Baleares quita el requisito del catalán que Armengol impuso a los médicos
El nuevo Gobierno del PP aprueba un plan de medidas urgentes para captar y fidelizar profesionales sanitarios
La socialista implantó el catalán en 2016 y provocó un éxodo de profesionales a otros territorios
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Baleares no exigirá el catalán para trabajar en la sanidad pública. El nuevo gobierno autonómico del PP liderado por Marga Prohens ha aprobado este lunes un decreto ley que recoge como 'medida estrella' la eliminación del requisito de conocimiento de la lengua catalana a médicos, enfermeras y otros profesionales con funciones sanitarias dentro del Servicio balear de Salud (IB-Salut).
Hasta ahora era necesario acreditar un título oficial de lengua catalana (un B2 en el caso de los médicos o enfermeras) para apuntarse a un bolsín u opositar. Ahora, se permitirá que los profesionales «mejor cualificados» opten a los procesos selectivos [con funciones sanitarias] «sin que la falta de acreditación oficial de un determinado nivel de catalán se convierta en un elemento disuasorio para acceder», ha anunciado el ejecutivo, que, sin embargo, mantendrá el requisito a los profesionales del ámbito de la gestión y los servicios generales.
A estos trabajadores se les podrá eximir de forma excepcional cuando no haya suficientes aspirantes. La Conselleria de Salud se compromete a «colaborar» para que una vez dentro de la Administración, las personas que no tengan un determinado nivel de catalán puedan formarse o mejorar su conocimiento de catalán, a través de cursos.
«Hay que facilitar a los ciudadanos el derecho de utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales en sus relaciones con la Administración», defiende Salud, que especifica que los procedimientos de provisión de personal valorarán como «mérito» los diferentes niveles de conocimientos de catalán.
La supresión del requisito es uno de los compromisos que la presidenta Prohens llevaba en su programa electoral del 28-M. Una medida que se incluye, además, entre las 110 recogidas en el acuerdo programático consensuado entre PP y Vox, que permitió a la líder popular –a sólo cuatro escaños de la mayoría- gobernar en solitario las Islas con el apoyo de los diputados de la formación de Santiago Abascal.
Se trata, además, de la primera medida de calado de la nueva consellera Manuela García Romero, quien se ha marcado como «tarea urgente» aumentar el personal sanitario para garantizar la atención en las Islas y reducir las listas de espera. La responsable de Salud, que ya avanzó esta decisión el pasado mes de julio tras tomar posesión, considera que es «imprescindible» mantener el número de médicos y demás profesionales sanitarios, y facilitar que lleguen nuevos.
«Nuestra prioridad es que la sanidad pública de esta comunidad se ajuste a las necesidades reales de la ciudadanía, con profesionales cualificados y dar una atención sanitaria de calidad», ha defendido la consellera de Salud, que también ha anunciado un complemento retributivo para los profesionales que desempeñen la profesión en puestos de difícil cobertura, en Menorca, Ibiza y Formentera.
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Para hacer estos lugares «atractivos» y paliar el déficit de sanitarios por motivos técnicos o geográficos, se crea un nuevo complemento retributivo que no podrá superar un 300% del complemento actual de difícil cobertura.
El nuevo decreto autonómico suprime el requisito del catalán, incluido en la Ley 4/2016 de 6 de abril de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la Función Pública. Una ley aprobada por el Gobierno de la socialista Francina Armengol y sus socios ecosoberanistas de Més que, salvo algunas excepciones, volvió a fijar el catalán como obligatorio para acceder a un puesto de funcionario en la Administración autonómica en 2016, en lugar de ser un mérito como había establecido el Ejecutivo del PP antes de 2015.
Se pone fin así a siete años de trabas lingüísticas a médicos y enfermeras para ejercer en las islas desde que Armengol -quien ahora impulsa el uso de las lenguas cooficiales como presidenta del el Congreso de los Diputados- convirtiera el archipiélago en el primer territorio en exigir la lengua autóctona a todo el personal sanitario, de acuerdo con las exigencias de sus socios nacionalistas de gobierno.
La imposición del catalán, sumada a la insularidad y la escasez de vivienda accesible en el archipiélago, han desencadenado una fuga de profesionales constatada que el gobierno de Armengol siempre ha negado: «Por cada médico que se va [por el catalán] vienen ocho», replicó ante las críticas de la mayoría sindical –Simebal y Satse-, la plataforma civil Mos Movem y el rechazo de todos los gerentes de los hospitales de Baleares, que mandaron una carta al entonces responsable del IB-Salut, Juli Fuster, alertando de que acarrearía consecuencias negativas.
Las consecuencias no tardaron. Se fue la única neuropediatra de Ibiza, el jefe de Oncología del hospital ibicenco Can Misses, el coordinador de la pionera Unidad de Rehabilitación de Suelo Pélvico del hospital de referencia Son Espases de Palma y otros muchos compañeros. Alegaron que el catalán era la puntilla para autoexiliarse porque se sentían trabajadores de segunda.
Pese a todas las críticas y advertencias, Armengol impuso el catalán. Primero por Ley (de Función Pública) y después desarrolló un decreto autonómico, congratulándose de que abría por primera vez «un proceso de normalización progresiva del catalán en la sanidad pública».
El fuerte rechazo social la obligó finalmente a rebajar las exigencias de nivel de catalán, y otorgar una moratoria de dos años para sacarse el título de catalán. Pero tras ese plazo sin acreditación lingüística, se penalizaba al trabajador sin derecho a traslados ni la carrera profesional. El decreto fue impugnado por dos sindicatos y anulado por la justicia.
Cuando llegó la pandemia del coronavirus, las dificultades para encontrar trabajadores se acentuaron porque la oferta en la península provocó el retorno de multitud de profesionales a sus comunidades de origen.
Los pacientes oncológicos de Formentera fueron atendidos por teléfono porque no había un médico que se pudiera desplazar a la isla. La lista de espera para operarse no bajaba por la falta de anestesistas. Y las plantillas en los hospitales y centros de salud siguen diezmadas, pese a que sus empleados renuncian a sus vacaciones porque no tienen sustitutos. Especialistas de Mallorca viajan a las islas pequeñas para cubrir parte de estas carencias como medida paliativa.
La exigencia del catalán supuso también la exclusión automática de miles de trabajadores que estaban inscritos en el bolsín de trabajo del IB-Salut y que vieron truncadas sus posibilidades de optar a un trabajo en la sanidad pública, tal y como ha ido informando ABC.
Que el catalán es una traba lo reconoció implícitamente hasta la propia Armengol en febrero de 2023, siete años después de imponerlo en toda la administración. La todavía presidenta de Baleares eximió del requisito lingüístico a todos los médicos y enfermeras en el concurso de estabilización de plazas del Servicio de Salud cuando se convocó en diciembre de 2022 y constató problemas para cubrirlas. «Lo primero es la salud», defendió, aunque luego, en febrero, cambiara de criterio tras una tormenta política con sus socios nacionalistas de Més y acabara exceptuando apenas al 10% de los 2.200 puestos.
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«La sanidad no hace ganar unas elecciones pero te las puede hacer perder», advirtió el Sindicato Médico. Tras el 28M y la debacle de Podemos Armengol no pudo revalidar su tripartito con los soberanistas después de dos legislaturas consecutivas de 'Pacto de Progreso', pero su perfil catalanista aupó a Armengol a la presidencia del Congreso, donde ahora manifiesta que le gustaría dar sus discursos en catalán. Mientras tanto en Baleares, el nuevo gobierno de Prohens empieza a desmontar las políticas lingüísticas que les dejó en herencia.
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