Junts y PNV cargan contra el proyecto de ley de la Agencia Estatal de Salud Pública: «Es una invasión de nuestras competencias»
Ambos partidos han presentando enmiendas en las que piden la devolución del proyecto debido a la «indefinición» de sus «fines y funciones» y que «no contempla» en ningún caso la participación de entes locales
Mónica García crea la agencia que pretende hacer frente a la próxima pandemia y evitar los mismos errores
![La impulsora del proyecto de ley, la ministra de Sanidad Mónica García](https://s2.abcstatics.com/abc/www/multimedia/sociedad/2024/02/20/monica-garcia-ROCdCAM0GRxR06bTZtsj1QM-1200x840@abc.jpg)
Tanto el PNV como Junts han registrado una enmienda de totalidad con devolución al proyecto de ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública. Los vascos consideran que que «es un órgano de difícil justificación, tanto a la vista de la regulación vigente, como en los términos en que está redactado el proyecto de ley, que adolece de indefinición y de falta de claridad», mientras que los catalanes critican que se trata de una «clara invasión de las competencias de la Generalitat de Cataluña, que ya dispone de una desde 2019, y denunció que tampoco respeta «el papel de las administraciones locales».
Para el PNV, la propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la creación de la Agencia, «no contribuye a una mejor comprensión del tipo de órgano y funciones que pretende desarrollar». Sobre la relación que tendrá con los órganos de la estructura actual de salud pública, el mencionado artículo indica que la Agencia estatal ejercerá distintas competencias de coordinación y prevé que lo hará «sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras autoridades». «Resulta imposible saber qué se entiende por autoridades en este caso y a qué autoridades concretas se refiere», critica el grupo parlamentario vasco.
Por otra parte, PNV recalca que «no se hace mención alguna» a cómo quedaría configurada la estructura de Salud Pública dentro del Ministerio de Sanidad y se apunta a una «duplicidad» de órganos: la Dirección General y la Agencia, sin que se aclare «el alcance, fines y funciones de cada uno de ellos y cómo van a interactuar entre ellos y con otras Administraciones Públicas».
Además, señalan que no establece el modelo y configuración de las relaciones con otros órganos, como, por ejemplo, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
«El proyecto menciona continuamente la coordinación, pero no concreta cuáles serían los sistemas de interlocución, coordinación y comunicación del órgano planteado con otras Administraciones con competencias en salud pública», ha señalado.
«Invalidará las competencias de la Generalitat»
Según recoge la enmienda de Junts, el nuevo proyecto de ley «olvida» que las competencias en materia de sanidad y salud pública competen a la Generalitat, como dispone el Estatuto de Autonomía de Cataluña. De hecho, recuerda que corresponde a la comunidad autónoma «la ordenación, la planificación, la determinación, la regulación y la ejecución» de las medidas y actuaciones destinadas a «preservar, proteger y promover» la salud pública en todos los ámbitos. Incluyendo la salud laboral, la sanidad animal con efectos sobre la salud humana, la alimentaria, la ambiental y la vigilancia epidemiológica.
Asimismo, incide en que aunque la coordinación supone un ejercicio de competencias por parte de las comunidades autónomas en materia de sanidad, el Estado al coordinarlas «debe respetarlas», y denuncia que el proyecto de ley «no tiene en cuenta» la existencia, en algún territorio, de normativa propia de salud pública, ni en el caso de Cataluña, que cuenta con una Agencia de Salud Pública que se creó en 2019.
Junts también recrimina que el proyecto de ley «no contempla», en ningún caso la participación de entes locales y «omite» que en Cataluña los ayuntamientos «son competentes» para prestar servicios mínimos en materia de salud pública.
Finalizan advirtiendo que también «infringe y vulnera» el principio de autonomía local reconocido en la carta Europea de Autonomía Local y en la propia Constitución Española, y solicitan que el texto del proyecto de ley se modifique para que «respete» el sistema competencial vigente.
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