El escándalo de las menores prostituidas: las comunidades «se despreocupan» de la tutela administrativa
Antes que a Asturias a Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco también les salpicó la ineficaz gestión de los centros de protección
Francisco Cárdenas: «Unos pocos tienen muy bien montado el sistema de protección de menores en España»
El lío político que provocó en Baleares destapar la nefasta gestión administrativa de los centros de protección se intentó apaciguar dando un sonoro carpetazo a las comisiones de investigación. No hubo responsables políticos o sociales, se aupó incluso a quien fuera responsable del Instituto ... Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). El IMAS es el organismo insular del que dependen la mayoría de centros de tutela. La confesión de una chica de 13 años de una violación grupal que se habría producido en la Nochebuena de 2019 en el barrio palmesano de Camp Redó abrió la caja de los truenos y descubrió una realidad oculta hasta entonces para la opinión pública. La menor contó que había un grupo que reclutaba a jóvenes tuteladas para que mantuvieran relaciones sexuales a cambio de droga, dinero y dádivas. Las autoridades admitieron que 16 jóvenes habían sufrido abusos estando bajo su tutela. El goteo de casos desde entonces fue continuo.
Cómo regulan los centros de menores en Francia, Bélgica o Italia: «El problema es que en España la Administración invade el poder del juez»
La experta en Derecho de la Universidad de Grenoble Célestine Villuendas retrata en el libro 'Tutelados' al sistema español en comparación al de otros países. Resultado: perdemos
El asunto llegó a Bruselas, que envió una misión de europarlamentarios que infirió que había «fallos sistémicos en el funcionamiento histórico del sistema de tutela».
En Comunidad Valenciana solo el caso sonado del exmarido de la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra arrojó algo de luz sobre los turbios movimientos en algunos centros dependientes del Govern. El Supremo confirmó la condena a cinco años de prisión a Luis Ramírez por haber cometido, cuando era monitor en un centro de menores, abusos sexuales a una chica de 16 años tutelada por el Ejecutivo valenciano. Oltra fue exculpada de encubrir los hechos acaecidos entre 2016 y 2017.
Trama alavesa
Otra comunidad asaltada por estas tramas de prostitución fue País Vasco. En 2016 se desmanteló una red clientelar, con doce condenados y once víctimas de 14 a 17 años. La denuncia partió del director de uno de los centros de la Diputación de Álava donde residían las chicas. Las noticias no han cesado. El pasado marzo la Ertzaintza indagó en el caso de al menos tres adolescentes que habrían mantenido encuentros íntimos con adultos orquestados por un joven veinteañero –ya en prisión– a cambio de dinero. Las jóvenes tuteladas en pisos forales tenían entre 14 y 16 años.
Francisco Cárdenas, presidente de la Asociación para la Defensa del Menor, asegura que solo salen unas pocas noticias, pero que se están cometiendo auténticas tropelías y que la opacidad del sistema es total. No existe un recuento que permita dimensionar el problema ni una estadística fidedigna por autonomías o sobre cuáles dan problemas. De hecho, la respuesta de la Administración es tibia, llegando a mostrar un desinterés casi total, como atestigua en su último informe el Defensor del Pueblo. La institución se plantea elaborar una radiografía sobre esta lacra, aunque afea que «la información facilitada por las comunidades es irregular y expresiva de que esta problemática, hasta hace bien poco, no estaba adecuadamente atendida».
Asimismo, según Aprodeme, el 40% de los tutelados se fugan y tampoco se computan. Y esto es importante porque es en esas huidas cuando escapan a cualquier control administrativo y pueden echarse en manos de mafias de prostitución como el último caso en Asturias.
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