Los enchufes del PSOE en el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe llevan a dos exalcaldes al banquillo

Así rezaba la denuncia de la Fiscalía que presentó en los juzgados de Sanlúcar la Mayor, en la que se añadía un documento «manuscrito» que parecía ser un borrador sobre los temas a tratar en reunión donde se puede leer: «Apoyar con contratos (media jornada) a chavales que nos puedan apoyar». Bajo el título 'Plan 1.000', «se mencionan determinadas calles y viviendas con sus respectivos moradores, con mención en algunos casos de los trabajos realizados para el Ayuntamiento, y se contabilizan los votos probables en cada casas». Así saltaba el caso de los 'papeles de Huévar', destapado por este periódico en octubre de 2019, en el que se exponía el método del PSOE local para ganar elecciones.

El Ministerio Público, en su denuncia, concluía que los papeles «parece derivarse que la petición de apoyo al partido que en ese momento lideraba el Ayuntamiento (PSOE) venía vinculada al hecho de haber obtenido el votante un puesto de trabajo en los servicios municipales», apuntando un posible fraude electoral.

Los hechos denunciados, que finalmente el juez instructor y las acusaciones circunscriben a un posible delito de prevaricación administrativa relativo a la contratación irregular de una veintena de vecinos entre 2014 y 2019, serán juzgados previsiblemente en el primer trimestre de 2025 en la Audiencia de Sevilla. Y en el banquillo se sentarán dos exalcaldes socialistas de este municipio aljarafeño, Rafael Moreno y Áurea Borrego. El primero estuvo 18 años en el despacho de Alcaldía, y a su salida fue fichado por la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, para la Consejería de Empleo. Borrego, su sucesora, fue alcaldesa hasta junio de 2019.

Las acusaciones exponen los contratos firmados por ambos exregidores en favor de 21 vecinos para trabajar como auxiliar del servicio de dependencia, de guardería o peón de albañilería. En algunos casos, estos beneficiarios eran parejas o recibían «ayudas» sociales del Ayuntamiento.

Según el auto de procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso ABC, estas contrataciones se llevaron a cabo de «forma absolutamente irregular, sin tramitar expediente alguno, incumpliendo los principios de concurrencia, igualdad, mérito y capacidad». La Fiscalía, que exige para los dos exalcaldes trece años de inhabilitación, asegura en el Ayuntamiento «no existía una bolsa de empleo municipal, ni se valoraron los méritos de candidatos, ni se realizó publicidad de las ofertas». Así se recoge en el escrito de calificación de la fiscal al que ha tenido acceso este periódico.

Para la acusación que ejerce el PP-A en esta causa, los enchufes responden «a un plan preconcebido» que se reflejaba en los papeles encontrados por la alcaldesa en un despacho municipal y que se salvaron de la trituradora los días antes del cambio de gobierno porque la máquina se rompió. Este plan «tuvo la intención y el efecto de favorecer arbitrariamente a personas que entendían o preveían podrían ser afines o simpatizantes de las ideas» del PSOE o a personas que podrían verse influenciados para apoyar a tal partido. En este escrito de acusación, al que ha tenido acceso ABC, se expone que las mayoría de las personas contratadas aparecen en los papeles del 'Plan 1.000'.

La contratación irregular que llevaron a cabo presuntamente los dos exalcaldes de Huévar encontraron la oposición de la secretaria interventora del Ayuntamiento, quien emitió reparos mensualmente desde 2012 hasta 2017. Los del año siguiente «desaparecieron» de los archivos municipales. Pero pese a esto, los acusados ordenaban el pago de las nóminas. Ya sólo queda conocer la fecha del juicio para que los tribunales enjuicien el enchufismo en Huévar a cambio de votos, aunque durante la instrucción se descarto seguir investigando el delito electoral.