La traca final de López Obrador

Pero la transformación que López Obrador ha querido ejecutar (la bautizó como cuarta porque, como hito histórico, seguiría a la independencia, la reforma de Benito Juárez y la revolución mexicana) no supone un avance objetivo del país, más bien al contrario. En lugar de haber reforzado las instituciones, potenciado la separación de poderes y mejorado el clima democrático, López Obrador ha trabajado por aumentar el hiperpresidencialismo, restringir la libertad de prensa y politizar tanto la administración de justicia como la electoral.

Debatibles pueden ser sus políticas económicas y energéticas. Su estatalismo –mayor intervención del Estado en la economía; empresas estatales (del Ejército) a cargo de la construcción de las principales infraestructuras; reducción de la presencia de la iniciativa privada y extranjera en el sector petrolero y eléctrico– no es único, pues aires nacionalizadores recorren hoy el mundo, pero a México no le está sentando bien: su industria requiere una gran inversión exterior y esta huye de entornos donde el Estado sofoca la actividad. En lugar de converger hacia un espacio dinámico y creador de oportunidades en el marco de una Norteamérica interconectada, el México de López Obrador ha revertido avances que se habían dado en la integración con Estados Unidos y Canadá (han aumentado los roces con esos países en el seno del T-MEC, el renovado tratado de libre comercio a tres bandas).

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Si lo económico y comercial está más sujeto a la libre discusión entre diferentes posicionamientos ideológicos, en lo relativo a la degradación de las instituciones políticas no cabe la admisibilidad. El extremo populismo de las «mañaneras» (los monólogos diarios de López Obrador en televisión, con ridiculización de quienes le hacían preguntas incómodas) generó un hábitat político de confusión sobre la función de cada uno de los tres poderes de la democracia; la alta popularidad del presidente y la consolidación de Morena en gubernaturas y municipios (sustituyendo el rol histórico del PRI como fuerza hegemónica) han permitido que ese deterioro haya visto expedito su camino.

Hace seis años, Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México bordearon la mayoría cualificada, pero en las elecciones de medio mandato de 2021 retrocedieron algo de terreno, lo que impidió a López Obrador desplegar reformas que ambicionaba. Ahora este está en condiciones de abordar un último esfuerzo de control político, esta vez sobre el poder judicial y órganos autónomos de la Administración, al tiempo que corona las mayores atribuciones del Ejército.

López Obrador quiere que todos los jueces sean elegidos por voto popular: los 1.600 jueces federales serán sustituidos entre 2025 y 2027 por jueces votados por los ciudadanos a nivel nacional a partir de listas elaboradas por el presidente, el Congreso y organizaciones de magistrados; los jueces en los estados serán elegidos localmente. Esto afectará también a la Corte Suprema, donde ya no será obligatorio tener más de 35 años.

También quiere eliminar siete agencias estatales autónomas, cuyas funciones serán asumidas por los ministerios, alegando ahorro. Entre ellas están el Instituto de la Transparencia y la agencia que vela por el correcto uso del presupuesto destinado a combatir la pobreza.

El paquete de reformas incluye asimismo la adscripción de la Guardia Nacional, cuerpo creado por López Obrador en 2019, en el Ejército, algo que había sido cuestionado por la Corte Suprema por entender que se militariza la seguridad ciudadana.