El Defensor del Pueblo insiste a Gobierno y Parlamento para que creen un fondo estatal de reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia

El propio Gabilondo ha reconocido en su comparecencia que «no es lo mismo hablar de la respuesta de la Iglesia antes, durante y después de que comenzaran los trabajos de la comisión asesora» creada por el Defensor del Pueblo. Entre los avances ha señalado la creación por parte de la Iglesia católica de «un organismo de reparación», en referencia a la comisión que evaluará la restauración integral a las víctimas que no hayan podido recurrir a un juicio, por haber prescrito o por la muerte del victimario, y que ha comenzó a trabajar este mes de septiembre.

A pesar de ello, el Defensor del Pueblo ha insistido en una de sus recomendaciones, ya expresadas hace un año, como es la creación «de un órgano -temporal o permanente- que decida la reparación a las víctimas que no hayan podido tener un juicio». En esa línea también ha abogado por la creación de «un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas» y que sea ese «órgano administrativo especial» el que «instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica».

Se trata de una de las cuestiones de la que el Gobierno ha hecho bandera en los últimos meses en una contante batalla frente a la Iglesia católica. En abril el Ejecutivo ya llegó a presentar su plan de respuesta a las recomendaciones del Defensor del Pueblo -que formalmente no se han presentado hasta hoy en el Congreso- en el que trataba de imponer a la Iglesia la participación en este fondo. Por su parte la Iglesia se ha mostrado dispuesta a colaborar con un fondo de este tipo, siempre que tenga un carácter más global y esté dirigido a todas las víctimas de abusos, independientemente del ámbito en que fueran abusadas.

Por su parte, la Iglesia católica aceleró sus procesos tras la llegada en marzo de Luis Argüello a la presidencia de la Conferencia Episcopal y en julio, en una Asamblea Plenaria extraordinaria aprobaba el Plan integral de reparación a víctimas de abusos (PRIVA) que incluía la creación de una comisión independiente que decidiera el proceso de reparación en los casos en que no hubiera la posibilidad de una sentencia. Una decisión que el Gobierno trató de frenar en el último momento, con una reunión del ministro Bolaños con varias asociaciones de víctimas a las que les manifestó que no aceptaría que la Iglesia creara un organismo de este tipo de «forma unilateral».

De esta forma, la creación de ese organismo público y del fondo estatal, así como la organización de un acto público de reparación, se convirtió el viernes en uno de los temas que trató el presidente Sánchez en el Vaticano, tras su audiencia con el Papa. Es previsible que también sea la cuestión estrella que llevará el ministro Bolaños en los próximos días, cuando sea recibido por el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín.

Durante su comparecencia, el Defensor del Pueblo también ha señalado que en este último año, después de publicado el informe inicial, ha recibido 188 nuevos testimonios de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. Con ellos, la Unidad de Atención a las Víctimas del Defensor ha computado 674 víctimas, al sumarse a las 487 recabadas en el informe preliminar y descontar una contabilizada que posteriormente se descartó a petición de la propia víctima. Sin embargo, en la cifra inicial de 487 víctimas todavía aparece el «falso positivo» del caso falso que presentó un grupo católicos y que ya denunció ABC.

«No ha sido nuestra intención conocer el número de casos registrados en España, sí conocer el alcance del problema, cómo se puede reparar a las víctimas y qué se puede hacer para tratar de evitar que vuelva a pasar», explicó sobre el trabajo de esta Unidad de Atención a las Víctimas.

Ángel Gabilondo también ha señalado que en agosto presento al congreso los datos completos de la encuesta realizada por GAD3 a 8.013 personas y que se incorporaba en el informe. La encuesta concluía que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años. Un 3,36% manifestó que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. El 0,6% de la población encuestada fue agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y un 1,13% que la agresión se registró en el ámbito religioso.

La extrapolación de aquellos datos al total de la población, a pesar de que Gabilondo pidió que no se no se realizara esa operación matemática, llevó a algunos medios de comunicación y políticos de la izquierda, como la propia Francina Armengol, a afirmar que en España habría 400.000 víctimas eclesiales en España en los últimos setenta años. Teniendo en cuenta de que en ese tiempo ha habido 110.000 sacerdotes y religiosos la cifra fue considerada como desproporcionada por la Conferencia Episcopal, que pidió al Defensor del Pueblo los datos completos, aunque nunca los recibió.

Una diferencia que no ha impedido que este martes Gabilondo elogiara el cambio de actitud en la Iglesia y la colaboración que había recibido de la mayoría de las diócesis e instituciones religiosas, excepto «algunas excepciones». Ahí ha señalado que la Iglesia ha realizado protocolos de protección, ha encargado un informe propio y ha llegado a la convicción «de aceptar la existencia de víctimas y de que tiene que avanzar».

Sin embargo, ha destacado que las víctimas que acudieron al Defensor del Pueblo «han manifestado que la respuesta de la Iglesia ha sido insuficiente y dilatoria y que pocas veces habían sido atendidas como necesitaban». Además también ha señalado deficiencias en los procedimientos de derecho canónico, ya que «hasta el momento, las víctimas no forman parte del proceso penal canónico», a pesar de que la «CEE en 2023 dictó una instrucción sobre abusos sexuales que ha supuesto un importante avance normativo», pero no ha resuelto esta cuestión.

En ese sentido ha recordado la actitud eclesial de durante tiempo de «negar los abusos, su voluntad de ocultamiento o proteger a los abusadores» o conductas «como el traslado a otras parroquias u otros países» de quienes habían cometido los abusos. Aunque ha reconocido, citando palabras y expresiones de obispos y religiosos, el cambio de actitud de lo que califican como «ejemplos de malas prácticas, realizadas de un modo reiterado y no ocasional».

También ha criticado el papel de los poderes públicos que «a lo largo de décadas de abusos no se han hecho cargo de este problema. No solo la Iglesia lo minimizó sino que esos poderes públicos no le prestaron la atención», ha explicado.

«Es la hora del Parlamento, como consecuencia de la encomienda y tras este Informe. Es el momento del Legislativo y del Ejecutivo. Las víctimas esperan que se implementen, lo antes posible y de la mejor manera, las recomendaciones y sugerencias formuladas», ha señalado el Defensor del Pueblo.

Según ha indicado el Defensor del Pueblo, el Informe «da respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido cubierta por un injusto silencio y subraya los factores de riesgo y las consecuencias de estos abusos, expone las respuestas que ha dado la Iglesia católica y cómo se ha abordado la cuestión por parte de los poderes públicos».

Durante su comparecencia, Ángel Gabilondo ha vuelto a recalcar que «las víctimas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este Informe» y ha apuntado que el objetivo ha sido el de describir la dimensión del fenómeno de los abusos, sus causas y sus consecuencias en las personas afectadas y se ha mostrado esperanzado en que los trabajos realizados y las conclusiones y recomendaciones derivadas de los mismos «contribuyan a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales cometidos sobre niños y adolescentes».

El Informe, de 777 páginas, da cumplimiento a la encomienda recibida del Congreso de los Diputados tras la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL), el 10 de marzo de 2022, que contó con una amplia mayoría: 286 síes, 51 noes y 2 abstenciones. Queda por ver si, como planteaba la PNL, el informe será presentado ante el pleno del Congreso, o las Cámaras dan por recibido el texto con esta comparecencia en la Comisión Mixta. En ese sentido el propio Gabilondo ha reclamado a los parlamentarios «que se tomen en serio las PNL» que ellos mismos aprueban.