Un grupo de expertos propone crear una Autoridad Nacional del Agua para centralizar la gestión hídrica

Así lo atestigua el informe 'El agua en España', presentado este martes por la entidad con la presencia de la exministra del PP, Isabel García Tejerina, o del responsable de riesgos climáticos de COAG, Jorge Fraile. El informe concluye que la gobernanza del agua en España es particularmente compleja debido a la maraña de administraciones, territorios y competencias que involucra. En muchos casos, esto deriva en descoordinación.

«Las capas involucradas en la gobernanza del agua no están coordinadas y no tienen ningún impulso para desbloquear las obras que están identificadas por los técnicos, pero que luego los políticos no ejecutan», dice Toni Timoner, cofundador de Oikos y coautor del informe. Es una realidad que puede aplicarse tanto a las infraestructuras relacionadas con el riesgo de inundación -como ha quedado demostrado con el barranco del Poyo en las inundaciones en Valencia-, como en las obras necesarias para luchar contra la sequía -como reveló la posibilidad de tener que llevar agua potable en barco a Cataluña o Andalucía a principios de año-.

Los planes de gestión hidrológica existen, dice Timoner, el problema radica en que «el nivel de ejecución es insuficiente». Tampoco se hace un seguimiento adecuado sobre la evolución y ejecución de las infraestructuras planificadas. Así, muchas se quedan estancadas y van engrosando poco a poco la lista de tareas pendientes, hasta que el problema se cronifica. Una tendencia que se ha hecho más patente en los últimos años. «Se ha acentuado desde 2018, ha ido a más con el actual gobierno», asegura el economista.

De hecho, la cuenca del Júcar, protagonista de la DANA de octubre, no ha sido una excepción. Los datos analizados por el 'think tank' muestran que la obra hidráulica en la zona se había ido recuperando progresivamente en los últimos años del Gobierno de Mariano Rajoy, pero la llegada del Ejecutivo de Pedro Sánchez cambió radicalmente la tendencia y las obras no ejecutadas contra la gestión del riesgo de inundación se han acumulado desde entonces, especialmente las que ni llegan a tramitarse, tanto en el Júcar como en el resto de España.

«El modelo de gobernanza del agua actual ha dado amplias señales de su agotamiento. En muchos casos, no cumple adecuadamente su función y se revela incapaz de sostener las inversiones necesarias para garantizar una infraestructura a la altura del complejo ciclo del agua y las particularidades de España, y de sus diferentes autonomías y demarcaciones hidrográficas. Nuestro diagnóstico ha identificado varios problemas agudos, de entre los que sobresale, prioritariamente, la falta de transparencia, y vinculada a esta, la escasa efectividad de las políticas públicas», dice el informe.

En este contexto, la creación de una Autoridad Nacional del Agua serviría para centralizar la gestión hídrica. Proporcionaría una «visión integral del ciclo del agua, asegurando la correcta planificación y priorización de inversiones en infraestructuras hídricas, como redes de distribución y plantas de desalación, y resolvería el problema de fragmentación actual, donde múltiples entidades no siempre se alinean en sus enfoques, obstaculizando la toma de decisiones», dice el informe. Además, proponen, esta autoridad supervisaría el cumplimiento de la legislación hídrica a nivel nacional y garantizaría una distribución equitativa del recurso. Podría esquivar la parálisis actual.

No sería la única reforma. Oikos propone la creación de un Fondo Nacional del Agua para «abordar el déficit inversor anual de 3.000 millones de euros en infraestructuras hídricas en España», entre el 75 y el 85 por ciento de las necesidades de renovación de infraestructuras del país.

Porque la otra gran pata del problema de la gestión hídrica en España es presupuestaria: se trata de resolver dónde poner los recursos y también de cómo movilizar y captar el capital. Este fondo ayudaría a una «solidaridad financiera» entre autonomías, para que las regiones más afectadas por la escasez hídrica reciban inversiones proporcionales, por ejemplo.

No obstante, para Timoner no hay duda de que España necesita mejorar el trabajo para captar fondos, entre los que se incluyen los europeos. En especial con la perspectiva de que en los próximos años aumenten los fondos procedentes de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que podrán destinarse a prepararse contra los efectos del cambio climático. «Pero esos fondos hay que justificarlos, y depende del gobierno querer hacerlo y querer asignar estos fondos a la adaptación» climática, apunta Timoner.

Además, insiste el experto, este fondo se podría abrir a la inversión privada, financiando la modernización de redes, desaladoras y plantas de tratamiento. «Sin esta inversión, la escasez de agua se convertirá en un problema estructural que afectará no solo al sur y este del país, sino también a las zonas tradicionalmente menos vulnerables», dice el informe.

La otra pieza clave sería la tarificación del agua, ya que hoy el precio no refleja los costes, pero que requiere un sistema progresivo.

En cualquier caso, concluye el informe, «sin un cambio profundo en la gestión del agua, España está condenada a repetir los errores del pasado: medidas improvisadas que solo llegan cuando es demasiado tarde».