2024, el año que pondrá de nuevo a prueba la democracia en EE.UU.

Tres años después, el final del trumpismo no está a la vista. Trump es de nuevo el favorito absoluto para ser el nominado republicano a la presidencia y las encuestas le dan posibilidades ciertas de recuperar la Casa Blanca. El asalto al Capitolio no quebró la lealtad al multimillonario neoyorquino de una base considerable del electorado republicano y la gran mayoría de los líderes republicanos no tardaron en hacer la vista gorda con lo sucedido para no contrariar a Trump y evitar que pusiera a sus huestes en su contra.

El mando del expresidente sobre el partido es evidente: cuando todavía faltan diez meses para las elecciones, Trump ha recibido el respaldo de casi un centenar de diputados de la Cámara de Representantes, una veintena de senadores y siete gobernadores. Entre Ron DeSantis y Nikki Haley, los únicos candidatos presidenciales con opciones mínimas en las primarias republicanas, solo suman el apoyo de seis diputados, dos gobernadores y ningún senador.

La campaña de Trump en diciembre de 2020 para dar la vuelta a los resultados de las urnas, coronada con el episodio del Capitolio, puso a prueba la democracia de la primera. Este año, las curvas serán más pronunciadas.

Es difícil recordar una elección que se anticipe tan volátil y con tantos desafíos como las presidenciales de este año. La campaña electoral se verá mezclada de forma irremediable con los tribunales. Para empezar, el Tribunal Supremo tendrá que decidir sobre la presencia de Trump en las papeletas, después de que dos estados, Colorado y Maine, hayan determinado que el expresidente no puede ser candidato por haber participado en una insurrección en los acontecimientos del 6 de enero de 2021. Es posible que el alto tribunal -con una mayoría conservadora reforzada durante la presidencia de Trump, que tuvo la oportunidad de nominar a tres jueces- tenga también que decidir sobre su inmunidad frente a las causas penales que le persiguen.

Las causas penales y la campaña política irán de la mano con Trump, en una situación inédita y que contamina el proceso democrático. Hasta marzo del año pasado, nunca un expresidente de EE.UU. había sido imputado por delitos. Desde entonces, Trump acumula 91 cargos en cuatro causas penales -incluidas dos relacionados con su intento de dar la vuelta a los resultados de 2020-, además de otras dos causas civiles.

Esas causas se ventilarán a la vez que se desarrolle el proceso político: el primer juicio penal está previsto para comienzos de marzo, casi a la vez que el Súper Martes, la jornada de primarias en la que la elección de nominado suele quedar encarrilada. Para cuando Trump sea ungido como candidato por el partido en la convención republicana de mediados de julio, es posible que ya esté condenado por delitos.

Trump ha abrazado esta situación porque encaja a la perfección en su narrativa de victimismo y persecución. La sucesión de imputaciones del año pasado le dispararon en las encuestas entre republicanos. Habrá que ver qué ocurre si es condenado, pero es posible que se repita el patrón. Ha sabido encauzar a la perfección sus problemas con la justicia: «No van a por mí: en realidad, van a por vosotros», es su mensaje.

Al mismo tiempo, Trump ha aumentado la tensión retórica en las últimas semanas, con referencias radicales y guiños autoritarios. En una nación construida sobre la inmigración, ha asegurado que los inmigrantes «están envenenando la sangre de nuestro país». Ha calificado a sus rivales políticos de «alimañas» que hay que «extirpar». Y preguntado sobre si abusará de sus poderes ejecutivos si consigue regresar a la Casa Blanca, si actuará como un dictador para represaliar a sus rivales, respondió que «no, excepto el primer día».

Trump celebrará el aniversario del asalto al Capitolio con dos mítines multitudinarios en Iowa, donde arrancan las primarias con sus caucus del próximo lunes 15 de enero. El expresidente ha liderado una revisión de lo ocurrido aquel día en la que participan los medios de su cuerda, con alusiones al patriotismo de los manifestantes y teorías conspiradoras sobre la participación del Gobierno en los hechos. Según una encuesta de 'The Washington Post', un cuarto de los estadounidenses creen que el FBI instigó el asalto al Capitolio. El expresidente ha calificado a los condenados por aquellos hechos como «grandes patriotas» y «rehenes».

Quedan por delante diez meses de retórica inflamada, de propuestas radicales, de espectáculos en los juzgados, con una tensión creciente. Esta semana, ocho capitolios estatales -varios de ellos, en estados clave para las presidenciales, como los de Michigan y Georgia- tuvieron que ser cerrados por amenazas de bomba.

Todo eso es, de alguna manera, una buena noticia para Biden, un presidente impopular y cuya reelección depende del miedo que Trump dé al electorado. El presidente, después de meses tratando de vender sin éxito sus logros económicos y legislativos -la inflación se lo ha impedido-, lastrado por las guerras en Ucrania y Gaza, ha decidido centra su campaña en Trump, en retratarle como amenaza para la democracia.

El candidato republicano ha respondido de la forma que mejor sabe: enturbiando las aguas y acusándole a él de lo mismo, de ser una amenaza para la democracia: las causas penales que le persiguen están impulsadas por Biden como un intento de acabar con el candidato del otro partido. En su electorado, el mensaje funciona.

Quizá el signo más claro del deterioro democrático de EE.UU. está en los dos candidatos. Biden y Trump son impopulares. Un presidente envejecido, débil y que no ilusiona a nadie. Un expresidente con la mancha del 6 de enero, imputado por delitos y polarizante. Las encuestas dicen que tanto la mayoría de republicanos como de demócratas hubieran preferido otros candidatos. Es una señal preocupante que la presidencia de la primera potencia mundial se ventile, otra vez, entre opciones pésimas.