«El Gobierno muestra un claro desinterés por la tutela de los menores»

Érika Montañés

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11/07/2024 a las 04:32h.

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El sistema de tutela de menores en el país hace aguas. No hay un solo miembro implicado en el entramado que defienda ni el sistema de protección ni los protocolos de actuación que se desarrollan con los niños. Los problemas, en lo mollar, son los de siempre: por un lado, el dinero que cuesta tener a uno de estos menores bajo tutela administrativa (entre 3.000 y 4.000 euros mensuales a las arcas públicas); segundo, el Gobierno delega la responsabilidad en las comunidades porque es una competencia que está transferida y en el océano de servicios sociales, los derechos de estos niños se quedan muchas veces a la deriva; y en tercer lugar, la ratio (alta) que quema a los profesionales.

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Son muchos niños –según el último dato disponible, del año 2021, son 34.362– y pocos educadores, con ratios que en el ideal serían de 7-8 de promedio. Y que según el tamaño de los centros se dispara a jornadas maratonianas. «Lo primero que vimos en la comisión de expertos que encargó el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), tras el escándalo de los primeros 16 casos de menores prostituidos en la isla, fue que el nivel de control de los educadores hacia los muchachos es muy bajo». «Tampoco hay una distribución equitativa por centros: hay 'hogares' pequeños y otros de 8 miembros y más. No se entiende que alguien conciba un hogar de tantas personas». Lo dice a ABC Noemí Pereda, profesora titular de Victimología de la Universidad de Barcelona (UB) y coordinadora de aquel organismo que trabajó para el Consejo de Mallorca entre marzo y julio de 2020. Lo hicieron de modo paralelo a cómo transcurría la investigación en lo político, que como se sabe, se cerró con carpetazo e investigación por una misión europea.

En septiembre de aquel año 2020, bajo la batuta de Pereda, ya presentó su informe este sanedrín de especialistas: a saber, la doctora en Psicología en la Universidad del País Vasco Ignacia Arruabarrena, experta en el sistema de protección de menores («fue la única experta a la que yo pude proponer», concreta Pereda); Beatriz Benavente, psicóloga de la asociación Rana de abusos sexuales; dos miembros del IMAS corcenido en la investigación (Coral Mínguez y Cristian Sánchez); el profesor de Derecho de la Universidad de Islas Baleares Pedro Grimalt y Susana Pulido (de la Fundación Amaranta). El equipo de Pereda, con dos investigadoras más, se encargó de destripar los datos que iban recopilando de encuestas y entrevistas.

Y es que, tal y como recuerda ahora la profesora de Barcelona, el primer envite que tuvieron que sortear fue que estalló la pandemia unos días después de ser nombrados y con ella el confinamiento, así que buena parte de los trabajos se desarrollaron en remoto. Con los 16 expedientes (un varón y quince niñas) en la mano de los abusos denunciados en enero de 2020, Pereda y el grupo de expertos abordaron un escándalo de una mafia explotadora de menores al que casi no daban crédito. «Las violaciones, la situación médica de los menores, estaban muy desnutridos, algunos llevaban meses explotados... Estaban en situaciones inhumanas. Era todo escandaloso. Estaban prostituyéndose y preferían aquello a estar en los centros. Eso te hacía preguntarte por qué, cómo tenía que ser la situación dentro. Y es que la respuesta que nos encontramos en éste y otros casos es que, en primer lugar, no sienten que en el centro tengan un hogar».

El sistema mallorquín era carcelario. Cabe recordar que el caso de los 16 jóvenes explotados, que se escapaban de centros de tutela dependientes del IMAS, adscrito al Consell de Mallorca que dirigía la socialista Catalina Cladera, lo levantó una de las menores que, habiéndose fugado, fue violada la Nochebuena de 2019 por un grupo de hombres. Denunció y poco a poco se fue uniendo el resto, entre ellos un varón. «El chico fue muy valiente, sobre todo porque hay una falsa creencia de que las niñas son más abusadas. Y hay que tener cuidado con esto. Los varones son víctimas, pero sienten que si denuncian no se les creerá. Socialmente no se les reconoce como víctimas o se hace con más facilidad con las chicas. Y la asimetría en estos casos no es el género, es la edad. Adultos de fuera explotan a menores de dentro y les hacen creer que son 'su familia' o su red de apoyo». Hasta tal punto es así, dice la investigadora en Psicología Clínica y de la Salud, que, en el caso mallorquín, la mafia que se hacía de oro ofreciendo los servicios sexuales de estos tutelados les inculcó que aquello era «un intercambio de sexo» por «deudas que habían contraído: de consumo de sustancias, traslados en cayucos y de otras situaciones». «A las chicas las obligaban a llamarse 'hermanas' entre ellas. Y tenían tal nivel de daño que podían hacer lo que quisieran con ellas». Los 30 centros de Mallorca dependían del IMAS y el diagnóstico se repetía.

«El porcentaje de menores fugados supera el 50% de los casos. No sienten que el centro sea su hogar»

Noemí Pereda

Profesora titular de Victimología de la Universidad de Barcelona (UB)

«Para mí –enfatiza Pereda–, lo fundamental era trabajar con transparencia. No hubo presiones políticas», a pesar de que había miembros del IMAS en la composición del organismo.

La «satisfacción» es que el Gobierno actual de Marga Prohens ha mantenido las recomendaciones que se presentaron entonces y comenzaron a implementarse: protocolos de actuación porque los educadores «reconocían que no sabían ni lo que significa 'ser explotados'» ni que se fugaban del centro («fugas reiteradas, pasaban una noche fuera, volvían y no ocurría «nada»); implementaron una herramienta de evaluación del nivel de riesgo de cada menor (la guía EDR-ESIA, de uso ahora en todo el país) e, incluso, medidas de prevención para actuar antes de que sucedan estas situaciones. «Yo diría que ahora Baleares tiene a los chavales más protegidos del país», asegura Pereda, aunque reconoce su «frustración» porque el sistema de protección de menores no recabe la atención necesaria.

«Estamos hablando de que el derecho superior de los niños impera, y aquí no se tiene en cuenta que son niños muy vulnerables, problemáticos, cuya retirada de las familias es muy tardía y se hace a velocidad muy lenta. Las retiradas son un fracaso social, no soy partidaria de ellas. El sistema debe procurar que todo niño esté con su familia. Y en caso de que se demuestre que, por las circunstancias que sean (maltrato, violencia intrafamiliar, consumo, salud mental), no puede volver con su familia, hay que ofrecerle un entorno alternativo y que esté con otra familia, pero no en un centro en el que no quiere y del que se va a escapar (así sucede en más del 50% de los casos)».

Dos comunidades han tomado nota. Cantabria y Aragón han pedido al equipo de Pereda –uno de los pocos especializados en este campo– que haga un informe de diagnóstico de su situación. Mallorca fue el punto de inflexión. Luego afloraron más casos. No obstante, acredita Pereda, «el Gobierno central sigue mostrando gran desinterés. Nos dicen que ya no depende del Ministerio de Derechos Sociales, sino del de Juventud e Infancia, pero el equipo del ministerio ni siquiera se presentó a nuestro último informe, al que les invitamos. No les preocupa este asunto. Lo delegan en las comunidades y éstas lo abordan sin un plan general, cada una según considere». Una necesidad es ésa. Otra es la creación de un centro de intervención intensiva estatal para niños vulnerados como tienen otros países, aboga la experta.