La Ley de Memoria Democrática colapsa los archivos de la Iglesia

Miles de personas que buscan demostrar que sus antepasados nacieron en España y tener así un salvoconducto que les permita vivir en Europa, a ellos o sus descendientes, y para quienes las diócesis se han convertido en el mejor aliado, puesto que los registros civiles sólo se remontan a finales del siglo XIX y nada más acreditan el nacimiento si la fecha y el lugar son exactos. Esto ha llevado a estas instituciones de la Iglesia, creadas para salvaguardar la memoria secular de la vida sacramental de las parroquias y que apenas tienen uno o dos empleados, a estar totalmente desbordadas ante la avalancha de peticiones. Y, lo peor, por sorpresa y sin ningún tipo de apoyo estatal por un servicio que, en muchos de los casos, ofrecen gratuitamente.

Desde un año para acá la cascada de solicitudes que están recibiendo los archivos diocesanos no ha parado de crecer, sobre todo en autonomías, como Castilla y León, que vieron partir a un gran número de vecinos a finales del XIX. Tanto, que hay quien reconoce estar sobrepasado por el volumen de trabajo, que se ha multiplicado. Así, desde el Archivo de Salamanca, una de sus dos trabajadores, Vanesa Vaquero, asegura haber contestado unos «mil correos electrónicos» en el último año y, en lo que va de 2024, haber tramitado con éxito unas 200 peticiones.

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Gran parte de quienes desean iniciar este trámite se dirigen ya directamente a las diócesis en lugar de a los registros civiles. Lo hacen por tres motivos: estos últimos tienen datos desde 1870, cuando fueron creados; no ofrecen información si no se acude con un nombre, apellido y fecha concretos y, además, hay que pagar una tasa. «Cualquier dato anterior a 1870 o está en los archivos de la Iglesia o no está», explica a ABC Francisco Juan Martínez Rojas, director del archivo de Jaén y presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia. Son muchas las solicitudes que llegan anteriores a esa fecha, a pesar de que la norma plantea que para obtener la nacionalidad sólo se pueden remontar hasta los abuelos. «La última que he hecho es de un nacido en 1823 y casado en 1856 que después se fue a Puerto Rico», explica.

La otra razón también es de carácter práctico y habla positivamente de la labor de servicio de estos archivos. Para el registro civil sólo sirven los datos exactos y no realizan ningún tipo de búsqueda alternativa por si hubiera algún error. En los eclesiales, es justo lo contrario. «Vamos tirando a partir de la pequeña pista que nos dan, para tratar de localizar en qué libro parroquial se encuentra», explica Anabella Barroso, directora del archivo diocesano de Vizcaya. «Nos ocurrió con una mujer que decía que su abuelo había nacido en Bilbao, pero no aparecía en ninguna de las parroquias de la ciudad. Al final descubrimos que era de Sopuerta. El abuelo siempre les había dicho que era de Bilbao, pero eso es normal, porque estando tan lejos de tu tierra es más fácil decir que eres de Bilbao que de Arrancudiaga o Gizaburuaga».

Los archivos diocesanos se las ven y se las desean para ayudar y encontrar lo que se les pide, casi siempre vía email. «Nos han llegado a pedir partidas de familiares que habían nacido en Lugo», explica Vaquero desde Salamanca, y esta semana han solicitado «quince copias» de un mismo documento. Hay quien solo sabe que su bisabuelo había nacido en Castilla y León o en la provincia de Salamanca, «¿pero dónde?», les plantean entonces. Solo el centro salmantino tiene información de 400 parroquias, con sus correspondientes libros, en los que hay que 'bucear' para encontrar las partidas bautismales porque, en el caso de los pueblos, no están digitalizados.

«Contestamos a todos los correos porque nuestra intención es prestar el mejor servicio como archivo», explica quien se encuentra con «20 o 30 nuevos» emails cada día, «el 90 por ciento» con remitente de Argentina, y ha dejado aparcada su labor de catalogación de «importantes» documentos para poder atender las peticiones. Y es que en Salamanca, al contrario de lo que sí sucede en otros archivos, no cuentan con voluntarios que colaboren en este asunto y se hace de forma «totalmente altruista» sin cobrar tasas –otras en la región sí lo hacen–. Una vez que la partida sale del archivo es necesario «legalizarla» en el Obispado y de ahí sale vía, normalmente postal, hacia los destinatarios que, según la prórroga anunciada por el Gobierno, tienen ahora un año más de plazo para presentar la documentación.

Frente a eso, el archivo de Vizcaya tiene la ventaja de que está indexado hasta 1900. «Eso nos permite hacer búsquedas truncadas, poniendo sólo algunas letras del apellido, o probando con diferentes variables», añade Barroso. El nombre real de la inscripción es otro de los problemas que tienen que sortear. «Nos encontramos con un caso que iba apareciendo unas veces como Alfonso, otras como Alonso y hasta Ildefonso», añade Martínez Rojas desde el archivo de Jaén. «Tuvimos también que certificar que en aquella época era habitual ese baile de nombres», explica.

Una cuestión fundamental, pues los consulados, los encargados de tramitar finalmente la solicitud, suelen poner muchas pegas si el nombre de la inscripción en los archivos españoles no coincide con el que finalmente fue inscrito en el país en que acabó residiendo. Por eso, añade Oscar González desde el archivo de Lugo, «el problema no es sólo el elevado número de solicitudes y que tengamos poco tiempo para buscarlas, sino la dificultad que nos plantean ellos porque no tienen los datos concretos sobre sus ancestros».

«Nos ocurre con el topónimo 'Outeiro', tan repetido en la geografía gallega, los familiares sólo tienen esa pista y nos toca desentrañar a cuál de todos se refieren». También es muy compleja la posterior trascripción de unos textos escritos a mano por miles de párrocos distintos a lo largo de la historia. «Los manuscritos no son matemáticas», explica González, ya acostumbrado a leer textos muy influenciados por el gallego decimonónico y que en los que la ortografía no era tan exacta y normativa como en la actualidad. Incluso a veces, lo que aparentemente era un error, acaba cobrando sentido. «Nos ha surgido un caso en que buscaban un Gumersindo, que al final tenía como nombre real Conversindo y comprobamos que en la misma parroquia había varios más así, un derivado de conversión», añade.

La saturación es similar en Valladolid, donde reciben una media de siete correos diarios con peticiones, sobre todo de Cuba, Venezuela, Argentina y Nicaragua. Parte de sus fondos están digitalizados y eso agiliza la búsqueda, pero la otra no, sobre todo la de las parroquias más pequeñas, y eso requiere ir libro a libro. Junto al director, Paulino González, trabajan dos auxiliares y un grupo de voluntarios que hacen más llevadera la tarea. No obstante también reciben multitud de llamadas, incluso a su teléfono particular demandando información.

La legislación habla solo de abuelos, pero hace tiempo que se reciben peticiones referentes a bisabuelos o tatarabuelos. Así lo están percibiendo en Burgos, donde, en principio, se demandaban solo documentos de 1880 o 1890, pero ahora el rango se ha ampliado y desciende hasta 1850. Si en 2019, las peticiones fueron 32, en 2023 se disparó hasta las 331 y en lo que va de año 185. «La previsión es que sean más que en el ejercicio anterior», explica Miguel Ángel Saiz, que junto a los voluntarios del archivo intentan llevar las solicitudes al día y «lo hacen con tranquilidad». Pero consideran que el Ministerio debería establecer una «compensación» o «retribución» a las diócesis por el «sobresfuerzo» que está suponiendo esta ley.

Lo curioso es que este trabajo sobrevenido procede de una norma gubernamental, en concreto de la instrucción que fija el procedimiento publicada en el BOE el 26 de octubre de 2022, que involucra a los archivos eclesiales sin que, ni siquiera, fueran avisados previamente. En efecto, la norma plantea la necesidad de presentar la «certificación literal de nacimiento» del antepasado del solicitante pero admite que en los casos en que no exista inscripción «el interesado podrá aportar la partida de bautismo del archivo parroquial o diocesano», lo que ha abierto la puerta al aluvión de solicitudes.

La decisión pilló por sorpresa a los archivos diocesanos, con apenas empleados y que habitualmente prestan su servicio a investigadores, historiadores y genealogistas. La normativa eclesiástica dispone que las parroquias deben consignar en sus libros todos los sacramentos celebrados en ellas (bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonios) así como los funerales y otros eventos importantes. La obligación de compilar y mantener estos libros se deriva del Concilio de Trento (1545-1563), por lo que los archivos más antiguos que se conservan se remontan al siglo XVI. Por lo general, las parroquias conservan los libros de los últimos cien años y los más antiguos pasan a los archivos diocesanos.

En unas jornadas que, convocadas por la Conferencia Episcopal, reunieron en Madrid a los archiveros de la Iglesia en España los pasados 9 y 10 de mayo el clamor era unánime, estaban desbordados y necesitaban ayuda. De hecho, la junta directiva de la asociación que les agrupa se reunió unos días después, el 13 de mayo, con la Dirección General de Archivos, dependiente del Ministerio de Cultura, para transmitirles la situación. Todavía no tienen una respuesta, y tampoco parecen muy optimistas. Un silencio que parece tónica habitual. Tampoco este diario ha obtenido respuesta del Ministerio de Cultura sobre la cuestión, pese a haberlo consultado por varios medios.