La trama de Fomento: 17 millones de beneficio, 88 cuentas y 13 fincas
El sumario sitúa al ministerio como «eslabón fundamental» de los contratos de mascarillas en el caso Koldo
El juez requisó el correo electrónico de los presidentes de Puertos del Estado y ADIF nombrados por José Luis Ábalos
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![José Luis Ábalos y Koldo García en una reunión en el restaurante La Chalana el pasado 10 de enero](https://s3.abcstatics.com/abc/www/multimedia/noticias/2024/02/29/Abalosportadilla-Ry07AVPtxv96PHQLmf14wVN-1200x840@diario_abc.jpg)
Una situación de emergencia nacional, un comisionista, un empresario conocido ya por la Justicia y el asesor de un ministro con ascendencia en todo tipo de rincones dentro de aquella cartera. Son los ingredientes del caso Koldo, una trama de compra directa de mascarillas ... contra el Covid que sirvió para un pelotazo que se estima ya en 16,9 millones de beneficio neto y que no se entiende sin considerar, como dice el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, el «papel relevante» que jugó el Ministerio de Transportes, un «eslabón fundamental» en la cadena que llevó a la instrumental Soluciones de Gestión a pasar de facturar cero euros en 2019 a hacerse con cerca de 54 millones en contratos de Puertos del Estado, Adif, el Ministerio del Interior, Canarias y Baleares.
De fondo, el propio ministro en las fechas, José Luis Ábalos, a quien el juez sitúa en un papel de «intermediación» en un asunto en favor de la trama. No está investigado, pero aparece en el sumario, como otros cargos de su etapa.
El negocio
La empresa que se llevó las adjudicaciones, Soluciones de Gestión, obtuvo un beneficio neto de 16,9 millones después de haber pagado a los suministradores reales de la mercancía y a los transportistas, según la Guardia Civil.
El departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) cuantifica en un 32% del total de los contratos el montante que quedó limpio para esta sociedad que tenía detrás a Juan Carlos Cueto y al comisionista Víctor de Aldama. Dos piezas en un universo de veinte investigados, incluido Koldo García, asesor de Ábalos y hombre de su máxima confianza, que les habría abierto la puerta del ministerio.
Para los investigadores de la Policía Judicial, el Ministerio de Transportes -que antes de 2020 se llamaba de Fomento- habría tenido un «papel relevante en la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión», también por los concedidos en otros departamentos. «Las directrices dadas desde el Ministerio de Fomento constituyen un eslabón fundamental en la cadena que finaliza con la adjudicación», reza uno de los informes del sumario de la causa, al que tuvo acceso ABC.
Según expone, la mercantil recibió adjudicaciones de Puertos del Estado (14,5 millones), ADIF (12,5 millones), el Ministerio del Interior (3,5 millones), el Servicio Canario de Salud (4,7 millones), el Servicio de Salud de Baleares (3,7 millones) o el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. De esos fondos públicos, el desglose que hace la Guardia Civil en su informe es el siguiente: la adjudicataria pagó 10,4 y 8,6 millones, respectivamente, a las intermediarias Gama Global Trading y Star Tic Innovation, que fueron las proveedoras del material (un 37% del monto). Por otro lado, entregó 7,8 millones a Iberia, Air Europa y Anglia Global que se encargaron del transporte (un 15% del total). En particular, 3,5 millones fueron para Iberia, 3,6 para Air Europa y 686.104 euros para Anglia. Así, el beneficio neto final fue del 32% del negocio.
El asesor
Koldo García «habría cobrado» por favorecerles en la contratación, como apunta el incremento patrimonial que experimentaron él y su familia en 2020 y 2021, a golpe de ingresos en efectivo y sirviéndose de personas de su entorno para no ser titular de nuevos bienes.
El sumario desgrana toda una serie de relaciones e influencias que habría tejido a su paso por el ministerio, más allá de constatar la relación personal y directa que tenía tanto con Víctor de Aldama -su hermano fue en tiempos escolta de Ábalos- como con Cueto. Esa influencia se mantuvo en el tiempo y, de hecho, en 2023, cuando ya llevaba dos años fuera, recurrían aún a él para pedir favores, como la mujer de un jefe de seguridad de Transportes, que le instaba a mirar «lo de su marido» para que consolidase la plaza tras la llegada de Óscar Puente como ministro.
«No te preocupes, ya está todo hecho», le dijo; o un alto cargo que no sabía si iba a renovar. «Se puede colegir que Koldo, con el apoyo de Ábalos, habrían intercedido», se afirma en un oficio de la UCO. En esos favores, Cueto acudió a él para que boicotease una reclamación de tres millones de euros que había emitido Baleares para recuperar el dinero que le costaron en 2020 sus mascarillas, inservibles. Las escuchas revelarían sus gestiones.
El ministro
Este es el contexto en el que el juez Ismael Moreno, como la Guardia Civil, afirman que Ábalos tuvo un papel de «intermediario». El pasado 10 de enero cenó con Koldo en su 'cuartel general' en Madrid, la marisquería La Chalana. Según había dicho el asesor a Cueto el día antes, esa jornada trataría el asunto con una de las personas a las que iba a ver y la Guardia Civil le fotografió con el exministro.
Los agentes dicen que «no era la primera vez que Ábalos habría tenido conocimiento de una cuestión relativa a los contratos investigados». Había ocurrido el noviembre anterior, cuando las escuchas telefónicas revelaron que Koldo envió al exministro unos documentos sobre las adjudicaciones utilizando como «canal» a su hermano Joseba. Condujo de Alicante a Valencia con los papeles, que fueron revisados por la Guardia Civil en un supuesto control rutinario de carretera. Entró en un portal y salió sin ellos. El siguiente en salir fue José Luis Ábalos. Tenía, dice la Guardia Civil, «interés».
El ministerio
Koldo fue detenido el 20 de febrero, como dos de sus hermanos y su mujer, Cueto, Aldama y un elenco de empresarios relacionados con subtramas: la de los comisionistas en la compra de mascarillas (Cueto) y la de los comisionistas en la adjudicación de los contratos (Aldama). Se investigan delitos de blanqueo y delitos fiscales por lo que hicieron con los beneficios. Pero la Audiencia Nacional no pierde de vista ese papel esencial del ministerio y sigue mirando dentro.
Según revela el sumario, la operación, por la que se han congelado 88 cuentas, se han embargado 13 fincas y trabado una docena de vehículos entre los que hay dos modelos de Ferrari, implicó también un requerimiento en Puertos del Estado, Adif e Interior donde la Guardia Civil requisó los correos electrónicos de una decena de altos cargos, incluidos los presidentes que Ábalos puso al frente de ambas insituciones cuando llegó a ministro: Francisco Toledo Lobo (Puertos) e Isabel Pardo de Vera (ADIF).
La orden lo fue para incautar todos los buzones de correspondencia online de enero a julio de 2020, también del aún secretario general de Puertos, Álvaro Sánchez, de los responsables de la contratación y en ADIF, de los de recursos humanos. Incluido el de un alto cargo al que Koldo preveía persuadir para enchufar a su sobrino.
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