Sindicato médico tras la supresión del catalán en Baleares: «El derecho a la salud es un valor prioritario sobre la lengua»

El Gobierno balear del PP liderado por Marga Prohens había convocado a primera hora de la mañana un consejo de gobierno extraordinario para aprobar medidas de captación y fidelización de profesionales sanitarios, entre las cuales se aprobaba esta medida estrella. Tener un título de catalán ya no es obligatorio para trabajar en la sanidad pública de Baleares.

Desde ayer, los médicos y enfermeras tienen una traba menos. Contarán, además, con un incentivo económico añadido, gracias al aumento sustancial del plus de difícil cobertura, que pasará de 4.800 a 6.600 euros (en el caso de los médicos) y de 3.000 a 4.800 euros anuales (enfermeras) a partir de 2024.

La nueva normativa suprime el requisito de conocimiento de la lengua catalana a todos los profesionales con «funciones sanitarias» dentro del Servicio balear de Salud (IB-Salut) para facilitar el acceso de cualquier profesional sin que el catalán sea un «elemento disuasorio». El requisito se mantiene, en cambio, para los trabajadores de la gestión y los servicios generales, aunque se les podrá excepcionar cuando se acredite la ausencia de aspirantes en los procesos de selección. Una vez dentro de la Administración, la Consejería de Salud se compromete a «colaborar» para que las personas que no tengan un determinado nivel de catalán puedan formarse o mejorar su conocimiento de catalán a través de cursos. «Se facilitará a los ciudadanos el derecho de utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales en sus relaciones con la Administración», calma Salud ante las primeras críticas de entidades catalanistas como la Obra Cultural Balear (OCB) que lo ven como un «ataque a la lengua» o los ecosoberanistas de Més que lo definen como «una cruzada contra los derechos de los catalanohablantes».

Lo cierto es que la decisión no ha pillado a nadie por sorpresa. La supresión de la acreditación del catalán era uno de los compromisos que la presidenta Prohens llevaba en su programa electoral del 28-M. Una medida que se incluye, además, entre las 110 recogidas en el acuerdo programático consensuado entre PP y Vox, que permitió a la líder popular –a sólo cuatro escaños de la mayoría– gobernar en solitario las Islas con el apoyo de los diputados de la formación de Santiago Abascal.

Era un «clamor sindical», defiende la consejera de Salud, Manuela García sobre esta medida estrella, que ha eclipsado otra más novedosa como es la aprobación de la zona de muy difícil cobertura. Un concepto novedoso en toda España que se crea para compensar la necesidad urgente de especialistas en casos en los que pone en riesgo la cobertura sanitaria, como el servicio de Oncología de Ibiza de Can Misses, donde hay una plantilla de cinco y sólo un oncólogo en activo. Por tanto, trabajar en una zona de muy difícil cobertura implicará percibir otro plus. A este nuevo plus se añade un incremento sustancial del llamado plus de fidelización (o plus de difícil cobertura), que pasará de 4.800 a 6.600 euros (en el caso de los médicos) y de 3.000 a 4.800 euros anuales (enfermeras) a partir de 2024. Prohens quiere hacer más atractivo Baleares, un destino que en los últimos años se ha ganado mala fama por exigir el catalán; un problema al que se une el alto precio de la vivienda, la falta de incentivos económicos y el coste de la insularidad.

El nuevo decreto autonómico suprime el requisito del catalán, incluido en la Ley 4/2016 de 6 de abril de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la Función Pública. Una ley aprobada por el Gobierno de la socialista Francina Armengol y sus socios ecosoberanistas de Més que, salvo algunas excepciones, volvió a fijar el catalán como obligatorio para acceder a un puesto de funcionario en la Administración autonómica en 2016, en lugar de ser un mérito como había establecido el Ejecutivo del PP antes de 2015.

Se pone fin así a siete años de trabas lingüísticas a médicos y enfermeras para ejercer en las islas desde que Armengol –quien ahora impulsa el uso de las lenguas cooficiales como presidenta del el Congreso de los Diputados– convirtiera el archipiélago en el primer territorio en exigir la lengua autóctona a todo el personal sanitario, de acuerdo con las exigencias de sus socios nacionalistas de gobierno. «Pedir el catalán no tenía ningún sentido», sostiene María García, presidenta de Mos Movem con la certeza de que dio «mala fama» a Baleares. «Recuerdo cuando en el hospital Mateu Orfila –donde trabaja– llamábamos a profesionales para que vinieran a trabajar y nos decían: «¿Es ahí donde se pide el catalán? Ni loco»». Esta trabajadora celebra «el fin del requisito», mientras sostiene uno de los carteles que abanderó al frente de Mos Movem con el lema 'Los idiomas no salvan vidas'. La plataforma nació contra la acreditación del catalán en la sanidad y sacó a la calle a miles de personas en 2018; y forzó a Armengol a rebajar sus exigencias y diera una moratoria de dos años para sacarse el título. García agradece la voluntad política del nuevo gobierno aunque espera «un paso más» para que la exención afecte a todo el personal –no sólo con funciones sanitarias- y «no discriminar a trabajadores de la misma empresa». Luego propone «meter mano» a la Ley de Normalización Lingüística «porque mientras esté en vigor, seguiremos al libre albedrío de los políticos y la lengua». «Llevamos desde 2000 defendiendo que la acreditación lingüística debe ser un mérito», recuerda el Sindicato Médico, agradecido de que la consejera de Salud haya atendido su demanda.

Simebal asegura que no existe ningún problema de comunicación entre el médico y el paciente y que «el derecho a la salud es un valor prioritario sobre la lengua». «Lo reconoció hasta la presidenta Armengol cuando eximió a los interinos en el proceso de estabilización de plazas en diciembre, aunque luego en febrero cambiara de opinión», critica Lázaro, que considera que la gestión política de la socialista la «penalizó» en las pasadas elecciones.

Ahora, dice, le ha sorprendido gratamente la celeridad de la consejera García. «No estamos acostumbrados a que los políticos cumplan sus promesas».

Simebal calcula que en Baleares se necesitan 850 médicos para cubrir las necesidades de las Islas. Un escenario donde el requisito actúa como «elemento disuasorio, complica la gestión sanitaria y limita la circulación de médicos en España».

La imposición del catalán, sumada a la insularidad y la escasez de vivienda accesible en el archipiélago, han desencadenado una fuga de profesionales constatada que el gobierno de Armengol siempre ha negado: «Por cada médico que se va [por el catalán] vienen ocho», replicó ante las críticas de la mayoría sindical –Simebal y Satse-, Mos Movem y el rechazo de todos los gerentes de los hospitales de Baleares, que mandaron una carta al entonces responsable del IB-Salut, Juli Fuster, alertando de que acarrearía consecuencias negativas.

Las consecuencias no tardaron. Se fue la única neuropediatra de Ibiza, el jefe de Oncología del hospital ibicenco Can Misses, el coordinador de la pionera Unidad de Rehabilitación de Suelo Pélvico del hospital de referencia Son Espases de Palma y otros muchos compañeros. Alegaron que el catalán era la puntilla para autoexiliarse porque se sentían trabajadores de segunda.