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Igualdad pregunta por carta a las autonomías «si están al tanto de sus obligaciones» con el aborto

La ministra Ana Redondo se dirige a las comunidades para que eliminen todos los obstáculos a dispensar anticonceptivos de larga duración

El Constitucional avala la reforma que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin consentimiento paterno

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (en el centro), durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el pasado lunes en el Senado EFE
E. Montañés

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pide a las comunidades autónomas «esfuerzos coordinados» para «eliminar las barreras» que todavía se alzan para el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración, con el objetivo de asegurar así una «accesibilidad integral» en todo el territorio nacional. Sin mencionarlo, la ministra refiere un reciente informe elaborado por la Federación de Planificación Familiar (Sedra) y que concluía que tres comunidades autónomas (Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias) no procuraban la píldora poscoital de manera gratuita a las usuarias del Sistema Nacional de Salud.

Redondo se ha dirigido por carta a todos los responsables autonómicos de las políticas de Igualdad con el propósito, según informan desde el mismo departamento, de «asegurar que desde las comunidades autónomas están al tanto de las obligaciones que se derivan de la reforma de la Ley del Aborto, que entró en vigor el 28 de febrero de 2023«. Esta misma semana el Tribunal Constitucional ha avalado por siete votos frente a cuatro de los magistrados conservadores la reforma que activó Irene Montero desde el Ministerio de Igualdad la pasada legislatura.

La ministra ha recordado en su misiva que el cumplimiento homogéneo de la ley en todas las comunidades autónomas «supone garantizar el acceso igualitario a los métodos anticonceptivos».

En los hospitales públicos y a menores

Igualmente, la titular de Igualdad ha compartido el «compromiso» del ministerio que dirige «con la legalidad y la igualdad en el acceso a la salud reproductiva y sexual» de las mujeres que se tiene que brindar en todos los hospitales públicos, según la norma, y también a menores de 16 y 17 años que no cuenten con el consentimiento paterno, según el respaldo judicial.

Para finalizar su misiva, la ministra Redondo se pone «a disposición» de los consejeros regionales para «colaborar en la implementación de estas medidas y asegurar el pleno cumplimiento de la normativa vigente».

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