Trump afronta su causa más grave: el ataque a la democracia de EE.UU.

En marzo, se convirtió en Nueva York en el primer expresidente de EE.UU. en ser imputado, por los pagos para silenciar una relación extramatrimonial con una actriz porno poco antes de las elecciones de 2016. Después, en junio, recibió más cargos en Miami por la retención de documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca. Hoy le leerán los cargos más graves, por atentar contra un pilar básico de la democracia, por su campaña para quedarse en el poder tras perder las elecciones de 2020. Estas son las claves del caso.

El escrito de imputación acusa a Trump de «atacar los cimientos del Gobierno federal de EE.UU.: el proceso de recolectar, contar y certificar los resultados de una elección».

«Pese a perder las elecciones, el acusado estaba decidido a quedarse en el poder», dice el escrito sobre las presidenciales de noviembre de 2020. Para ello, desarrolló una campaña contra los resultados de las elecciones, que dieron como ganador a su rival demócrata y actual presidente, Joe Biden. Esa campaña, pese a que no tuvo éxito, culminó con el asalto bochornoso y trágico al Capitolio, la sede de la soberanía popular, el 6 de enero de 2021.

La fiscalía ha presentado cuatro cargos contra Trump y los califica de «conspiraciones», es decir, que actuó junto a otras personas para tratar de dar la vuelta a los resultados de las urnas. Son tres conspiraciones: para defraudar a EE.UU. en el proceso de recuento y certificación de los resultados electorales; para obstruir de forma corrupta un procedimiento oficial, en referencia a la certificación de esos resultados por el Congreso el 6 de enero de 2021 (dos cargos); y contra el derecho fundamental de los ciudadanos al sufragio y a que se recuenten su votos.

El escrito de imputación detalla en 45 páginas esa campaña de Trump. La base de la acusación es que Trump se apoyó en mentiras para tratar de desestabilizar el proceso democrático. Desde el momento que vio que el recuento era favorable a Biden, habló de «robo electoral».

«Esas alegaciones eran falsas y el acusado sabía que eran falsas», asegura la fiscalía, pero Trump las diseminó hasta la saciedad con la intención de que «parecieran legítimas, crear una atmósfera nacional de desconfianza y rabia intensas y erosionar la confianza en el proceso electoral».

Esas mentiras fueron la palanca para tratar de descarrilar la victoria de Biden. A pesar de que ni los tribunales ni su propio Departamento de Justicia encontraron evidencias de fraude masivo, las utilizó para presionar a autoridades locales, estatales y federales, respaldar planes para enviar delegados alternos al Congreso que evitarían la certificación de Biden como presidente –aunque él mismo los llegó a calificar de «locura»– o exigir a cargos estatales que «encontraran votos».

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Una de las figuras que más aparece en la imputación es Mike Pence. Como vicepresidente, ostentaba el cargo ceremonial de presidente del Senado, el órgano que el 6 de enero certificaría la victoria de Biden. Trump presionó de todas las maneras posibles a su segundo para que no aceptara los resultados, a lo que Pence respondió que no tenía autoridad para ello. «Eres demasiado honesto», le llegó a decir Trump.

A Trump se le acusa de participar en conspiraciones y el escrito de imputación cita a seis personas como parte de la trama. Los fiscales no dan sus nombres, pero no es difícil vislumbrar, por el contenido del escrito, de quién se trata en cinco casos. Sin duda, de Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York, abogado personal de Trump y muñidor de muchos de los planes de la trama. También de los abogados John Eastman, Sidney Powell y Kenneth Chesebro. Y de Jeffrey Clark, el único alto cargo del Departamento de Justicia que se alistó de forma diáfana en la campaña de Trump y que el presidente trató de colocar como fiscal general interino para facilitar sus planes.

La reacción inmediata de Trump y de sus aliados fue repetir las acusaciones de «utilización de la justicia como arma política» y «caza de brujas» que el expresidente ha usado en sus batallas judiciales. Pero eso no lo servirá en el juicio.

Sus abogados han dado indicaciones de por dónde irán los tiros: retratar la campaña contra los resultados como un asunto de libertad de expresión. La fiscalía defiende que Trump diseminó las mentiras en las que se basó la trama a sabiendas de su falsedad. «Tendrán que demostrar que, más allá de la duda razonable, Donald Trump creía que esas alegaciones eran falsas», dijo en una entrevista en Fox News uno de sus abogados, John Lauro.

Más allá de Trump, la figura central de la imputación es Jack Smith, el fiscal especial del caso. Cuando el multimillonario neoyorquino anunció el pasado noviembre que se presentaba a las presidenciales para tratar de recuperar la Casa Blanca, el fiscal general, Merrick Garland, eligió a Smith para liderar las investigaciones contra Trump.

Smith ha cerrado en pocos meses sus investigaciones, que han acabado con dos imputaciones, a tiempo para que los juicios se ventilen antes de las elecciones del año que viene.

Smith se ha convertido en el centro de los ataques de Trump y de sus aliados. El expresidente ha asegurado que el fiscal especial le «odia» y le ha calificado de «perturbado».

La supervisión del eventual juicio contra Trump por estos cargos correrá a cargo de Tanya Chutkan, una juez quizá poco favorable para los intereses del expresidente. Chutkan, inmigrada a EE.UU. desde Jamaica cuando era adolescente, fue nominada para el cargo de jueza federal por Barack Obama y se ha destacado por imponer sentencias duras para los condenados por los disturbios violentos y trágicos del asalto al Capitolio.

Además, ha sido una pieza clave en las investigaciones a Trump. Ella dio el visto bueno a las peticiones de la comisión de la Cámara de Representantes que investigó a Trump el año pasado para acceder a documentos de la Casa Blanca, una decisión contra la que recurrió el expresidente sin éxito. Los documentos e investigaciones de esa comisión han sido parte central del trabajo de la fiscalía que ha acabado en esta imputación.

Trump tiene previsto entregarse esta tarde en persona en el juzgado federal de Washington. Se le leerán los cargos y, con toda seguridad, Trump se declarará no culpable. Con ello se iniciarán las mociones entre las partes para definir los límites del juicio y las pruebas que se revisarán. El desafío para la juez será encontrar hueco en la atiborrada agenda judicial de Trump, que ya tiene dos juicios fijados para el año que viene, a la espera de otras causas abiertas.