El caso del fraude de la basura de Estepa se reactiva: el juez cita a declarar a los dos cabecillas de la trama

Según ha podido conocer este periódico, el magistrado ha citado el 17 de octubre a José Antonio Mañas y el 31 del mismo mes a Manuel Ibáñez, que son juez y parte en este fraude, pues eran socios de la empresa Magno que contrató el Consorcio de Medio Ambiente, en el que ambos tenían responsabilidades. Ya declararon en noviembre de 2020, aunque pocas incógnitas quedaron resueltas.

Mañas, quien fuera secretario del Consorcio de Medio Ambiente hasta diciembre del año pasado e exinterventor del Ayuntamiento de Algámitas, en apenas diez minutos, sólo contestó a su abogado para defender la legalidad de los contratos firmados entre el ente público y su empresa para el alquiler de camiones de recogida de basuras por un elevado precio.

Este criterio de legalidad está lejos de las conclusiones a las que llegaron los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), para quienes estos contratos son fruto del entramado empresarial montado por los dos acusados, de la que también participan sus mujeres, para realizar «autocontratos» con fondos públicos y enriquecerse de forma ilícita.

Entonces, la representación legal de Mañas ofreció al juez la posibilidad de volver a ser llamado a declarar una vez se resuelva varios recursos pendientes en la causa y la Policía concluya uno de los informes periciales que está elaborando, para «saber a qué se enfrentan» con más exactitud. Fuentes del caso han precisado a este periódico que la pericial sobre el perjuicio económico de la trama al Consorcio sigue pendiente.

El próximo mes de octubre, quizás, se conozcan más detalles de la versión de los dos principales acusados sobre los hechos investigados, que llegaron al juzgado en 2020, cuando fueron desvelados por ABC. Se abrieron dos piezas separadas por presuntos delitos prevaricación, malversación, fraudes, exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y blanqueo de capitales. En una de ellas está el exalcalde de Casariche, el socialista Basilio Carrión, quien fuera presidente del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur desde 2014 hasta 2019.

Según la UDEF, en noviembre de 2018 esta planta de reciclaje de la Sierra Sur suscribió un contrato con Magno para arrendarle toda la maquinaria de recogida de residuos para prestar ese servicio en los 17 municipios. Unos días después, Mañas modificó el precio y lo subió a la cantidad de 164.240 euros anuales durante nueve años. Casi un millón y medio de euros. Pero cambiando de cuatro a dos los camiones del contrato.

Cuatro meses después, el hasta entonces dueño de Magno Ambiental, firmó ante notario la venta de sus participaciones en la empresa a Mañas e Ibáñez, lo que implicaba que el secretario del Consorcio y el jefe de planta, respectivamente, pasaban a ser dueños de la empresa que le alquilaba la maquinaria a dicho organismo. Según los agentes, si el ente público hubiese comprado los camiones directamente se habría ahorrado 1.117.737 euros, de manera que la actuación de los implicados «estuvo motivada por el ánimo de lucro personal».

De hecho, la Fiscalía cree que el Consorcio ha sufrido un perjuicio económico superior al millón de euros por culpa del «concierto previo de los denunciados para obtener un lucro personal de considerable entidad con la reorganización del servicio de recogida de basura». El juez instructor eleva dichos perjuicios a los 3,4 millones.

El primer contrato entre ambas partes data de enero de 2016 y el segundo, el modificado, de noviembre de 2018. En aquella época era el presidente del Consorcio el alcalde socialista de Casariche, Basilio Carrión, al que la Audiencia obligó al juez mantener como investigado porque consideraba que con su actuación «posibilitó la comisión de los delitos».

Las investigaciones policiales reflejaron cómo, pese al servicio a los contratos firmados, Magno nunca cedió los camiones para el servicio de basura. En 2016, eran camiones del propio Consorcio. Eso sí, el Consorcio ya desde enero de 2016 pagaba el importe de 10.890 euros a la entidad Magno. La situación se repitió en años posteriores.

A finales de 2017 Magno compró dos camiones para prestar el servicio de basura contratado por el Consorcio. Pero las señales de los dos vehículos, 31.913 euros, se abonaron con fondos de esta entidad. No consta que estos contratos, que además presentan otros incumplimientos, se hayan realizado mediante procedimiento alguno público de licitación.

El entramado puesto en funcionamiento por Mañas e Ibáñez a través de testaferros y empresas pantallas, con la participación de sus mujeres y familiares, también investigados, permitió a éstos un sistema de contratación con fondos públicos, como los firmado con el Consorcio de la Sierra Sur, cuyos beneficios habrían pasado al patrimonio particular de los cabecillas.