Los consejeros del PP temen una huelga de médicos si Mónica García no cede en el Estatuto Marco

Elena Calvo

Madrid

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12/02/2025
Actualizado a las 16:26h.

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No solo los profesionales sanitarios están enfadados con la propuesta del Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco -la norma que regula sus condiciones laborales-, también las comunidades autónomas han manifestado su malestar por no haber contado con ellas, que son las que tienen las competencias sanitarias en sus territorios, para elaborarlo. De hecho, los representantes de la sanidad autonómica del PP, que son mayoría, han denunciado que el borrador del departamento de Mónica García invade sus competencias y además temen que el malestar generado pueda derivar en una huelga de los profesionales, lo que impactará de lleno, dicen, en pacientes y comunidades.

«Nos oponemos a la pérdida de competencias de este borrador», ha sentenciado el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en nombre de todos los responsables populares, antes de reunirse con la ministra de Sanidad. Ha calificado de «enfermiza» la «voluntad» de Mónica García para «invadir competencias de las autonomías cuando es incapaz de desarrollar las suyas, como en el Ingesa (el organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, que ostenta las competencias sanitarias en Ceuta y Melilla)».

Les inquieta además que el malestar de los profesionales, especialmente creciente entre el colectivo médico, acabe en una huelga, pues los profesionales ya han comenzado a llevar a cabo varias acciones, como las concentraciones de protesta que tuvieron lugar este lunes frente a centros sanitarios y la concentración que protagonizarán el jueves frente al Ministerio de Sanidad. «Estamos enormemente preocupados por el malestar que tienen los profesionales, y más en un momento en el que son un bien escaso. La ministra ha tenido la virtud de enfadar a todos los profesionales a la vez, que ya se han movilizado contra ella. Pero creemos que van a ir más allá y que se les va a forzar a ir a una huelga que al final va contra los pacientes y contra las comunidades autónomas que somos las que gestionamos el sistema», ha lamentado Vázquez.

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Además, los consejeros del PP denuncian que el borrador que les ha hecho llegar Sanidad no contemple una memoria económica ni establezca cómo será la financiación para poder implantar todas las medidas. Sus cálculos, han dicho los responsables autonómicos de Sanidad, contemplan «miles de millones» de euros que serán necesarios.

El hecho de no haber contado con ellas para elaborar el texto, ha insistido Vázquez, es muestra del «desprecio» y «falta de lealtad institucional» con las comunidades autónomas. Ha advertido además a la ministra de que las autonomías «no tolerarán ningún tipo de imposición».

En la misma línea se ha mostrado la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, que se ha referido también a la «falta de lealtad institucional» del ministerio al no haber trabajado con las comunidades ese texto. Ha insistido en que durante el encuentro todas las comunidades autónomas, no solo las populares, han trasladado este malestar al ministerio.

Matute también ha criticado que el borrador que plantea Sanidad es «lesivo, regresivo y bastante intervencionista». Su implantación, considera, no es viable. «Adolece de muchos fallos y de muchas incongruencias. Hay muchos puntos que se contradicen con otros. Su implantación no sería viable porque se vería que tiene muchos fallos y no se puede llevar a la práctica», ha lanzado.

La voluntad, han insistido los representantes autonómicos, es de diálogo para conseguir una norma que cumpla con las expectativas de los profesionales sanitarios, mejore el sistema y recoja las singularidades de cada una de las categorías profesionales que lo componen. Hay puntos en los que coinciden, ha resaltado Matute, pero también «líneas rojas», por lo que han pedido a Sanidad un cronograma de actuación.

Por su parte, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha destacado tras el encuentro que los consejeros han mostrado «puntos de disenso y consenso» y confía en poder sacar el texto adelante trabajándolo con comunidades autónomas y sindicatos. Sobre las críticas a la ausencia de una memoria económica, el número dos del ministerio ha aludido a que primero se debe acordar la estructura de la norma, y una vez avance en su tramitación «se hacen los elementos de análisis del impacto económico».

Pero las negociaciones del Estatuto Marco siguen generando tensiones entre los profesionales sanitarios y el ministerio. Este miércoles, las organizaciones sindicales FSES, CCOO, UGT Servicios Públicos, CSIF y CIG Saude, con representación en la Mesa del Ámbito de Sanidad, han remitido una carta a Mónica García en la que anuncian que aplazarán las reuniones ya agendadas sobre el asunto mientras no se celebre un encuentro urgente en el que esté presente la ministra en el que se «aclaren» los términos en los que se llevará a cabo la negociación. El próximo encuentro estaba previsto para este jueves, pero finalmente se ha suspendido.

Además, este jueves los sindicatos médicos han convocado una gran concentración frente al ministerio para dar muestra de su descontento con algunos de los puntos que propone Sanidad, especialmente aquellos que tienen que ver con la jornada, las guardias, la clasificación profesional o el régimen de incompatibilidades. Los facultativos reclaman un estatuto marco específico para su profesión, algo que el ministerio ya ha rechazado. En esto último, coincide con Mónica García la consejera madrileña, que ha asegurado que la norma debe regular a todos los profesionales sanitarios, pero «haciendo hincapié en las peculiaridades e idiosincrasias de las distintas categorías profesionales».