La deuda que Sánchez o Feijóo tendrá que pagar a Sevilla

Más allá de los compromisos al aire que el Gobierno de Pedro Sánchez vino anunciando desde que comenzara la carrera electoral para las municipales hace ahora un año, ni en la campaña del 28M ni en la del 23J ha habido una promesa firme, en plazo y presupuesto a corto plazo para la capital hispalense. Sevilla sigue aceptando resignada la actitud condescendiente y desdeñosa que se le brinda desde Madrid cada vez que un presidente o ministro acude a Sevilla. El propio Sánchez, en el mitin de Fibes del pasado 14 de mayo, pasó de largo de la SE-40 y brindó literalmente la luna y Marte: «Ayer -por el día anterior- estuve en el despacho oval con el presidente Biden y salió el nombre de Sevilla por la Agencia Espacial», desde donde se trabajará con la NASA «para la exploración y la llegada de astronautas a la luna y a Marte. Querido Antonio -por Muñoz-, de Sevilla a Marte pasando por la luna». Despertó una ovación de un auditorio enfervorecido y de la bancada de políticos socialistas locales, sin que ninguno osara exigirle el 'pago' de esa deuda pendiente.

Del rosario de visitas de ministros antes de las elecciones en las que el PSOE se jugó y acabó perdiendo la carta de Sevilla, destacó la titular de Justicia, Pilar Llop, imitando el acento sevillano con 'ole y arsa' incluido y asegurando que mucha gente cuando viene a Sevilla le dice que «por qué no es la capital de España». Todo esto lo ha rematado hace apenas una semana la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Fue cuestionada por el agravio que nuevamente ha sufrido la capital de Andalucía con su exclusión de las ayudas a los consorcios de transportes metropolitanos que sí reciben otras grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Canarias o Alicante, y que aquí se han dejado de ingresar ya un total de 400 millones. Su respuesta no pudo ser más clarificadora: «Nunca antes Sevilla ha recibido tanta financiación e inversión en transporte público como con este Gobierno y, gracias a la aportación compromiso y financiación del Ejecutivo para la línea 3 de metro, que no es de nuestra titularidad ni competencia, va a ser posible». Difícilmente la ministra haría estas declaraciones en Barcelona, que sí atreve a utilizarlas con tono displicente en una ciudad con un área metropolitana de más de un millón y medio de habitantes, con una sola línea de metro -Valencia tiene seis y tres de tranvía- y con una segunda circunvalación sin cerrar.

Lo hizo, de hecho, acompañada de un servil Juan Espadas, otrora alcalde de Sevilla, que sí fue exigente con el ministro Íñigo de la Serna en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy y que ahora aplaude esos discursos. Ya en sus tiempos de primer edil consintió que un proyecto que debía ser emblemático y que lleva 30 años esperando que lo saquen del cajón, como es el desarrollo de los suelos de Santa Justa, se planteara de la forma menos beneficiosa para la ciudad con el objetivo de que Adif se llevara cuanto antes las plusvalías necesarias, aprovechando las convocatorias de fondos europeos, y que éstas sirvieran para cuadrar cuentas ante la macrooperación que está llevando a cabo en la estación de Chamartín en Madrid. El Ayuntamiento prefirió aprobar un plan urbanístico por la vía unilateral y eliminando cualquier posibilidad de generación de plusvalías para las arcas municipales, desoyendo al Colegio de Arquitectos y obviando el informe que le encargaron a los autores de la estación, el estudio Cruz y Ortiz.

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Éste es sólo un ejemplo de la afrenta que sufre la capital andaluza que, precisamente en Santa Justa, sigue careciendo de la conexión ferroviaria con el aeropuerto. Ante la parálisis del Ministerio en una infraestructura fundamental que es de competencia estatal, la Junta de Andalucía encargó un estudio informativo para acelerar el proceso. Seis meses después, el Gobierno central encargó otro que, además de duplicarlo, suponía el doble en precio y ejecución.

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Esa patada a seguir es la misma estrategia que ha seguido con el paso del río entre Coria y Dos Hermanas. El Ministerio enterró el proyecto de los túneles apostando por un puente, que es una alternativa más barata. El alcalde, entonces Antonio Muñoz, se puso de perfil aceptando el cambio de postura con la premisa de que se hiciera cuanto antes, pero todo está a expensas del estudio de impacto medioambiental, alargando todo lo posible el proceso a sabiendas de que es más que probable que no supere el examen y todo tenga que volver a empezar de cero, tal y como creen los expertos.

En paralelo, presentaron un escrito con el cronograma de obras de aquí a 2030, con una inversión global de 1.000 millones para cerrar por completo el anillo de la SE-40. A priori, se trata de un brindis al sol ya que cuatro tramos del arco norte tienen los proyectos desactualizados y deberán volver a pasar el examen de impacto medioambiental por lo que, además de la demora en el tiempo, a buen seguro supondrá un sobrecoste a lo calculado por el Ministerio. Por otro lado, en 2023 no ha habido partidas para afrontar nada más que el estudio del puente, por lo que quedarían otros seis presupuestos para cumplir con lo prometido.

Siguiendo con carreteras, desde 2008 apenas se han ampliado 19 kilómetros del tercer carril de la A-49, cuando el proyecto contempla que alcance unos 50. Y, en cuanto a la autovía A-4, ya en fase de expropiaciones, ha habido en los últimos meses una lluvia de promesas para ampliar a un tercer carril sin informar de la fecha ni el presupuesto.

Por otro lado, una vez que el Ministerio de Cultura ha sacado por fin una partida para la rehabilitación del Museo Arqueológico con el empuje de la Junta, que ya ha llevado a cabo la mudanza, nada se sabe de la imprescindible ampliación del Museo de Bellas Artes, la segunda pinacoteca de España, que tiene gran parte de sus fondos en almacenes por falta de espacio. No hay nada concreto desde que en 2010 se plantease como posibilidad establecer como anexo el Palacio de Monsalves, mientras otros museos de España de mucha menor entidad sí han recibido cuantiosos fondos.

Para completar esa factura de alrededor de 3.000 millones de 'deuda' -tanto como costó la Expo en 1992-, están los proyectos no ejecutados de las comisarías de Nervión y Bermejales. Menos cuantificable es la situación de seis de los diez barrios más pobres de España, que están en Sevilla, donde las políticas de vivienda lo que han logrado es agrandar aún más esa brecha social.

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Éste es el panorama que deberá resolver el nuevo Gobierno que resulte tras el 23J, donde se abre la posibilidad de que, por primera vez en la historia, el mismo partido gobierne en Moncloa, en San Telmo y en la Plaza Nueva.