«Los grupos que utilizan el lavado de cerebro tienen impunidad total»
Varias entidades presentan 300.000 firmas en el Congreso para que incorpore el delito de «persuasión coercitiva» al Código Penal
Trescientas mil firmas para que el «lavado de cerebro» sea delito
![Sara López, Juantxo Domínguez, Carlos Bardavío y Alberto Aguilar tras entregar las firmas en el registro del Congreso](https://s1.abcstatics.com/abc/www/multimedia/sociedad/2024/09/27/grupo-firma-RtsaW0lKslJ7zlsBa7KWp2O-1200x840@diario_abc.jpg)
Un grupo de entidades de ayuda a víctimas, coordinados por RedUNE ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados más de 300.000 firmas para pedir «la tipificación penal de la persuasión coercitiva». Los promotores, que ya han iniciado contactos con varios ... grupos parlamentarios, entre ellos el socialista, Sumar y, este mismo jueves, con el Popular, e muestran optimistas y confían en que en unos meses se modifique el Código Penal y la legislación española sobre la «manipulación psicológica» sea equiparable a la de algunos países de nuestro entorno, como Francia, Bélgica, Luxemburgo o Reino Unido.
«Los grupos que utilizan estas técnicas de lavado de cerebro para captar adeptos han tenido, hasta la fecha, una impunidad total», ha explicado a ABC el director de RedUNE, Juantxo Domínguez a la salida del Congreso. «Esta propuesta no surge de la noche a la mañana, lleva detrás mucho tiempo de trabajo», ha añadido, en relación a las diferentes entidades que la respaldan. «Desde hace décadas prestigiosos estudios en psicología vienen demostrando una especial forma de anular o restringir la voluntad de las personas que está generando miles de víctimas en España y en el mundo», ha explicado.
Por su parte, el abogado Carlos Bardavío, especializado en sectas y encargado de redactar la propuesta ha destacado las dificultades tanto «para las víctimas a la hora de denunciar» como para jueces y letrados a la hora de encarar las denuncias, dada la ambigüedad de la actual legislación. De ahí que sea necesaria una reforma de este tipo, que se trata de «una norma que protege a cualquier tipo de víctima sea de una secta o no». «No es una ley contra las sectas sino contra un comportamiento criminal», ha aclarado.
De hecho, según Domínguez, «el panorama en el uso de estas técnicas de lavado de cerebro ha cambiado mucho y ya no se reduce a grupos religiosos». En ese sentido han detectado casos en propuestas camufladas como cursos de crecimiento y realización personal, planteamientos para alcanzar el éxito profesional o las inversiones, y falsos maestros de la sanación, tanto física como espiritual. Todos ellos han convertido las redes sociales en su principal vía para captar a las víctimas.
Entre los presentes también se encontraba Alberto Aguilar, el padre de Patricia Aguilar, la joven de Elche captada en 2017 por un gurú a través de internet y que fue liberada tiempo después en la selva de Perú. De hecho, la campaña de recogida de firmas se inició a partir del caso de Patricia, ante la impotencia que sintieron sus padres al comprobar que tanto las autoridades policiales y judiciales estaban atados de manos ya que la víctima era mayor de edad y, aparentemente, se había sumado voluntariamente al grupo sectario.
![Los representantes de las entidades posan ante el Congreso con las firmas que han recogido](https://s1.abcstatics.com/abc/www/multimedia/sociedad/2024/09/27/grupo-congreso-U07445723661LET-760x427@diario_abc.jpg)
«Al no tener una tipificación de esta persuasión coercitiva no tienes herramientas para sacar a la víctima de dónde está para, como mínimo, que la pueda atender un psicólogo y se pueda investigar, como nos ocurrió a nosotros», ha explicado a ABC. De hecho, en el caso de Patricia el gurú fue finalmente condenado por «trata de personas». Aguilar, que no es muy partidario de aparecer en medios de comunicación, ha explicado que ha acudido para «devolverle a la sociedad el apoyo que nos dio en aquellos momentos difíciles».
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Además también han estado presentes la Asociación de Víctimas de Santería, representada por su presidenta, Victoria Vélez de Guevara, y la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová (AEVTJ), con su presidente Israel Flórez y su secretario, Enrique Carmona.
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