«Cojeo, pero con 9 años leí que era subnormal»

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Emilio V. Escudero

Todos los grupos menos Vox apoyan la iniciativa de PP y PSOE para reformar el artículo 49, que se aprobará el próximo jueves y que no admitirá enmiendas

Emilio Sáez Cruz fue designado por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, para que subiese a la tarima y defendiese eliminar 'disminuidos' de la Carta Magna. No pensaba convertirse en 'viral'. En conversación con ABC, apunta a que nadie le sugirió nada, se sentó frente al ordenador para escribir «desde el corazón». Su intervención colmó, a su juicio, un «día muy grande, histórico» para el colectivo al que representa (también como portavoz de su grupo en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad). Él escogió cada palabra: «En los 70, subnormal; en los 80, inválido; en los 90, minusválido... Paradojas de la vida. Se me llamó minusválido el mismo año en que logré ser subcampeón del mundo en Inglaterra en atletismo con silla de ruedas». Y el Congreso mudado por obras al Senado irrumpió en ovación.

La suya es una discapacidad de un 42% sobrevenida por una poliomielitis a los 3 años. «Yo, como ustedes, nací sin una discapacidad», incidió el martes ante unas bancadas donde -censura- hay solo una o dos personas que tienen alguna. «Si somos un 10% de la población, tendríamos que ser muchos más los representantes» con discapacidad para dar voz a todo el mundo, pide.

«Solo cojeo de una pierna, no es limitante, aunque a los 16 años sí me estigmatizaba a la hora de ligar, cosa que yo compensaba con otras artes como la oratoria», comparte dicharachero. Lamenta el trauma de un niño de 9 años cuando se iba a estudiar a un seminario de los Hermanos de San Juan de Dios en Sevilla y por primera vez vio en un papel oficial en la mesita de sus padres la palabra «subnormal». «Leí eso y se me grabó a fuego». Superar aquello necesitó muchas más palabras. Así que saluda como «un hito» gestado durante las dos últimas décadas el cambio que se producirá a partir de hoy con el refrendo masivo de sus colegas de esa reforma del artículo 49. En la nueva redacción, además, se incorporará una perspectiva de derechos humanos.

Según este diputado, la Carta Magna aún contiene la denominación «retrógrada 'disminuidos' con la que no se quiso ofender en 1978, pero que ha supuesto un juicio muy peyorativo al cabo de los tiempos, por eso, es de Justicia cambiarla». El exatleta paralímpico rememora: «Todos, con discapacidad intelectual o física, éramos entonces disminuidos e íbamos a colegios especiales. Me enorgulleció el martes ver al señor Feijóo con una diputada con síndrome de Down luchando por lo mismo».

Concede que España ha ido dando pasos para poner en la misma línea de salida a todos los ciudadanos, aunque quedan muros por derribar. La «flexibilidad de la Constitución» es una muestra, confía Sáez, pero espera que tras la reforma se abra la puerta a una serie de metas que siguen haciendo falta al colectivo. De momento, han conseguido «humanizar el debate parlamentario» y proyectar una imagen de consenso a la ciudadanía. «Deberíamos hacerlo más. Los españoles están cansados de ver a los políticos criticándose, hay temas como éste donde no se admite la disensión», reta.

Y sugiere, ante los intentos de llevar el lenguaje más allá: «La nomenclatura internacional es 'personas con discapacidad'. Tampoco me gusta lo de 'personas con capacidades diversas o con capacidades diferentes'. Es que al final me diluyo y no sé quién soy».

Por su parte, los representantes de entidades que trabajan por la integración de esos millones de personas piden que en las propuestas venideras no se haga nada por la discapacidad sin contar con personas con una (lema del Cermi), porque, si no, no se solucionarán las trabas que encuentran en su día a día.

Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A la Par, revela que el propio léxico denota un avance dispar aun dentro del colectivo. «Mucha gente se ha sorprendido al caer en la cuenta de que 'disminuido' no sólo hace referencia a la discapacidad intelectual, sino que engloba a personas ciegas, con discapacidad física, con enfermedad mental...». Aun así, dice, «celebramos que se confirme que las personas con discapacidad aportan muchísimo a nuestra sociedad».

Isabella Arias, una joven de 14 años con parálisis cerebral, defendió ayer ante el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que es necesario que la infancia con discapacidad tenga las mismas oportunidades que el resto, para lo que demandó al Gobierno mayor presencia de la comunicación aumentativa y alternativa en el sistema educativo, es decir, herramientas que ayuden a la comunicación de quienes no son capaces de hacerlo a través del habla.

En el caso de Teodora Dumitru descubrió su pasión por la medicina con 13 años. Teo, como la llaman, recuerda quedarse fascinada por todo lo que tenía que ver con el cuerpo humano. «Me brillaban los ojos cuando me hablaban del sistema nervioso», explica la joven de 23 años, tetrapléjica como consecuencia de una parálisis cerebral sufrida al nacer. Tras vivir una infancia dura en Rumanía, donde tenía que demostrar que era «más que una chica en silla de ruedas», decidió aprender español en tiempo récord y cumplir su sueño de estudiar Medicina en España. «Me dijeron que los derechos de las personas con discapacidad representan una prioridad aquí, pero he descubierto que era mentira», lamenta. Habla con ABC por WhatsApp, a través de mensajes que escribe con su nariz. Transmite dolor.

Con un expediente perfecto los dos primeros años de carrera, tendría que haber comenzado sus prácticas en septiembre. Su destino escogido fue el Hospital 12 de Octubre, el único al que puede acceder sin dificultades desde su casa. Pero el edificio no cuenta con aseos ni rampas para personas en sillas de ruedas. Presentó una solicitud de adaptación de las prácticas y la respuesta de la Universidad Complutense no fue la esperada: su facultad decidió iniciar el proceso para anular su matrícula.

Al reclamar la situación, le avisaron de que temen que pueda poner en peligro a algún paciente. «Soy consciente de mis limitaciones físicas y nunca haría algo que pudiera poner en riesgo la vida de un enfermo, pero al mismo tiempo sí puedo hacer muchas cosas y no me están dejando demostrarlo». Su única opción sería acudir a otro hospital con instalaciones adaptadas, pero llegar le conllevaría «un esfuerzo mayor». «Tuve que rechazar esta solución, y ahora no sé cómo será mi vida a partir de este momento». Ella sabe que por el 12 de Octubre han pasado estudiantes con discapacidad y que se han podido graduar, así que no entiende que tras su reclamación no le permitan ni siquiera demostrar sus conocimientos. «Pensaba que ya no se daban situaciones así, ya que todo el mundo habla de integración. Todo esto de 'somos inclusivos' está solo en el papel y todavía nos queda mucho por hacer para decir que somos una sociedad inclusiva».

Ágata Martín sufrió en 2019 un trato «inhumano» por ser una persona sorda. Durante la prueba para el acceso a la función pública valenciana se vio coaccionada a quitarse sus prótesis auditivas si quería continuar con el examen. De nada sirvió que explicara al vigilante que era sorda y que las lleva debido a su diversidad funcional. «Puso en duda mis palabras y me sugirió que podrían ser pinganillos» para copiar en la prueba. No cedió y la realizó; el vigilante le avisó al terminar: «Habrá consecuencias». Su examen, pese a estar aprobado, apareció como inválido por «no seguir las directrices del vigilante de aula». Lo más hiriente, explica, es que un compañero le comentó que había dicho que «la sorda se merecía un escarmiento». Por suerte, la semana pasada se recogió en el Real Decreto-Ley 6/2023 el uso de prótesis durante los procesos selectivos de la Administración del Estado incluyendo las auditivas «por quienes las precisen y lo acrediten».

Sin embargo, Ágata cree que tanto esta medida como la supresión del término 'disminuido' no tendrán un impacto real en su colectivo. «No sirve de nada si a la hora de la verdad no existe igualdad de oportunidades».