El fraude de la basura de Estepa causó un agujero de casi 600.000 euros en el Consorcio de Medio Ambiente

Desde hace cuatro años hay una investigación judicial, desvelada por ABC, por presuntos delitos prevaricación, malversación, fraudes, exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y blanqueo de capitales. En una de ellas está el exalcalde de Casariche, el socialista Basilio Carrión, quien fuera presidente del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur desde 2014 hasta 2019.

La interventora de la Junta, en su informe, al que ha tenido acceso ABC, expone los nueve hitos más relevantes en los hechos investigados, que transcurren desde 2016 hasta 2020. Así, se recoge el contrato de arrendamiento entre la empresa Magno y el Consorcio en 2016 cuyo objeto era el arrendamiento de camiones; el contrato entre ambas partes de de arrendamiento de cuatro camiones y demás maquinaria adicional (grúa, equipo portacontenedores y caja compresora) en 2018 y la modificación de este contrato (aumentando el coste y disminuyendo los camiones) por diligencia suscrita por el entonces secretario interventor del Consorcio, el propio Mañas, en febrero de 2019; la firma de seis contratos de leasing para el alquiler de vehículos y maquinaria; la adquisición de la totalidad de las participaciones sociales de Magno por parte de los dos acusados en esa misma fecha y cómo tres meses después se firma una nueva escrita notarial para que fueran sus esposas quienes aparecieran como administradoras de Magno, mientras los cabecillas de la trama pasaban a ser apoderados mancomunados. Además, en marzo de 2019 existe la enajenación de dos camiones propiedad del Consorcio a Magno por 360 euros; y en abril de 2019 la compra de varios camiones.

Tras esto, la propio perito recuerda como el Consejo Consultivo de Andalucía ya concluyó que el contrato de arrendamiento de 2016 era nulo. Asimismo, en el informe se destaca de forma reiterada la ausencia de licitación pública en el Consorcio para finalmente adjudicar los contratos a Magno, la empresa del jefe de la planta de reciclaje y del secretario interventor, lo que provocó un perjuicio económico al Consorcio. En otro informe pericial adicional se determina, a duras maneras por la falta de documentación, el ahorro que hubiera supuesto optar por una licitación mediante procedimiento abierto que asegurase la libre concurrencia.

La perito, en su análisis, distingue dos periodos: entre 2016, la firma del primer contrato, y febrero de 2019, cuando los dos acusados se hacen con Magno, y desde entonces hasta 2020. En relación con los gastos del primer periodo detalla facturas de talleres por reparaciones de camiones de Magno que pagó el Consorcio, pagos de gastos de tramitación de renting, etc. Se alcanza los 43.000 euros en diez facturas.

Pero la situación se agrava en el segundo periodo analizado, que arranca con la compra de Mañas e Ibáñez de Magno. A partir de esta fecha en la empresa concurre la prohibición de contratar por ley, porque también incurre causa de incompatibilidad en ambos investigados como funcionario/personal laboral fijo al servicio del Consorcio.

Para la perito, la fecha de 25 de febrero marca de forma indubitada» el inicio de la corriente de pagos directos del Consorcio a Magno existiendo «una confusión de intereses» en los Mañas e Ibáñez por la doble condición que ostentan como socios y administradores de la empresa y a su vez interventor y jefe de planta del Consorcio.

«Así, desde el Consorcio se pagan a Magno facturas no existiendo contrato de servicios entre ambas partes a cuya ejecución respondan estas facturas». Son unas cuarentas facturas por valor de 512.798 euros. Algunas por recoger residuos. A esto se añaden 15.150 euros por reparaciones de vehículos que eran de Magno que asumía el Consorcio, cuando por contrato era la empresa la que tenía que asumir los gastos de mantenimiento y reparación de los mismos.

En cuanto a la venta de dos camiones del Consorcio a Magno por 180 euros cada uno, la perito lamenta no poder determinar el valor medio por el que se debería de haber valorado dicha venta.

En definitiva, sus conclusiones exponen, una vez más, la ausencia de un procedimiento de licitación presidido por los principios de igualdad, transparencia y libre competencia, para la adjudicación de los contratos de arrendamiento de vehículos formalizados en 2016 y 2018, lo que provocó un perjuicio económico al Consorcio, que se ha calculado teniendo en cuenta todos aquellos gastos que «indebidamente» supusieron una salida de fondos del Consorcio cuando realmente se trataba de deudas cuyo abono correspondía asumir a la empresa Magno, ascendiendo el importe de estos gastos a 571.755 euros.

Pero además insiste en que desde que Mañas e Ibáñez se hicieron cargo de Magno, causa de prohibición para el Consorcio de contratar con dicha empresa y con los investigados, quienes forman parte de la entidad pública, por incompatibilidad. Aquí también evidencia todos aquellos pagos correspondientes a facturas expedidas por Magno, que no responden a ningún contrato de servicio previamente formalizado entre el Consorcio y Magno cuyo deudor resultase ser el Consorcio, y todos aquellos gastos por prestaciones de servicios(fundamentalmente facturas de reparaciones de vehículos propiedad de Magno ) que, al igual que en el primer periodo eran de asunción de Magno y que sin embargo se sufragaban por el Consorcio.