Belén rechaza ahora morir y reabre el debate sobre la eutanasia

Sobre las cinco de la tarde del pasado 2 de noviembre, médicos del Servicio Gallego de Salud (Sergas) se presentaron en el domicilio familiar para recoger a la paciente, trasladarla al Hospital Clínico de la capital gallega y practicarle la eutanasia, que ella misma había solicitado meses atrás. Para sorpresa de los médicos, y pese a las súplicas de su hija, Carmen, la madre de Belén, se negó a abrirles la puerta.

«Mamá, abre, por favor», reclamaba Belén con una voz debilitada por su enfermedad. «Cierra la boca, yo hoy no puedo abrir. No puedo estar sola. Por egoísmo te quiero aquí... no puedo dejar que te lleven», replicaba la madre. «Abre la puerta, mamá, esto es de locos. Va a pasar, si no es hoy será otro día, pero va a pasar», seguía suplicando Belén mientras los facultativos apretaban el timbre. E insistía a su madre: «Alargas mi sufrimiento».

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José Luis Jiménez

ABC presencia el momento en el que Carmen Alfonso no abre la puerta a los sanitarios que acudían a su domicilio para llevar a su hija al centro hospitalario, donde tenían previsto ejecutar el procedimiento.

ABC fue testigo de ese sobrecogedor diálogo entre madre e hija con los servicios médicos del Sergas al otro lado de la puerta. Pero ahora Belén, que padece esclerosis múltiple desde los 20 años, y a la que en 2020 el coronavirus acabó postrándola para siempre en una silla de ruedas, ya no quiere morir. Y así se lo ha hecho saber a la Xunta a través de un acta notarial. De ello se informó ayer en un comunicado de la fundación Abogados Cristianos, que fue la que aconsejó a Carmen que aquel 2 de noviembre no abriese la puerta a los médicos que iban a buscar a su hija.

Antes, Abogados Cristianos, en nombre de la madre, había intentado sin éxito la vía judicial para paralizar la muerte deseada por Belén. Pero el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela acabó archivando la denuncia. Por eso, el Servicio Gallego de Salud (Sergas) reactivó el procedimiento y la tarde del 2 de noviembre fue a buscar a Belén al hogar familiar para practicarle la eutanasia que quería, pues cumplía con todos los requisitos de la Ley 3/2021 que regula el derecho de los ciudadanos a poner fin a sus vidas sin sufrimiento.

Pero para Abogados Cristianos, el caso de Belén, y que ahora renuncie de forma indefinida a la eutanasia, confirma que «los protocolos están fallando». La presidenta de esta fundación, Polonia Castellanos, asegura a ABC que lo que llevaba a Belén a querer morir era una depresión y no la esclerosis múltiple que padece, porque esta enfermedad «no le estaba provocando dolores todavía».

«Gracias a que su madre no abrió la puerta le dio tiempo a replanteárselo. Si la madre llega a abrir la puerta, hubieran acabado con su vida. Se ha dado cuenta, ahora está en tratamiento psicológico y lo que quiere es vivir. Hay mucha gente con depresión que ha querido acabar con su vida», añade Castellanos.

Desde el Servicio Gallego de Salud reivindican que en todo momento se siguió el protocolo autonómico -un manual de cien páginas- que marca el mecanismo de la ayuda para morir de los pacientes que cumplan las condiciones para ayudarles a morir. «Se cumplieron todos los requisitos del protocolo para estos casos -que es de ámbito gallego- y que es más exigente que la propia ley», remarcan desde la Consejería de Sanidad.

Abogados Cristianos ayer ponía el foco, especialmente, en el aspecto psicológico. Consideran necesario «que las consejerías de sanidad revisen esos protocolos y establezcan un tratamiento psicológico obligatorio como paso previo a practicar la eutanasia». Desde la Xunta defienden que sí se le ofreció ayuda psicológica.

Tanto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, expresaron ayer el «escrupuloso respeto» a la decisión de la paciente. «Dijimos que había que ser sensibles a la opinión del paciente, por supuesto, y también a su contexto», valoró el consejero a preguntas de los medios. Y ahora, «si la paciente opina diferente», la Xunta, «igual que hizo antes», va a «respetar escrupulosamente su voluntad».

En la misma línea se pronunció el presidente gallego que no quiso entrar a valorar los motivos que han llevado a Belén a cambiar una decisión que, de llevarla a cabo, sería irremediable. «Las razones para tener una posición en un momento y cambiar después no me las puede preguntar a mí. Hay que preguntárselas a la persona que cambió la decisión», añadió Rueda.

ABC ha contactado con la madre de Belén, que ha preferido no dar explicaciones porque es una decisión, la de su hija de seguir viviendo, que pertenece al ámbito de su «intimidad». Carmen, una mujer menuda de 79 años siempre se opuso a que ayudaran morir a su hija porque Belén «ni sufre dolor, ni le cuesta beber o comer». «¿Y si mañana aparece un medicamento estupendo para la esclerosis?», le preguntaba Carmen a su hija tras el portazo a los sanitarios del Sergas.

Al ser todos los casos de eutanasia confidenciales, es complicado saber con certeza si los protocolos aplicados por las comunidades autónomas funcionan o si, como defiende Abogados Cristianos, están fallando. Lo que sí observan los médicos con cierta inquietud es la asimetría que se da en las solicitudes y prácticas de eutanasia entre las regiones. «Hay algunas comunidades que en proporción tienen un número muy superior de prácticas de eutanasia que otras, y eso es un dato objetivo, aunque las causas que puedan influir en esto no son analizables con los datos disponibles», explica José María Domínguez Roldán, presidente de la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

Estos protocolos, prosigue Domínguez Roldán, responden a unos mínimos acordados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se desarrollaron para implantar la ley. «Pero estas pautas no fueron realizadas en el ámbito médico, sino en el ministerial, con lo cual la participación de las organizaciones médicas en este aspecto en nula», lamenta. Y ahí es precisamente donde este médico considera que puede estar uno de los principales problemas, pues al fin y al cabo son los facultativos los que deben acompañar a las personas que solicitan la eutanasia. La Ley de la eutanasia habla de «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable» de las personas que la solicitan y son los médicos los que deben hacer esa evaluación del sufrimiento. «Hay que constatar que hay un sufrimiento que es intratable y que lleva al paciente a la desesperación. Pero evaluar el sufrimiento, cuantificarlo y sobre todo establecer que es irreversible es extraordinariamente difícil», afirma el presidente de la Comisión Deontológica del CGCOM.

Este médico cree que la complejidad «puede llevar a errores» a la hora de tomar decisiones y que el sufrimiento de estas personas implica a muchos agentes. «Es un tema muy social que se ha intentado solucionar con una ley cuando con otros tratamientos se podrían evitar muchos de los deseos de morir», apunta.

La experiencia de Pilar Manterola, coordinadora del grupo de trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), le dice que los protocolos que hay para llevar a cabo la eutanasia son procesos con garantías, al menos en Cantabria, donde ella ejerce. «Es una ley garantista», sentencia. La norma, explica esta médico, establece unos criterios básicos y luego es cada comunidad autónoma la que maneja sus propios protocolos. «Todo pasa la valoración de una comisión en la que se designan un médico y un jurista encargados del caso, que son los que valoran si es preceptivo o no aplicar esa prestación, que tiene que estar siempre sujeta a la ley», relata, al tiempo que hace hincapié en que todos los casos que se reciben conllevan «un estricto seguimiento».

El Ministerio de Sanidad, artífice de la norma, también defiende que se trata de una ley «muy garantista» tanto para los pacientes que solicitan la eutanasia como para los profesionales que participan en el proceso. Las personas que la piden, recuerda el departamento que actualmente lidera Mónica García tras ser consultado por ABC, pueden revocar su solicitud en cualquier momento, aunque enfatizan en que durante el año pasado solo 1 solicitud fue revocada. La competencia de la aplicación de los protocolos, insiste el ministerio, es de las comunidades autónomas, aunque Sanidad revisará el manual de buenas prácticas que se elaboró tras aprobarse la ley para actualizarlo, aclara.