Carmen Calvo tumba el dictamen del último padre de la Constitución sobre memoria histórica

La Comisión Permanente está formada por nueve consejeros permanentes más la presidenta, que goza de la prerrogativa del voto de calidad. En este caso, antes de la participación de Calvo, vicepresidenta primera en el Gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021, el dictamen de Herrero de Miñón obtuvo cinco votos a favor y cuatro en contra. Apoyaron al ponente la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, Enrique Alonso, Alberto Aza y José Luis Manzanares. Votaron en contra Miguel Rodríguez-Piñero, Paz Andrés Sáenz de Santa María, María Luisa Carcedo y Fernando Ledesma. Fue entonces cuando Calvo hizo uso de su voto da calidad para imponer el criterio de quienes se oponían al dictamen de Herrero de Miñón porque, a su juicio, sí que existen una serie de dudas sobre el deber de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, por lo que convendría consultar al Tribunal Constitucional (TC).

Cuando se tumba un dictamen en la comisión permanente, se encarga a una ponencia especial que elabore un informe según los criterios establecidos por la mayoría. En este caso, el elegido fue Fernando Ledesma, presidente de la Sección cuarta Consejo de Estado y que entre 1991 y 1996 fue presidente del órgano consultivo. Unos días después, el dictamen estaba preparado, aunque con una curiosidad que no es inédita pero sí poco habitual: cuando fue enviado a la Comisión permanente el dictamen no contaba con la firma del letrado correspondiente e iba firmado directamente por el consejero Ledesma. Lo normal es que en ese paso previo al debate en comisión la firma sea la del letrado y, una vez aprobado, aparezca ya el nombre del consejero correspondiente. En este caso no fue así. Desde el Consejo de Estado, descartaron ofrecer información sobre las las reuniones de la Comisión Permanente.

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El pasado 6 de abril, en su toma de posesión como nueva presidenta del Consejo de Estado, Calvo pidió dejarlo fuera de la «controversia política» un órgano que se debe dedicar a la «reflexión jurídica» con el objetivo de impulsar la legislación «de manera objetiva, ponderada y técnica».

Ayer el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comunicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros —donde acompañó a la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, y al titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares— ese recurso ante el TC por la ley de concordia aprobada en Aragón, donde gobierna el Partido Popular (PP) en coalición con Vox. En otros dos ejecutivos autonómicos donde también hay coaliciones de los dos partidos de la derecha, como ocurre en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León, se preparan leyes similares, aunque ambas normas se encuentran aún en fase de tramitación parlamentaria, por lo que de momento el Ejecutivo central no puede llevarlas al Constitucional, si bien sostiene la misma postura que sobre la ley aragonesa.

Torres explicó que después de la aprobación de la norma a mediados de febrero en las Cortes de Aragón pidió al Ejecutivo autonómico presidido por el popular Jorge Azcón una rectificación de la misma, e incluso un diálogo bilateral para negociar esos cambios, a los que Azcón se ha negado, asegurando que el PSOE sólo busca beneficios electorales con estas peticiones y no, considera, resolver los verdaderos problemas de los aragoneses. Al mismo tiempo, el Gobierno de Sánchez inició una proclamada ofensiva contra las tres normas de los gobiernos de PP y Vox, tanto en la ONU como en las instituciones europeas. Todo por considerar que suponen derogar la Ley de Memoria Democrática aprobada el año pasado, justo al final de la anterior legislatura, con el apoyo y la participación de varios de los socios parlamentarios de Moncloa, singularmente ERC y Bildu. Los de Arnaldo Otegi lograron que la norma contemplase investigar supuestas torturas en España hasta más allá del final del franquismo y de la Transición, extendiendo el periodo de estudio a todo 1983, cuando gobernaba ya el socialista Felipe González, quien no en vano llegó a calificar la ley como «de la desmemoria».

Fue a principios de abril cuando el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática envió una comunicación oficial al Gobierno aragonés, que contestó de manera negativa el pasado 16 de mayo, tal y como relató Torres, quien aseguró que es «algo bastante inhabitual», pues a su juicio «normalmente las comunidades se sientan a negociar».

Torres, que no citó en ningún momento la existencia de una opinión discrepante en el Consejo de Estado, describió el dictamen del organismo consultivo asegurando que éste «dice que el derecho internacional público reconoce el deber de memoria y obliga al Reino de España. Esta obligación está cumplida y satisfecha a través de la Ley de Memoria Democrática», argumentó. Igualmente, el organismo presidido por Calvo asegura, en palabras del ministro, que «se incumple el deber de colaboración con el Estado en esta ley de derogación de las Cortes de Aragón en muchos aspectos». Entre ellos, Torres citó expresamente la retirada de las «placas de señalización de los campos de concentración», así como la retirada de la conmemoración «de los lugares de memoria», y la eliminación del sistema educativo de la «reparación de las víctimas y el conocimiento de los alumnos y alumnas, y la vulneración de sus derechos», así como el mapa de fosas comunes con víctimas de la Guerra Civil y la información a las asociaciones de recuperación de la memoria histórica.

En la misma línea, el titular de Memoria Democrática, cartera que hasta la legislatura pasada ostentaba junto a la de Presidencia Félix Bolaños, acusó al Gobierno de Jorge Azcón de vulnerar el dictamen de los relatores de Naciones Unidas que se han pronunciado sobre la norma autonómica de concordia. Una opinión de la ONU que se produjo a instancia del Gobierno y que concluyó que la norma regional vulnera los derechos humanos e «invisibiliza» a las víctimas de la dictadura franquista.

Esto último se basa en la retirada de la condena de la dictadura en esas normas. Una condena que han reiterado los presidentes de esas tres comunidades, el citado Azcón, el valenciano Carlos Mazón y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, todos ellos del PP.