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El metro, un proyecto marcado por la constante complicación de una negociación a tres bandas
El Gobierno suprimió varias cláusulas del convenio hasta poco antes de la firma
Estado y Ayuntamiento retrasan el inicio de las obras de la línea 3
La Junta de Andalucía asegura que las obras del tramo sur de la línea 3 del Metro de Sevilla «serán más rápidas» que las del tramo norte
La línea 3 del metro siempre ha encontrado dificultades para iniciarse
Las negociaciones para retomar, catorce años después de la inauguración de la primera línea, la red de metro de Sevilla están presididas por la dificultad permanente. Tras años de desinterés manifiesto por los gobiernos autonómico y central, la revisión de los anteproyectos de la ... línea 3 estuvo marcada por complicadas negociaciones con el Ayuntamiento sobre su diseño desde 2011 que no finalizaron hasta 2019, si bien no fue hasta 2021 cuando se presentó el proyecto redactado en un acto en el que la Consejería de Fomento compartió protagonismo con el alcalde. Tras este hito, era obligado alcanzar un acuerdo político para asegurar la financiación del proyecto. Entre idas y venida a Madrid, la negociación ha durado un año a pesar de que el espíritu de la negociación era, según el Gobierno, aportar al proyecto cada euro que pusiera la Junta.
El primer revés fue la negativa del Gobierno a que se emplearan fondos europeos en el proyecto, algo que limitaba la capacidad de financiación de la Junta de Andalucía. El Ejecutivo presionó para que los fondos europeos se restaran del coste total del proyecto y el sobrante se asumiera al cincuenta por ciento por ambas administraciones.
La Junta se oponía a ese planteamiento, ya que su pulmón financiero para la obra procede principalmente de fondos europeos destinados específicamente a financiar este tipo de infraestructuras. El asunto no era menor por cuanto esta línea, a diferencia de la primera de Sevilla y la del metro de Málaga, se financiará totalmente por la iniciativa pública sin participación de las empresas privadas, debido a las limitaciones impuestas por la Ley de Desindexación de la Economía Española. La Junta planteó sin éxito aplicar modificaciones que hicieran rentable la concurrencia de empresas constructoras como concesionarias a lo que se negó el Gobierno.
El anuncio electoralista de Juanma Moreno poco antes de las andaluzas del 19 de junio del pasado año, cuando aseguró que la Junta por sí sola iniciaría la obra de la tercera línea sin esperar al Gobierno central, propició un cambio en la negociación. Tras la mayoría absoluta alcanzada por Moreno, el Gobierno rebajó su posición negativa al uso de fondos europeos y puso más empeño en la negociación.
El pago de los trenes
La exclusión del material móvil del acuerdo fue un nuevo escollo para la negociación que tuvo que asumir la Junta para no romper de nuevo las conversaciones. Este hecho rompía las regla del euro por euro que había prometido el Gobierno, que entiende por ley que el material móvil no es de su competencia. La Junta asumió el coste de los 60 millones en los que están valorados los trenes, por lo que en total aportará en realidad 715 millones de euros frente a lo 650 del Gobierno. En otoño, tras la revisión del convenio por los ministerios de Transportes y Hacienda, el material móvil quedó fuera del convenio que fija un pago por igual de 650 millones por administración para financiar la infraestructura de la línea, presupuestada, trenes aparte, en 1.300 millones.
Los cambios en el documento se dieron hasta el último día antes de la firma del convenio en el Real Alcázar la pasada semana. El Gobierno, a instancias del Ministerio de Hacienda, incluyó una cláusula sobre la formula de pago que se hará a final de año a obra justificada y no mediante aportaciones anuales al principio de año. Esto complica la planificación financiera de la obra a la Junta de Andalucía, obligada a adelantar los créditos para no afectar al cronograma de obras. La Junta no pudo oponerse al cambio por estar así establecido en la Ley de Presupuestos.
Igualmente se suprimió a última hora una cláusula por la que se establecía la respuesta solidaria de ambas administraciones ante un hipotético desajuste presupuestario de hasta un 7 por ciento en la obra por incremento esperado de precios.