El Servicio de Seguridad de Ucrania detiene a varias personas que planeaban tomar el Parlamento
Los cuatro arrestados tenían la intención de provocar «disturbios» en la capital y anunciar la «destitución del poder»
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El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU por sus siglas en ucraniano) ha frustrado un plan para tomar la Rada Suprema. La Agencia de seguridad informó en un comunicado oficial sobre la detención de un grupo de «provocadores» que tenían la intención de celebrar ... una «reunión pacífica» en el centro de la capital ucraniana con el objetivo de «causar disturbios». Durante dicho encuentro anunciarían la «destitución del poder» del actual liderazgo político-militar de Ucrania. Y, posteriormente, los detenidos tratarían de ocupar el edifico del parlamento para «bloquear su funcionamiento».
La investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado reveló que uno de los líderes del grupo era «cofundador de una organización pública conocida por sus acciones antiucranianas desde 2015». La principal intención de los arrestados era generar altercados en Kiev para que medios de comunicación nacional y extranjeros se hiciesen eco. El objetivo final, aseguran en el comunicado del SBU, era «cambiar la situación política y social» en Ucrania, favoreciendo a los intereses de Rusia.
El principal organizador contó con la colaboración de «organizaciones públicas» de la capital y de otras regiones como Dnipro. Los implicados estaba buscando también la «colaboración de terceros países», apunta el mensaje del SBU. Según los agentes, los implicados nunca fueron cuidadosos y nunca realizaron encuentros numerosos. «Con el objetivo de conspirar, se comunicaron los unos con los otros a través de diferentes canales y, en caso de haberse reunido, lo hicieron siempre en pequeños grupos de máximo tres personas» explican en el mensaje.
La Agencia de seguridad de Ucrania incautó armas y municiones durante los registros de casas de los detenidos. Además, se encontraron varios dispositivos móviles y ordenadores con «evidencias de actividades delictivas».
Los arrestados pueden enfrentar penas de prisión de hasta diez años ya que han sido acusados de «acciones y llamamientos a la acción destinados a un cambio violento o al derrocamiento del orden constitucional o a la toma del poder estatal».
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