¿Es legal colocar la placa de alarma en casa sin tener el servicio contratado? Esto dice la ley y la multa que conlleva

Cada día, miles de ciudadanos eligen contratar un servicio de alarmas para evitar la entrada de un posible delincuente a su domicilio durante su ausencia. Existen diferentes empresas de seguridad que ofrecen esta prestación en España, aunque casi todas colocan una pegatina o placa en el exterior de la vivienda al instalar el aparato, de manera que quede constancia de que esa residencia se encuentra protegida frente a posibles allanamientos.

También hay muchas otras personas que han decidido no hacerse con este servicio y, en su lugar, compran estas mismas certificaciones sin tener que pagar el coste que puede suponer la instalación de la alarma. De esta manera, y con tan sólo una pegatina falsa, pueden disuadir a cualquier posible ladrón que desee adentrarse en el domicilio sin necesidad de costear el montaje de esta señal contra el allanamiento.

Pero ¿qué dice la ley sobre esta práctica tan habitual para evitar a los delincuentes? Te contamos cuál es la sanción.

Los que hayan hecho uso de esta técnica para ahorrarse el dinero que cuesta contratar una alarma de verdad deben saber que esta práctica no es legal. De hecho, incluso puede acarrear una multa si se descubre que se ha hecho uso ilícito de una placa o pegatina que corresponda a una empresa de seguridad de verdad.

Haciendo uso de esta señal sin tener contratados los servicios se entiende que se está empleando de forma ilegal una marca registrada, vulnerando así su propiedad intelectual. Además, en caso de que se utilice una de las placas de videovigilancia y se pongan datos propios en vez de los de la empresa, la Agencia de Protección de Datos puede denunciarlo.

Como hemos mencionado anteriormente, esta práctica no es legal y, por lo tanto, puede acarrear una serie de sanciones. Según establece la Ley 17/2001, del 7 de diciembre, de Marcas en el Código Penal, si se realiza alguna de las acciones nombradas anteriormente, dicha persona se está exponiendo a la sanción más grave en estos casos, un delito contra la propiedad intelectual e industrial.

En este caso, el delito puede suponer una sentencia de seis meses a tres años de prisión, además de multas de uno a dos años por acciones ilícitas al por menor.

Por su parte, la empresa afectada por este fraude puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios ocasionados. En ese caso, el delincuente tendrá que pagar multas de 600 euros por cada día transcurrido, hasta que finalmente se deje de usar la marca.