La defensora del pueblo catalán niega a los padres el derecho a recibir en castellano todas las comunicaciones de las escuelas

Sin embargo, en la actualidad, en cumplimiento de instrucciones explícitas del Departamento de Educación de la Generalitat, todos los comunicados que las escuelas dirigen a las familias son, por defecto, en catalán y solo se remiten en castellano si los interesados lo solicitan. En algunos casos, las familias se encuentran ante la negativa de las direcciones a facilitarles las notas en español y tienen que recurrir a asociaciones como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que defienden los derechos de los castellanohablantes, para que les ayuden.

La AEB recurrió en abril de este año a la defensora del pueblo (síndica de greuges) catalana, Esther Giménez-Salinas, para que intercediera y garantizara ese derecho a todas las familias sin necesidad de que lo pidan explícitamente, pero la respuesta de la institución no ha sido la esperada. En su réplica a la entidad, a la que ha tenido acceso ABC, la síndica se ofrece a interceder solo en casos particulares pero no apoya el derecho a que todas las familias lo reciban sin solicitarlo previamente; es decir, que todos los comunicados de los centros a las familias sean bilingües por defecto.

«Hace falta que con carácter previo a nuestra intervención dispongamos de los elementos necesarios para conocer si la ciudadanía, o las personas que ostenten su representación debidamente acreditada, se han dirigido de forma expresa en cada caso a la administración competente para resolver sus quejas, en qué términos han realizado su reclamación, y si no se les ha dado respuesta o si esta ha resultado inmotivada», señala en su respuesta a la AEB el adjunto general al Síndic de Greuges, Jaume Saura.

«En el caso de que se nos proporcione la documentación mencionada, debidamente registrada, que acredite la presentación formal de las quejas referidas, intervendríamos, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, en defensa de las personas que hayan visto vulnerado el ejercicio de sus derechos lingüísticos legalmente reconocidos», añade Saura.

Desde la AEB, su presidenta, Ana Losada, denuncia la falta de apoyo del organismo a las familias castellanohablantes. «No nos sorprende la respuesta. La síndica nunca ha defendido los derechos de los castellanohablantes. Siempre se ha situado al lado de la Generalitat», señala Losada en declaraciones a este diario.

En su escrito a la síndica, la AEB le recuerda que «la Consejería de Educación, de acuerdo con el Estatut y la Ley de Política Lingüística de 1998, debe facilitar el derecho a ser atendido en la lengua del administrado, si es oficial, y que este derecho es conculcado por la Consejería, de manera que se ha diseñado un modelo, que no da la opción a las familias a elegir la lengua en la que quieren comunicarse con la administración».

Denuncia, asimismo, que «cuando las familias castellanohablantes ejercen su derecho, comprueban que existen muchas trabas organizativas para asegurar la comunicación en castellano por parte de la Administración educativa». En este sentido, la entidad pide a la institución que garantice «el derecho de las familias a recibir las informaciones y comunicaciones en la lengua de su elección y que atienda la recomendación de la Comisión de Peticiones y adopte las medidas normativas o administrativas oportunas para que la comunicación a los alumnos y a las familias y las páginas web de la administración educativa se realicen tanto en castellano como en catalán, de oficio, sin necesidad de que las familias lo soliciten individualmente».

Reclama también que «de manera urgente introduzca los cambios organizativos que sean necesarios para que los ciudadanos puedan manifestar la lengua de comunicación que desean con los centros educativos», y que «se cumplimenten sin trabas por parte de la Administración y por los centros las peticiones de las familias que soliciten comunicaciones orales y escritas en castellano».

Ante la respuesta del organismo, la AEB está preparando dos casos particulares para elevar a la Síndica de familias que llevan años litigando para lograr comunicaciones en castellano y no lo han conseguido. Uno de ellos es el de Dafne Ungerer, que lleva reclamando ese derecho desde 2022 para su hija en el Instituto Valeria Haliné de Castelldefels (Barcelona) y, según denuncia la madre en declaraciones a ABC, «la administración solo me ha puesto trabas».