Casi la mitad de los empleados públicos consumen psicofármacos a diario

Un trabajador de la Administración General del Estado al que, tras un conflicto laboral entre otras dos personas, cambian de puesto; una profesora interina que, tras hacerla fija, tenía que cambiar de ciudad y alejarse así de su familia o una trabajadora de la sanidad pública que, en plena pandemia de Covid-19, vio cómo su hermano con discapacidad, con el que vivía, falleció por el virus, con la consiguiente culpabilidad que ha arrastrado desde entonces, pese a que nunca ha podido confirmar que ella llevara la enfermedad al domicilio. Son tres casos de empleados públicos con un punto en común: han pedido ayuda por problemas de salud mental. Las bajas psicológicas entre estos trabajadores, asegura la Central Independiente y de Funcionarios (CSIF), han aumentado en los últimos tiempos. Pero el sindicato da además un dato también alarmante: casi la mitad de estos empleados públicos, el 46 por ciento, consumen casi a diario ansiolíticos, antidepresivos o somníferos, entre otros.

Los datos se extraen de la encuesta '¿Cómo te sientes?', elaborada por CSIF a través de entrevistas a más de 6.300 trabajadores de diferentes ámbitos de las administraciones públicas, como en educación, sanidad, justicia o la Administración General del Estado. Así, la gran mayoría de los empleados públicos, concretamente el 76 por ciento, reconocen que su salud mental se resiente por las condiciones de su trabajo. Es esta circunstancia la que lleva en la mayoría de las ocasiones al consumo de psicofármacos: el 71% admite tomar ansiolíticos e hipnosedantes; el 12 por ciento antidepresivos y el 17% otro tipo de fármacos.

El perfil que más se repite, según este estudio, es el de una mujer de entre 35 y 67 años que trabaja en la sanidad pública, en la administración o en centros educativos y consumo ansiolíticos para afrontar la sobrecarga de trabajo, la falta de reconocimiento, la dificultad para conciliar, la discriminación por motivos de salud, el conflicto entre compañeros, el acoso y la falta de desconexión digital.

El estudio también alerta sobre la ausencia de ayuda psicológica en estos casos. Aunque el 60 por ciento de los empleados públicos reconocen que necesitan esta ayuda, solo el 38 por ciento la recibe, y en la mayoría de casos tiene que costearla por sus propios medios. «La sociedad tiene la idea de que los trabajadores de la administración pública están más libres de problemas de salud mental relacionados con la conflictividad en el trabajo, pero desde mi punto de vista extrañamente no es así, sino que casi ocurre un poco lo contrario. Muchas veces nos encontramos con que los empleados públicos consultan incluso con más frecuencia por problemas de salud mental derivados del ámbito laboral que el resto», asegura Carlos Llanes, psiquiatra tanto en la sanidad pública como a través de Muface, que ha tratado los tres casos mencionados anteriormente.

Por ello, CSIF reclama al Gobierno medidas urgentes para paliar esta situación. Encarnación Abascal Pérez, secretaria nacional de prevención de riesgos laborales de CSIF, ha asegurado que es necesario un plan integral de prevención de la salud mental y de las conductas suicidas, así como más presupuesto para incrementar el número de profesionales de salud mental en los centros y los recursos humanos en los servicios de prevención de las administraciones.

Abascal también ha reclamado la actualización del cuadro de enfermedades profesionales para que se reconozcan los trastornos mentales como enfermedad profesional, así como programas gratuitos de apoyo psicológico a empleados públicos en los centros de trabajo.