Caos con la ley de universidades: Diana Morant veta a cuatro comunidades del PP del grupo de trabajo
El grupo tiene una trascendencia capital ya que abordará cómo podrán financiar las comunidades la nueva ley así como el establecimiento de un calendario para que estas puedan aplicar todas las medidas de la norma
Los rectores avisan de que peligra la aplicación de la ley de universidades si el Estado no inyecta 844 millones
«Enfado», «indignación», «primera vez que veo algo así», «atropello», «falta de diálogo y consenso preocupante»...Son algunas de las expresiones que los consejeros de comunidades del PP han manifestado al enterarse que el Ministerio de Universidades ha decidido dejar fuera a Aragón, La Rioja, Castilla y León y Murcia del grupo de trabajo que este viernes empieza su andadura para abordar la aplicación de la 'ley Castells' (LOSU).
En una carta a la que ha tenido acceso ABC y firmada por la Secretaría General de Universidades (a cuyo mando repite José Manuel Pingarrón) se informa de que «dada la gran demanda de CCAA que han pedido formar parte del grupo de trabajo que haría inviable su correcto funcionamiento, se ha realizado una selección de 6 comunidades representantes entre las que han manifestado su interés de participar en el grupo de trabajo», dice la misiva firmada por Margarita de Lezcano-Mujica Núñez, subdirectora general de Relaciones Internacionales y de Órganos colegiados de la citada Secretaría General de Universidades.
La misiva, además, les exige a los que tienen que asistir que deben ser, al menos, directores generales. Por último, piden «comprensión» por no haber «podido aceptar el ofrecimiento de todas las comunidades que se han mostrado interesadas».
Las comunidades que sí entran al grupo de trabajo son: Castilla-La Mancha; Andalucía; Comunidad Valenciana; Madrid; Extremadura y Baleares. Aparte de las autonomías, habrá representación sindical y de las universidades.
La idea del Gobierno es que lo que emane del grupo se eleve a la Conferencia General de Política Universitaria donde sí están todas las comunidades. «A nosotros nos gustaría estar durante el proceso de negociación, no con las decisiones ya tomadas», insiste uno de los consejeros 'expulsados'.
Divisiones
«Desde el Gobierno de Aragón mostramos nuestra disconformidad a la decisión tomada por la ministra Morant al prohibirnos asistir al grupo de trabajo para el desarrollo de la LOSU. En la Conferencia General de Política Universitaria del día 25 de enero hice constar que aceptábamos el grupo de trabajo siempre y cuando acudiéramos todas las comunidades que quisiéramos, sin divisiones y respetando la igualdad de todos los ciudadanos españoles. Es un atropello a los aragoneses», dijo Claudia Pérez Forniés, consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón.
«Lo que tienen que hacer es pagar la implantación de la LOSU ya que no quisieron pedir memoria económica ni consultar a las comunidades», lamentó Juan María Vázquez, consejero de Universidades de la Región de Murcia. «Es indignante que nos dejen afuera, es la primera vez que veo algo así, hay mucho enfado y es lógico», añadió.
La forma de trabajar de la ministra «deja mucho que desear»
«Si esta va a ser la forma de trabajar de la nueva ministra, deja mucho que desear. No se puede elegir de forma aleatoria y unilateral quién puede trabajar y decidir sobre algo tan importante como la implantación de una ley que nos afecta directamente. Muestra una falta de diálogo y consenso muy preocupante. Seguiremos peleando por estar ahí», señaló a ABC Rocío Lucas, consejera de Castilla y León.
El grupo de trabajo que empieza a trabajar este viernes no tiene una relevancia menor. En la primera Conferencia General de Política Universitaria -reunión de ministros y consejeros- que se celebró desde que Diana Morant asumió el cargo -el pasado 25 de enero- fue la propia ministra la que anunció el grupo de trabajo y remarcó su importancia: «Hemos decidido crear una comisión de trabajo que estudie la forma en la que tanto el Gobierno como las comunidades vamos a avanzar en el objetivo de la financiación del 1 por ciento del PIB (...) Esta comisión tendrá un grupo que se dedicará a la aplicación de la LOSU y se verá de qué manera las universidades pueden aplicarla», dijo la ministra. Además, anunció que en el marco del grupo se iba a hacer una «calendarización para la puesta en marcha de la LOSU «sin hacerlo todo de golpe» pero sin demora.
También dijo que el plan del Gobierno es hacer una propuesta de «acompañamiento financiero» a las comunidades para que se pueda aplicar la norma.
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