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El Ayuntamiento de Zaragoza plantea multas de mil a 100.000 euros para quien difunda noticias falsas con impacto «en la naturaleza o población vulnerable»

Diseña una ordenanza municipal, pionera en el país, y creará una unidad específica para velar por el uso ético de todos los datos que dependen de la gestión del Consistorio

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La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca ep

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El Ayuntamiento de la capital aragonesa comandado por la popular Natalia Chueca está diseñando una futura ordenanza con un nombre sugerente, cuando menos: lo llaman el 'Gobierno del dato'. Esta ordenanza municipal será la primera del país de este tipo y contempla sancionar con multas que irán desde los mil hasta los 100.000 euros por varias infracciones, entre otras, la que se considera muy grave y que consiste en la «reutilización de los datos del Consistorio desnaturalizando su sentido». Según informa el periódico 'Heraldo de Aragón', si ese mal uso de los datos «se hace para la elaboración y difusión de noticias o informaciones falsas o engañosas, cuyo impacto sea elevado por su naturaleza, alcance de su difusión o la vulnerabilidad de los destinatarios» será penalizado con la mayor cuantía.

Así figura en la ordenanza municipal que se encuentra en fase de elaboración. Ayer miércoles 17 de enero se cerró el plazo de consulta pública, a la espera de cambios antes de su aprobación final. Según el medio aragonés, la ordenanza del 'Gobierno del dato' consta de seis capítulos que regulan las funciones de los responsables de su gestión, los criterios para inventariarlos, cómo se comparten y cuál debe ser su calidad y su ciclo de vida. Cuando entre vigor la norma, que será de aplicación para el Consistorio y para las entidades públicas que dependen de él, abordará todos los aspectos relacionados con la obtención, gestión y explotación de los datos, así como su apertura y reutilización por la sociedad, garantizando los derechos de los ciudadanos.

El Consistorio apuesta por el «valor y uso ético» de los datos en la gestión municipal, eliminando todos los sesgos que puedan ser discriminatorios. Los datos siempre estarán abiertos por defecto y se creará una unidad específica en el Ayuntamiento, con nuevos puestos y responsabilidades para la obtención, gestión, análisis y explotación de los datos.

Las noticias falsas sin graves consecuencias se considerarán infracciones «graves», junto a la reutilización de un conjunto de datos cuando haya sido prohibida por el Consistorio o a su uso para fines distintos al declarado. Conllevará una multa, según figura en el borrador, irá de 10.001 a 50.000 euros.

Acarrearán sanciones leves (1.000 a 10.000 euros) la reutilización de datos incumpliendo las condiciones impuestas por la legislación o el acuerdo de exclusividad, sugerir que el Ayuntamiento participa, patrocina o interviene en la reutilización cuando éste haya limitado la puesta a disposición de los últimos datos, no informar de la última actualización de unos datos reutilizados o alterar su contenido.

Los ciudadanos tendrán derecho a acceder a la información del sector público, a participar y colaborar en el 'Gobierno del dato', a que se protejan sus datos personales y a que se garanticen la confidencialidad y la propiedad intelectual del secreto empresarial. El Ayuntamiento deberá fijar las condiciones de conservación y se tendrán que preservar, en especial, los datos que tengan interés científico, estadístico o histórico, y los que hayan generado derechos o sean una prueba en sí mismos.

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