La gestión de Isabel García pone bajo el foco a los puntos violeta, un «instrumento» promovido desde Igualdad que recoge el Pacto de Estado

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Érika Montañés

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El responsable de una asociación de víctimas de violencia machista explica a ABC «lo fácil» que es adjudicar un «contrato menor» desde un ayuntamiento para colocar un punto violeta normalmente con motivo de unas fiestas patronales o festivales. En ese punto hay personal ubicado en una carpa, una mesa o una caseta para «informar» acerca de posibles agresiones. «El consistorio convoca a dos o tres entidades que pueden gestionar ese espacio de acompañamiento y atención a las víctimas; no es una licitación pública, sino que tú te postulas y lo haces a la cantidad máxima, por ejemplo, 5.000 euros que te dan si lo gestionas. Optas con la cuantía máxima porque quieres que ese dinero revierta en los recursos que destinarás a las mujeres, pero se lo adjudican a otra que ha optado por una cantidad inferior. No es extraño lo que ha ocurrido con la empresa de las García». Lo importante, según la misma fuente, es que el «espacio tenga el personal adecuado: a saber, una psicóloga especializada en violencia de género y personal para saber acompañar y tratar a una posible víctima, porque en todos los puntos se denuncian normalmente agresiones, como ha ocurrido en los últimos sanfermines».

Al calor del asesinato de Nagore Laffage el 7 de julio de 2008 se lanzó precisamente la idea de crear estos espacios. Al principio surgió de modo vecinal. Agrupaciones feministas y vecinales de ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao y Pamplona se plantearon una fórmula para prevenir agresiones sexuales en entornos lúdicos. Fue la capital navarra en los sanfermines de 2015 el primer ayuntamiento que montó una caseta para dar información sobre este tipo de actos.

Los puntos violeta se recogieron en el Pacto de Estado de 2017. Los presupuestos del acuerdo de las fuerzas parlamentarias en 2018 fueron los primeros que destinaron una partida para estos espacios. El estallido social que provocó otro San Fermín en Pamplona, el de 2016 y la violación grupal de una joven de 18 años por los cinco amigos de 'La Manada de Sevilla', fue recogido por Irene Montero para relanzar la necesidad de colocar puntos morados en todos los eventos festivos y culturales.

Ocurrió en julio de 2021 cuando la exministra de Igualdad los impulsó como un stand informativo, un espacio físico para denunciar las agresiones machistas. Se quiso «implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres. Forma parte del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización impulsado por del Gobierno de España en el contexto de alarma machista de los últimos meses [tras la pandemia] y supone un cambio de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas, situando la violencia machista como un problema estructural que requiere de la implicación del conjunto de la sociedad para acabar con ella». En lo mollar, su finalidad se concreta como punto informativo («facilitar información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista a establecimientos, entidades, empresas, organismos públicos») y de cercanía a las víctimas o sus conocidos («acercar los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno»).

«El ayuntamiento ofrece el concurso menor a dos-tres entidades capaces de gestionar con personal el stand informativo con motivo de unas fiestas patronales o festivales»

La hoy ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció recientemente que todos los organismos públicos, tales como las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y las oficinas de la Seguridad Social se van a convertir en puntos violeta de denuncia e información en el país. También denunció en un mapa publicado en Ferraz el «mapa de la vergüenza» con 130 «retrocesos» que gobiernos autonómicos de PP y Vox han dado en el avance hacia la igualdad, según el aparato socialista, pese a que cunden las denuncias de que ayuntamientos del PSOE incumplen el Pacto de Estado en su gasto de los fondos públicos. A ello se sumaría ahora la denuncia de corruptela por municipios del PSOE con la gestión amañada de sus puntos violeta.

Y es que el citado medio 'El Español' pone contra las cuerdas a la directora, que anunció que se querellará por esta publicación. Sin embargo, la ministra de Igualdad afirmó en los pasillos del Parlamento que iba a pedir explicaciones urgentes a García. «Voy a escucharla», aseveró. Aseguró que iba a hablar con ella «esta mañana» (por ayer). Luego intervino en la Cámara Alta a cuenta del dictamen de la ley de Paridad y disparó al PP por «evitar dar pasos firmes» hacia la igualdad.

Por su parte, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, emplazó al PSOE a que «sus altos cargos dejen de lucrarse con el dinero de la violencia de género». Al cierre de esta edición no había trascendido la decisión de Redondo sobre el futuro de García.

El nombramiento de la directora del Instituto de las Mujeres se publicó el 29 de diciembre de 2023 y en este medio año largo cosecha sonoras polémicas, siendo su designación motivo de la principal. Los tuits ofensivos a personas trans que publicó (y borró al llegar al cargo) desataron al colectivo, que pidió su dimisión. La ministra conminó a darle una segunda oportunidad. «La avala su trayectoria», dijo.