Uno de los cabecillas fraude de la basura de Estepa se presenta como 'salvador' del Consorcio de Medio Ambiente
Manuel Ibáñez, jefe de planta de la entidad pública y dueño de Magno, la empresa en el epicentro de la investigación, declaró la semana pasada en el juzgado de Estepa que lleva la causa
El fraude de la basura de Estepa causó un agujero de casi 600.000 euros en el Consorcio de Medio Ambiente
Planta de reciclaje el Consorcio Sierra Sur Estepa
Manuel Ibáñez, uno de los dos cabecillas del fraude del reciclaje en el Consorcio de la Sierra Sur de Sevilla, que ejercía como jefe de planta del Consorcio, estaba citado el pasado jueves en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de ... Estepa para prestar declaración como investigado. El interrogatorio duró diez minutos y sólo respondió a preguntas de su defensa. Según ha podido conocer este periódico, Ibáñez se presentó como un 'salvador', junto a José Antonio Mañas, para el Consorcio.
En respuesta a unas de las pocas preguntas de su representación letrada Ibáñez explicó que, junto con Mañas, compraron las participaciones de Magno porque peligraba que la empresa pudiera prestar los servicios contratados para el Consorcio y los municipios adheridos a este organismo público. La firma notarial de adquisición de la empresa se realizó en febrero de 2019. Tres meses después, la empresa pasó a las mujeres de los dos cabecillas y éstos quedaron como apoderados. Además, admitió que en el Consorcio no se hacían licitaciones, defendiendo las adjudicaciones directas a Magno, aunque éstas se hacían a precio de mercado.
La declaración de Ibáñez, como la prevista de Mañas para los próximos días, han tardado en señalarse porque se estaba a la espera de un informe ampliatorio del inicialmente presentado por la Intervención General de la Junta de Andalucía.
En este segundo documento se realiza una auditoria del cumplimiento de eficacia y eficiencia en un organismo público como el Consorcio para delimitar el costo que hubieran tenido los servicios de Magno en caso de haber sido prestados por un tercero. Aunque para tal fin la perito ha tenido limitaciones por falta de documentación e información, lo que ha impedido valorar si era mejor la adquisición de la maquinaria por el Consorcio o el alquiler a Magno.
Lo que es evidente, a criterio de la perito, es «el incumplimiento total y absoluto del procedimiento de contratación pública». Y enumera una serie de carencias documentales y procedimentales en un organismo público. De haberse efectuado un proceso de licitación, la pugna entre proveedores hubiera ofrecido un menor precio. Así, cifra en un 11,80%, como mínimo, el ahorro económico para el Consorcio si se hubiese procedido a licitar el alquiler o la compra de camiones en lugar de ser prestados por la empresa de la trama.