Secretario General de la Conferencia Episcopal
García Magán: «Es lamentable que se hagan leyes sin un consenso social»
El secretario de los obispos confía en que no se denuncien los acuerdos Iglesia—Estado porque no dependen de la mayoría sociológica del catolicismo
Los abusos a menores son «un estigma social porque la Iglesia también está en el mundo y se ha contaminado»
Tres semanas después de ser elegido como secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán analiza para ABC algunas de las cuestiones clave que afronta la Iglesia católica en España en el próximo quinquenio. Un análisis para el que, el también obispo auxiliar de Toledo, hace uso de la escuela diplomática aprendida tras su paso por varias nunciaturas. El nuevo secretario, que asume también la portavocía, va a ser la cara visible del Episcopado en los próximos años, en los que cambiará toda la cúpula de la Conferencia y se jubilará un tercio de los actuales obispos.
— Tanto en las conclusiones del Sínodo como en declaraciones del Papa Francisco se ha planteado que ha llegado la hora de que los laicos, y en especial las mujeres, asuman puestos de responsabilidad en la Iglesia. ¿Está en su línea de trabajo el incorporar este tipo de rostros en la casa de la Iglesia?
— Sin duda. Ya tenemos en el actual organigrama mujeres que son directoras de secretariado, secretarias de comisiones o jefas de servicio. Pero seguramente habrá más, sin duda. Es importante la incorporación de las mujeres a esta tarea, porque hombres y mujeres somos iguales en dignidad y en derechos. Dice el libro del Génesis que Dios los creó hombre y mujer. Y vio Dios que era bueno, muy bueno. Desde esa complementariedad psicológica, afectiva, humana antropológica, la aproximación de la mujer al misterio de Dios, de la Iglesia, puede captar aspectos, dimensiones, que son más difíciles de captar para la psicología femenina.
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—España se encuentra sumida en un proceso de secularización que llevará a que, en 2024, menos de la mitad de los españoles se declaren católicos, un fenómeno que no se daba desde la Reconquista. ¿Cómo lo piensan frenar?
—Es un fenómeno que ocurre en toda Europa, no solo en España. Mi experiencia de trabajo para la Santa Sede me ha enseñado que hay puntos del planeta donde la Iglesia está pujante, pero en Occidente es verdad que surge esto. En otros países europeos donde nos llevan ventaja —sería mejor decir desventaja— en esa crisis, lo que vemos es un germen de cristianos muy comprometidos. El número ha podido bajar, pero no sé si la cualidad ha ido pareja al descenso de número. El reto más importante es la transmisión de esa fe. El reto es que la Iglesia tiene que decir que el Evangelio es 'buena nueva' que tiene algo que aportar al hombre y a la mujer de ahora y no es una pieza de museo. Dice san Pablo VI que la Iglesia existe por y para la evangelización, lo demás viene después, por añadidura.
—El hecho de que deje de ser la confesión mayoritaria sí puede afectar a temas como los acuerdos Iglesia-Estado, cuya denuncia se agita todas las campañas electorales. ¿No lo cree así?
—Los acuerdos están firmados con la Santa Sede que es un sujeto de derecho internacional y tiene personalidad jurídica propia. Son tratados de derecho internacional, cumplen todos los requisitos de los acuerdos de este tipo y con el 'iter' constitucional, ya que firmaron cuando ya estaba vigente. Si falla la mayoría social, no importa. La Santa Sede tiene acuerdos vigentes con estados donde los católicos son una minoría. Por otra parte, les rige el derecho internacional de tratados y la Convención de Viena, por lo que la denuncia unilateral de una de las partes contratantes no anula el tratado. Así que una persona no puede acabar con ellos, porque tendría que ser una solución acordada.
— Si Dios quiere, y el Papa no le nombra arzobispo en estos cinco años, va a vivir una transformación de la cúpula de la Iglesia española. En este tiempo van a cambiar los arzobispos de Madrid y Barcelona, y por tanto, el presidente y vicepresidente de la Conferencia y en torno a un tercio de los obispos serán sustituidos por jubilación. Va a tener que ser agente de esta transición ¿Cómo va a ser la Iglesia que salga de ese proceso?
— A mi me va a tocar, pero como testigo…
—...testigo privilegiado.
— Sí, testigo privilegiado, se lo compro. Aparte de lo que es propio del ministerio sacerdotal, el servicio, para mi es un privilegio estar en esta casa, pulsar casi cada día la vitalidad de las diócesis y las realidades eclesiales en España. Efectivamente, estamos en una en una época con una serie de circunstancias generacionales muy singular, que quizá habría que remontarse a la primera etapa del Concilio para poder parecer un cambio similar en el rostro del Episcopado en España. Pero en los últimos dos años quizás ha habido una cantidad de nombramientos grande. Pero mire, una de las ventajas de la Iglesia es que aquí no se programa a cuatro años vista o a cinco años vista, como tiene que hacer un gobierno, o como tiene que hacer una estrategia de marketing o de comunicación. Aquí somos eslabones de una cadena. Es evidente que cada uno colorea el cargo, plantea el servicio desde su singularidad psicológica, de formación, etc., pero en las cosas fundamentales hay una continuidad. Yo creo que eso es la gran riqueza de la Iglesia.
—Comenta que se están renovando obispos, pero viendo que hay casi un tercio con la renuncia presentada o a punto de hacerlo, parece que hay un atasco en ese proceso. ¿Tiene responsabilidad en ello la «comisión de ayuda» al Nuncio, una peculiaridad que solo se da en España?
—El trabajo de la Nunciatura, y lo puedo decir también por experiencia propia, es muy serio, profundo y exhaustivo. Preparar la provisión para una terna, es un trabajo muy arduo que implica recopilar mucha información. No solamente se pregunta a obispos y sacerdotes, sino a laicos y laicas, consagradas. Hay que tabular todo eso, sintetizar, enviarlo. Y además…
—…contentar a todas las sensibilidades y a los padrinos…
—Bueno, el trabajo de la provisión tiene tres fases. Una de instrucción que es la tarea de la Nunciatura. Hay una segunda fase de estudio y análisis que corresponde al dicasterio para los Obispos y una tercera fase en la que el Santo Padre decide. Cada etapa tiene sus tiempos, su calendario y cuando se trabaja con personas contamos también con sus tiempos de respuesta. El trabajo entra dentro de una lógica normal.
—Comentó que había recibido la felicitación personal de una autoridad nacional y entendimos entrelíneas que se refería al ministro Albares, al que conoce personalmente de su etapa como diplomático. ¿Va eso a favorecer que la relación del Episcopado con el Gobierno sea más fácil y fluida?
—Hay varios diálogos abiertos, pero todavía no he tenido ningún encuentro con ministros o altos cargos, Los tendremos después de Navidad. Es importante cuando somos capaces de traspasar el traje que lleva la persona —y por traje entiendo el cargo— y descubrimos la persona que hay detrás, aunque el cargo nos pueda parecer no del todo simpático. Cuando eres capaz de encontrarte a la persona, se gana muchas cosas. Evidentemente, si hay una relación personal previa, ese encuentro personal ya se ha producido.
—Aparte de las comisiones de trabajo, las relaciones con este Gobierno son complejas en la medida en que promueven leyes basadas en una antropología muy lejana a la de la Iglesia. Es el caso de la ley de familia o la del aborto. Hace años, los obispos llegaron a salir a la calle en manifestación contra propuestas similares. ¿Cómo van a dar respuesta a estas normas?
—La posición de la Iglesia, y la Iglesia somos todos, se debe escuchar y respetar. Porque si no, hay un peligro en cuestiones fundamentales, como son las que tocan a la dimensión antropológica de la persona, la vida en familia y la educación. Es muy lamentable que se quieran hacer leyes que no tengan una amplia mayoría parlamentaria, un consenso social, porque se está imponiendo, o en peligro de imponer, una ideología a una parte de la sociedad que tiene todo el derecho a no aceptar eso, porque toca a valores fundamentales. Y tenemos también el peligro de que caigamos en lo que pasa con la ley de Educación, que cada cuatro años, una ley nueva. Es fundamental en esos temas escuchar y llegar a acuerdos, como se hizo con la Constitución.
—Un detalle coincidente en estas normas es que hurta a los padres decidir sobre los hijos, como por ejemplo ante las menores que quieren abortar o a la hora de elegir los modelos familiares que se les va a explicar en el colegio…
Eso es privar a los padres de un derecho fundamental que está reconocido por la Constitución.
—En unos meses se presentarán las conclusiones de la investigación sobre abusos que han encargado ¿Cómo se están preparando los obispos para ese momento?
—Desde hace tiempo ya se están preparando. Fruto de una petición que llegó de la Santa Sede se crearon todas las oficinas de protección al menor en todas las diócesis. En esta última Plenaria ha habido dos avances. Uno es la aprobación de un protocolo marco, que ya tenían muchas diócesis. Y luego un capítulo que tiene que ver con la justicia restaurativa, de una aproximación pastoral que va más allá de lo meramente jurídico, para ir a la línea de salir al encuentro de la persona.
—¿Da la sensación que la cuestión de los abusos se está convirtiendo en un estigma para la Iglesia como supuso la mancha de la Inquisición durante siglos. Hace poco la Fundación BBVA publicaba un estudio que situaba a los sacerdotes entre los que menos confía la sociedad española, junto a sindicalistas, políticos e 'influencers' ¿Qué puede hacer la Iglesia frente a eso?
—Es un estigma. Es un estigma social porque es un problema social , porque la Iglesia está en el mundo y también se ha contaminado y se ha manchado con eso. El aspecto positivo es que hubo una maduración de la conciencia y se dio cuenta la sociedad. El foco está puesto en la Iglesia porque es verdad que ha habido casos, pero es un problema social y ojalá que toda la sociedad madure en todos los ámbitos para que no vuelva a ocurrir.
—Decía el jesuita Hans Zollner que los obispos han aprendido a decir en público que el protagonismo tiene que ser de las víctimas, pero no siempre ese discurso es sincero. En ese sentido ¿tienen previsto un acto público de reparación? Podría ser simbólico que en una Plenaria les visitaran algunas víctimas para contarles su testimonio.
—Me consta de obispos que ya han recibido a víctimas, como el propio presidente de la Conferencia Episcopal en esta casa. Ha habido obispos que han tenido encuentros de ese tipo, pero también ha habido casos en que se ha ofrecido y la persona ha dicho que no..
—Me refería más a un acto público, con un carácter simbólico, al estilo de la petición de perdón que hizo Juan Pablo II antes del Jubileo…
—Se está tratando caso por caso, porque la pluralidad es muy grande y algunos no han querido ese encuentro. Prefieren cerrar ese capítulo duro y difícil y que ha dejado una cicatriz en su vida. Hay que respetar esa intimidad de las víctimas. Pero los obispos en sus diócesis lo están haciendo ahora.
—Hay una caso que puede ser paradigmático, el del colegio de Gaztelueta. Me da la sensación de que el Papa, con la orden de reabrirlo, está poniendo una especie de enmienda a la política antiabusos de la Conferencia Episcopal. Y no sólo porque el Pontífice, con esta decisión, se haya saltado la irretroactividad de la ley, sino por el hecho de que ha grabado para televisión una entrevista con esta víctima, que de todas las españolas reúne que pertenece a una asociación que niega la legitimidad de Cremades para hacer esa investigación y que, su padre, como diputado del PSOE, es uno de los promotores de la investigación que ha encargado el Congreso al Defensor del Pueblo. ¿Cómo lo entiende Ud.?
—Bueno, enmienda a la Conferencia Episcopal espero que no, porque como le acabo de decir hemos aprobado, y además con buena nota, el protocolo marco y las líneas guías. Por otra parte, sobre el caso concreto, es un tema delicado, está en los medios, está 'sub iudice' desde el punto de vista canónico, porque es evidente que el Papa ha nombrado esto. Y también en la via civil hay una sentencia del Tribunal Supremo. Así que tienen que hablar los jueces.
—El presidente Sánchez dijo hace unas semanas en el Parlamento que los españoles se desayunan escuchando las opiniones de la Conferencia Episcopal a través de la radio. No es la primera vez que desde el Gobierno les critican por alguno de sus medios de comunicación ¿Le sale a cuenta seguir manteniendo estos medios?
—La Iglesia es en la COPE, o mejor dicho en Ábside media, el accionista mayoritario, pero hay otros. Es decir, que la COPE no es Radio Vaticana. La relación es otra, de respeto a la profesionalidad de quienes están tanto en la radio como en la televisión. Hay una línea editorial que representa la posición del mayor accionista, pero luego está la responsabilidad de las personas que trabajan ahí. Aquí no se hace un dictado a cada uno por las mañanas de lo que tienen que decir. Hay autonomía. A lo mejor en otros ámbitos o estamentos se creen que si allí se hacen dictados nosotros también lo hacemos. Pero no.
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