Mónica García crea la agencia que pretende hacer frente a la próxima pandemia y evitar los mismos errores

Para ello se elaborará, a través de un real decreto, un estatuto en un máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de la ley, que regulará desde sus competencias hasta sus órganos rectores. Según la propuesta que ya se ha redactado del mismo, tal como ha podido consultar este periódico, la Aesap tendrá funciones de vigilancia de la salud pública e inteligencia sanitaria, en sanidad ambiental, en materia de preparación y respuesta ante emergencias de salud o coordinación de las actuaciones de salud pública, entre otras.

Con el recuerdo de la pandemia de Covid-19 aún presente, la Aesap se encargará de coordinar la Red de Vigilancia en salud pública, de monitorizar las amenazas para la salud y de realizar las evaluaciones del riesgo. Del mismo modo, será tarea de esta agencia coordinar la elaboración de los planes de preparación y respuesta sanitaria «ante alertas, riesgos y amenazas actuales y emergentes para la salud humana de origen biológico, químico y de cualquier otra naturaleza sin perjuicio de las competencias asignadas a otras administraciones». Todo ello deberá realizarlo en coordinación con las comunidades autónomas y resto de administraciones públicas implicadas.

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También será su responsabilidad que España cuente con todo el material necesario -tanto medicamentos como equipos de protección individual (EPI)- para afrontar una nueva pandemia. Es lo que se conoce como reserva estratégica y el principal objetivo es que no se vuelvan a dar situaciones como las que ocurrieron durante los primeros meses de la emergencia del Covid-19, cuando las mascarillas escaseaban y los profesionales de la sanidad se protegían con bolsas de basura ante la falta de equipamiento.

Además, en su exposición de motivos, el anteproyecto alude a que «la posibilidad de que agentes biológicos o sus toxinas puedan ser utilizados como armas constituye una posible amenaza para la salud de la población y la seguridad nacional», por lo que establece que la Aesap llevará a cabo «los mecanismos de intercambio de información e inteligencia con los departamentos ministeriales competentes en materia de defensa y seguridad, así como con el departamento de Seguridad Nacional». También «promoverá la adopción de las medidas que faciliten el control de elementos biológicos potencialmente peligrosos en los establecimientos que los manipulen o almacenen». Para ello, la agencia coordinará los aspectos técnico-científicos a través de la Comisión Nacional de Biocustodia.

Otra de las funciones de este nuevo organismo será la de evaluar el riesgo para la salud humana de los biocidas (como desinfectantes o conservantes), fitosanitarios (insecticidas) y las sustancias o mezclas químicas. Hasta ahora, de este cometido se encargaba el Ministerio de Sanidad. Pero el Gobierno aprovecha también la norma para crear nuevas tasas a los biocidas, que justifica en base a la adaptación a la directiva europea al respecto. En este sentido, y tras recibir varias alegaciones al anteproyecto de ley que cuestionan que la norma dedique una disposición a este asunto, el Ejecutivo argumenta en la memoria de la norma que ha recabado los informes de las organizaciones empresariales representativas del sector y que no se prevé que haya un efecto económico directo sobre los precios de los productos biocidas.

Con esta norma, el Gobierno modificará la Ley General de Salud Pública para, además de aludir a las nuevas funciones de la salud pública relativas a la preparación ante futuras crisis sanitarias, incluir el enfoque 'One Health' o principio de una sola salud, por el que se reconoce que la salud de las personas, la de los animales, las plantas y el medio ambiente están estrechamente relacionados y son interdependientes. Así, se añadirá un nuevo apartado al artículo 3 que establecerá que «las actuaciones de salud pública seguirán un enfoque unificador e integrado que procure equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas, reconociendo su estrecha relación e interdependencia, interpelando a múltiples sectores, disciplinas y comunidades a trabajar conjuntamente para promover el bienestar y neutralizar las amenazas para la salud y los ecosistemas».

En este sentido, la citada memoria del anteproyecto hace hincapié en la necesidad de prestar atención al surgimiento de nuevas enfermedades en España, como el dengue o el virus del Nilo, o a enfermedades zoonóticas «fruto del cambio climático y las consecuentes modificaciones de los nichos ecológicos de especies vectores o transmisores de enfermedades infecciosas».

Entre las tareas de la Aesap hay un punto relativo a la comunicación en materia de salud pública en el que se resalta el refuerzo de las actuaciones «para prevenir y combatir la desinformación y la propagación de información errónea y falsa en materia de salud pública». Para ello, los empleados que lleven a cabo esta tarea deberán «realizar un seguimiento de los mensajes negacionistas, de la infodemia y desinformación para combatirlo y buscar soluciones compartidas con otras administraciones públicas para contrarrestarlos».

La presidencia de la agencia recaerá en la persona que esté al frente de la secretaría de Estado de Sanidad, actualmente Javier Padilla, número dos de Mónica García. Será él quien encabece el consejo rector, cuyo vicepresidente será el director general de Salud Pública -a día de hoy es Pedro Gullón- que contará con 14 vocales, entre los que se encuentran el director de la Aesap, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), el director del Instituto de Salud Carlos III o representantes de las comunidades autónomas.

Será este órgano el que elija al director de la agencia entre una terna de candidatos que propondrá la persona que en ese momento ocupe la presidencia. El director, afirma la propuesta de estatuto, será elegido «entre profesionales con titulación superior, atendiendo a criterios de competencia profesional, experiencia en salud pública y en las funciones desarrolladas por la Aesap y en puestos directivos de la administración, una vez oídas las sociedades científicas más representativas en el ámbito de la salud pública».

El Gobierno estima que los gastos que necesitará la Aesap ascenderán a 14.266.683 euros, sin contar con los derivados de su sede, pues aún no se conoce la ubicación en la que estará, aunque hay varias ciudades que llevan años -la creación de la Agencia se anunció cuando al frente de Sanidad estaba Carolina Darias- postulándose para acogerla Granada o Zaragoza. Pero en su plan de actuación para los próximos años, el Gobierno establece los criterios que deberá tener el lugar que la acoja: contar con entre 3.500 y 4.000 metros cuadrados de espacio útil. En principio, la Aesap contará con una plantilla de 251 empleados públicos, aunque se espera poder aumentarla cuando ya esté completamente operativa. Para ello se realizarán contrataciones, pero se recurrirá también a 49 trabajadores del Ministerio de Sanidad, concretamente de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral y del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). Al frente de este último se sitúa Fernando Simón, uno de los nombres que en el pasado más reciente sonaban para dirigir la agencia. También pasarán a la Aesap 13 trabajadores del Instituto de Salud Carlos III, concretamente 12 del Centro Nacional de Epidemiología y uno del Centro Nacional de Medicina Tropical. La agencia asumirá funciones que hasta ahora realizaban estos organismos.