè Rubio, para ABC, ha pasado por mucho antes de tirar la toalla y recurrir a la escuela privada. En 2015, asesorado por la entidad Convivencia Cívica Catalana (CCC), logró más castellano para sus hijos. «Durante años solicité una educación bilingüe en el Centro Escuelas Pías de Mataró (Barcelona), donde estudiaban mis dos hijos, sin ser atendido. El 11 de mayo de 2015 me comunicaron que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) me había concedido un 25 por ciento de español. Al día siguiente, mis hijos, que tenían 9 y 10 años, llegaron llorando del colegio porque habían sido señalados», relata el padre. Apenas 24 horas después, el centro apareció lleno de carteles y se convocó una manifestación contra la resolución judicial. Un millar de personas se concentraron frente a la escuela para expresar su rechazo al fallo. Allí, arrancó una «auténtica pesadilla» para él y para su familia, que le abocó a llevar a sus hijos a un colegio privado.

La «vía Wert» o «vía Lomce», habilitada en 2013 por el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert , ofrecía 6.000 euros de ayuda –luego la cantidad se rebajó– a los padres para sufragar la enseñanza bilingüe de sus hijos, dinero que después el Gobierno descontaba a la Generalitat. Antes, los padres debían adelantarlo.

Fue una luz de esperanza y Fernández se acogió a ella. El padre pidió amparo y el Ministerio aceptó costear las plazas de sus hijos. Le ahorró la mitad de la cuota para su hijo mayor durante dos años y para su hijo menor durante otro. Esa vía le permitió, en total, dejar de pagar 15.000 euros de los 75.000 que invirtió en la escolarización en castellano, aunque el espaldarazo del Ministerio duró poco. Desde 2018 es una vía muerta.

En la práctica, la propuesta embarrancó, antes de que el Constitucional la tumbara, ya que no habían centros públicos que ofrecieran escolarización en castellano, lo que obligó a los padres a matricular a sus hijos en centros privados con matrículas inaccesibles. Desde un principio, los padres –solo medio centenar han accedido a las ayudas– entendieron que era una vía muerta.

«Fue como un espejismo. Lo poco que dieron fue bien recibido por las familias, pero fue un parche», dice Agustín Fernández. Tuvo pocos colegios para elegir. En su zona, en la comarca del Maresme (Barcelona) solo había uno y de cuotas elevadísimas.

«Escolarizar en castellano a tus hijos en Cataluña es una ruina económica para cualquier familia. Una persona normal, con los sueldos de este país, no puede permitírselo», denuncia el padre. Lamenta que «después de tantos años cotizando no me garantizan para mis hijos este derecho constitucional».

Fernández cree que el desembarco de los socialistas en el gobierno catalán «no va a mejorar las cosas». «La situación irá a peor con este partido. Lo que hará es potenciar una de las lenguas oficiales de forma anticonstitucional y la otra, el castellano, tirarla a la basura», asegura el progenitor.

Su hijo mayor, de 20 años, ya está en la universidad y el menor, en segundo curso de Bachillerato. Su batalla personal ha terminado, aunque pide apoyo para la causa. «No es normal que las asociaciones que luchan para defender nuestros derechos en Cataluña no tengan apoyo económico. Hay mucha gente con dinero que son patriotas y deberían apoyarles», concluye.

La historia de Marina Gala es bien distinta. Madre de ocho hijos, fue pionera, junto a otras dos familias, en la demanda de escolarización en castellano en Cataluña. Tras batallar más 20 años para que sus vástagos tuvieran más español en su currículo educativo, solo logró arañar un 25% más de español durante un año y medio para su hija más pequeña, que ahora tiene 20 años y está en puertas de la universidad.

«Cuando, asesorados por Convivencia Cívica Catalana (CCC), otras dos familias y yo empezamos a reclamar el derecho a estudiar en español para nuestros hijos estábamos prácticamente solos. En estos últimos años la situación ha mejorado y más padres han dado el paso para tener más castellano pero pese a batallar tantos años se ha conseguido muy poco», señala Gala, quien expresa en declaraciones a ABC su «desencanto» por la actual situación.

A su juicio, la llegada del PSC a la Generalitat no arreglará nada sino todo lo contrario. «Iremos a peor, seguro. De hecho, aunque llegara el PP sería más de lo mismo porque tuvo la oportunidad de devolver al castellano su papel de lengua vehicular en las aulas de Cataluña y no lo hizo. Está todo sumamente politizado. Aquí no se cumple la Constitución. Es desesperante», señala la madre.

Junto a Consuelo Santos y Feliciano Sánchez obtuvo el aval del Tribunal Supremo (TS) en diciembre 2011 para que sus hijos estudiaran en la lengua oficial del Estado en esta comunidad, fueron los primeros espaldarazos de la justicia a la causa bilingüe en Cataluña, pero, en la práctica, esa sentencias quedaron, según denuncia, «en papel mojado porque a la práctica no se tradujeron en nada». «Todos mis hijos han estado plenamente con inmersión en catalán hasta el último curso. No han podido sortear el rodillo del catalán pese a mis 20 años de lucha», lamenta Gala.

«Cuando llegaron las primeras resoluciones a favor de más castellano en la educación de mis hijos, no pudieron aplicarse. En el caso de uno de mis hijos, con necesidades educativas especiales, la concesión debía renovarse cada año y era farragoso, por lo que cuando la autorizaban ya era tarde. A otra de mis hijas, le llegó cuando estaba ya en el primer curso de Bachillerato, con lo cual no sirvió de nada, porque estaba fuera del sistema de escolarización obligatoria, y a la otra, que cursaba cuarto curso de ESO, se la notificaron cuando faltaba un mes para acabar el curso», explica Marina.

Cuando la 'ley Wert' ofreció a las familias la posibilidad de acceder a ese derecho sin tener que litigar en la vía judicial, Marina se lo planteó pero lo descartó finalmente porque «era mucho dinero». «Solo matricularles suponía unos 24.000 euros y luego suma las cuotas mensuales, que oscilaban entre los 500 y 700 euros. Era una barbaridad. No tenía la garantía de que tras avanzar el dinero luego lo recuperaría. Podría perder los ahorros de toda una vida», apunta la madre en declaraciones a ABC.

«Eso de que los niños hablan correctamente el castellano cuando dejan la escuela es totalmente falso», asegura Marina. Confiesa su «desencanto» ante la actitud pasiva de la Generalitat y su «indignación» cuando el Govern alardea de que no va a cumplir las sentencias judiciales. «No podemos elegir centro ni tampoco lengua de escolarización. Luchamos porque es una cuestión de libertad», denuncia esta madre de Tarragona. Por ello, recomienda a sus hijos que abandonen Cataluña. «Yo a mis hijos les digo que se vayan de aquí. Está todo muy politizado y no hay visos de que mejore», concluye.