El perito del caso Marismas ratifica ante el juez las cifras del fraude: casi 15 millones de euros

Ahora el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, deberá dictar el auto de procedimiento abreviado en el que determinará el número de investigados que continuarán procesados en la causa. La instrucción arrancó hace once años con una veintena de implicados. Entre los que han sido llamados a declarar como investigado durante estos años está el parlamentario socialista José Luis Sánchez Teruel, quien era director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural en la época de los hechos. Fuentes del caso han precisado a este periódico que la decisión del instructor no tardará mucho, después de que escuchar al perito de la Universidad de Córdoba Francisco Taguas ratificar su contundente informe.

Todo tiene su origen en 2005 aunque las consecuencias del fracaso de este proyecto se sufren ahora más que nunca ,por la grave sequía que vive la provincia de Sevilla. La intención de los regantes de Dos Hermanas, Utrera, Las Cabezas de San Juan y Los Palacios y Villafranca con todos los poblados de la comarca, Pinzón, El Trobal, Chapatales, Veta Herrado, San Leandro, Marismillas, Trajano y parte de Maribáñez, era modernizar sus sistemas de riego para poder ser competitivos en el cultivo del algodón, el predominante en estas tierras, ya que las infraestructuras que tenían eran muy rudimentarias: nueve estaciones de bombeo un sistema de riego a base de agua rodada por conducciones abiertas con más de 30 años de antigüedad.

Sin embargo, el proyecto se fue al traste y terminó en los tribunales. En 2005 la Comunidad de Regantes del Guadalquivir solicitó a la Junta de Andalucía una subvención para acometer las obras de modernización de las marismas, que tenía un presupuesto de 66 millones. La Administración autonómica, entonces gobernada por el PSOE, dio luz verde a una subvención de 40 millones con cargo a los fondos europeos. Los agricultores tendrían que asumir coste restante: 26 millones de euros.

La Junta de Andalucía gestionó la ayuda sin comprobar si los regantes disponían de estos fondos. Es más, según la Fiscalía, el Gobierno andaluz licitó la obra a sabiendas de que nunca se llevaría a cabo en su totalidad. Una vez aprobada la subvención, se procedió a celebrar el concurso para las obras. Concurso bajo sospecha.

Según la Guardia Civil, ganó una UTE compuesta por dos grandes empresas, Teconsa y Elecnor, a las que se sumaron dos de la zona, Meci y Tegner, con la oferta económica más cara de las doce que se presentaron. De hecho, dicha unión temporal de empresa quedó en el puesto once. Pero la mesa de contratación cambió los criterios porque presuntamente tenían la adjudicación pactada con dos empresarios locales.

Cuando se falló el concurso en favor de la UTE con la peor oferta económica, en la que estaban los empresarios locales, la Junta de Andalucía indicó que estas sociedades no tenían calificación y mandaron repetirlo. A este respecto, varios miembros de la mesa de contratación declararon a la Guardia Civil que desde la Consejería de Agricultura hubo una llamada al presidente de los regantes y que éste instó a apostar en la segunda adjudicación por la UTE Befesa-Alpi, que en la primera baremación había quedado en el puesto número diez. Fue la que al final se impuso.

Pero la investigación de la Guardia Civil desveló un acuerdo posterior entre la UTE que había ganado en primera adjudicación y la ganadora definitiva para que ésta subcontratara sus servicios. Además, los perdedores recibieron 330.000 euros por parte de los regantes después del cambio de adjudicación.

La tercera rama de la investigación, además del amaño del concurso y los regalos a los regantes, es las certificaciones de obra falsas para cobrar las subvenciones europeas. Estos hechos fueron los que provocaron que la Oficina Europea Antifraude se metiera a fondo en la investigación. Los implicados han declarado que la Junta de Andalucía les instaba a falsificar las facturas para poder justificar los fondos europeos y no perderlos. Sólo se ejecutó el 70 por ciento de las obras que se justificaron. Se simularon obras para poder presentar las facturas a Europa y cobrar las ayudas, de manera que incluso se colocaron tuberías sin soldar sobre el terreno para aparentar que el trabajo estaba hecho.

En esta causa obra un informe pericial clave. Es el encargado a Francisco Taguas, de la Universidad de Córdoba, en el que se concluye que de los 41.845.240 euros que la Unión Europea destinó a las obras de modernización de las marismas del Guadalquivir, los responsables del proyecto desviaron 14.880.474 euros y se inflaron los costes por encima del 40 por ciento para justificar la subvención.

En dicho informe, avanzado en su día por este periódico, se exponía que la certificación emitida «difiere respecto de la certificación comprobada en 14.880.474 euros» y la mayor parte del desvío se produjo en los movimientos de tierra. La mayor parte de los desvíos se produjeron en los movimientos de tierras, según destaca el perito en su informe, ratificado el viernes pasado ante el juez instructor.

Era la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía la encargada de dar el visto bueno a las certificaciones para obtener las ayudas europeas aprobadas y desde este departamento público se validaron de manera sucesiva los justificantes falsos. En la causa están siendo investigados los agricultores que pidieron la subvención, varios miembros de la UTE que ganó el concurso y responsables de la Junta como el socialista José Luis Sánchez Teruel.