La «captura» de las universidades catalanas por parte de los nacionalistas llega a Europa

La plataforma de profesores Universitaris per la Convivència lleva más de un lustro denunciando el «secuestro ideológico» de los rectorados catalanes por parte de los partidos nacionalistas. Ahora, llama a la puerta del Parlamento europeo y le pide que investigue «la posible vulneración del principio de neutralidad institucional por parte de las autoridades académicas; y la posible connivencia del gobierno autonómico con tales vulneraciones». También le reclama que esclarezca si en estos espacios se han vulnerado derechos fundamentales como «la libertad ideológica, de expresión, de reunión y el derecho a la no discriminación por razones ideológicas de sus miembros».

La plataforma docente ha presentado este mediodía ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara un extenso informe, consultado por ABC, en el que demuestra con documentos e imágenes el «alto grado de politización» de las universidades catalanas y también cómo se han vulnerado reiteradamente derechos fundamentales como el de la libertad de reunión y de expresión en algunos campus como el de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) detallando ataques sufridos por los alumnos de la plataforma constitucionalista S'ha Acabat! por parte de estudiantes separatistas. «El acoso violento en los campus universitarios a quienes discrepan del nacionalismo es constante. Y, lo que es peor, sin que haya condena por parte de las autoridades académicas», denuncia la plataforma.

El debate en Europa se produce apenas una semana después de que el Congreso apruebe la nueva ley educativa (LOSU) que, en una de las partes de su articulado que más debate político ha generado establece como una de las «funciones fundamentales» del claustro la de «analizar y debatir temáticas de especial trascendencia». Los independentistas ven en esa parte del redactado la forma de eludir sentencias judiciales como las que ya han condenado a universidades como la Politécnica de Cataluña (UPC), la de Barcelona (UB) o la Pompeu Fabra (UPF) por posicionarse a favor del 'procés'. El Tribunal Supremo, por su parte, ha sido explícito al respecto: «Las universidades están sujetas al principio de neutralidad predicable a toda Administración pública».

«Los equipos de gobierno y los claustros de las universidades públicas catalanas han apoyado de manera explícita los planteamientos nacionalistas, coincidentes con los que defienden los partidos en el gobierno de Cataluña durante los últimos cuarenta años», señala Universitaris per la Convivència en su escrito a la Eurocámara. Este apoyo se ha traducido, según detalla en el documento, en « la aprobación de declaraciones que se adscriben a las posiciones nacionalistas», «la convocatoria de movilizaciones en apoyo del proceso secesionista en Cataluña» o la «utilización de símbolos nacionalistas en los edificios de la Universidad o en la página web de la misma». En su parlamento ante la Eurocámara, la profesora Isabel Fernández Alonso, portavoz de la plataforma, ha denunciado la «captura» de las universidades por parte de los nacionalistas y ha destacado como una de las vulneraciones más flagrantes «el apoyo de los órganos de gobierno de distintas universidades públicas en otoño de 2019 a un manifiesto en contra de la sentencia condenatoria a los líderes del 'procés', documento que luego entregaron al presidente de la Generalitat».

La petición de la plataforma ha sido ampliamente refrendada en la Eurocámara. Todos los eurodiputados que han intervenido han defendido que se investiguen los hechos. Rosa Estaràs (PP), ha instado a las autoridades europeas a que esclarezcan si se producen esas vulneraciones en las universidades catalanas y que velen para que prevalezcan los derechos europeos: «a la dignidad humana», «a la igualdad», y «al estado de derecho».

La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa (Cs), por su parte, ha asegurado que ha vivido el acoso de los grupos nacionalistas en primera persona cuando, en 2019, fue a la UAB ha impartir una charla y los estudiantes independentistas la acosaron e insultaron. «Cuando el populismo se hace añejo se convierte cada vez en una amenaza más grande», ha dicho. El representante de Vox en la Eurocámara Herman Tertsch ha subrayado que «la represión a todo aquel que no está de acuerdo con la narrativa ultranacionalista no se da en ningún otro país de Europa». Los tres eurodiputados pidieron elevar la denuncia al Comisario de Justicia, Didier Reynders, para que la incluya en su próximo informe sobre el Estado de Derecho. Exigieron, asimismo, enviar una carta al Gobierno de España «para que actúe ante tales vulneraciones».

La Comisión de Peticiones ha acordado enviar sendas misivas, una al Comisario Reynders y otra al Ministerio de Educación de España advirtiendo sobre la gravedad de estos hechos, para que sean incorporados al Informe sobre el Estado de Derecho en Europa, en el primer caso, y para que adopte las medidas necesarias de cara a ponerles fin, en el segundo.

En su argumentario ante la Eurocámara, Universitaris per la Convivència expone otros ejemplos de «claro posicionamiento político de las universidades a favor de los nacionalistas». Apunta, entre otros, el manifiesto impulsado el 24 de septiembre de 2021 por la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), que representa a todos los centros públicos de Cataluña, rechazando la detención del ex presidente huido de la Generalitat Carles Puigdemont, o el que impulso la misma asociación el 21 de junio de 2021 posicionándose en contra de la investigación por parte del Tribunal de Cuentas de la responsabilidad contable que pudiera haberse producido al haber destinado dinero público a la promoción del proceso de secesión de Cataluña en el extranjero. Denuncia asimismo, otro de la ACUP del 2 de octubre de 2017 en el que «se critica la actuación policial en el referéndum ilegal del 1 de octubre».

La plataforma documenta también otras acciones «censurables» como la que bajo la batuta de Òmnium Cultural reunió en marzo de 2021 a todos los rectores catalanes en un posado mostrando carteles de dicha asociación en los que se lee «Amnistia. Hagámonos libres».

«Los hechos que se han descrito hasta ahora muestran que nos encontramos ante una toma de partido por parte de las autoridades académicas de las universidades públicas catalanas que ya en sí supone la vulneración de principios democráticos básicos. Que las administraciones públicas -como son en España las Universidades financiadas con fondos públicos- adopten una toma de posición que, además, coincide con la de los partidos que controlan el poder ejecutivo, supone una limitación de la libertad ideológica de los miembros de la comunidad universitaria», señala Universitaris per la Convivència.

«No se trata de fenómenos aislados, sino sistemáticos y que tienen como resultado impedir o dificultar que las opiniones contrarias al nacionalismo puedan ser expresadas con normalidad en los campus universitarios. Se trata de una reducción del pluralismo político, una quiebra de la libertad de expresión y de la libertad ideológica de enorme gravedad que requiere la actuación de las instituciones europeas», concluye.