Los socialdemócratas alemanes quieren endurecer su política migratoria

El 71% del electorado ha expresado su insatisfacción con la 'coalición semáforo' en el Politbarómetro de ZDF y el 51% querría un adelanto de elecciones, que sólo beneficiaría a la oposición y que sólo podría forzar el socio menor de la coalición, el Partido Liberal (FDP), en un huida hacia adelante a la desesperada, puesto que se juega incluso su presencia parlamentaria. Pero en la Casa Willy Brandt ni se habla de adelanto de elecciones ni resulta tan sencillo ignorar el enorme elefante en la habitación des abandono de los votantes.

El presidente del partido, Lars Klingbel, llama a luchar más «por la clase media trabajadora» y por cuestiones como las pensiones o los alquileres asequibles, pero otras voces sugieren que la única salida es aprender de Dinamarca. El vicepresidente del SPD, Dirk Wiese, se ha desmarcado en público, afirmando que «deberíamos observar muy de cerca el rumbo de los socialdemócratas nórdicos, han tomado un rumbo en política migratoria que les ha llevado a conseguir nuevamente éxitos electorales y, sobre todo, a mantener a raya a los pequeños partidos radicales».

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Wiese está hablando en voz alta por primera vez de una estrategia que el SPD ya intentó poner en práctica en los últimos días de campaña de las europeas, cuando Scholz se declaró partidario de las deportaciones a Irán o Siria de refugiados que hayan cometido delitos graves. «Nosotros en el SPD tenemos que hablar de esto sin anteojeras y beneficiarnos de estas experiencias», ha corregido las declaraciones del presidente de las Juventudes Socialdemócratas, Philipp Türmer, que ha llamado a «guardar silencio sobre los problemas para evitar alimentar narrativas de derecha».

También el presidente del grupo parlamentario, el veterano Rolf Mützenich, ha pedido abiertamente un cambio de rumbo en política migratoria, que en su opinión es «el gran tema de este siglo». «El SPD debe tomar muy en serio las preocupaciones sobre la inmigración», ha defendido, tras elogiar la decisión de la ministra de Interior, Nancy Faerser, de establecer controles fijos en las fronteras con la República Checa y Polonia y reafirmar que la atención debe centrarse en las fronteras exteriores de la UE.

Mützenich ya ha mantenido contactos con la opositora CDU para consensuar posiciones en política migratoria, que considera asunto de Estado, y ve con buenos ojos la política danesa, que con el apoyo de la oposición ha logrado reducir un 28% la inmigración y un 82% las solicitudes de asilo. Con ese currículum, la primera ministra socialdemócrata Mette Frederiksen mejoró sus resultados electorales y el Partido del Pueblo, la formación populista antiinmigrantes, retrocedió un 2,6%.

El precio que ha pagado Dinamarca ha sido renunciar a su tradicional cultura de acogida, con duros recortes de los beneficios sociales para inmigrantes, una política muy activa de deportaciones, el impedimento de las reunificaciones familiares y estremecedores traslados de ciudad o de barrio de la población inmigrante para evitar la formación de guetos.

«Se trata de reconocer una demanda social consolidada que el SDP no puede ignorar», confirman fuentes del partido sobre el giro de posición que está cuajando en su directiva. Y la mayor parte de la presión está llegando desde los gobiernos regionales, los encargados de implementar la gestión de los refugiados. «La política que hacemos en Berlín los deja a los pies de los caballos en las elecciones regionales porque se trata de una preocupación seria y fundada de muchos alemanes a la que no estamos dando respuesta», explican las mismas fuentes.

El Gobierno alemán ha dado ya algunos pasos en este sentido. Scholz ha reconocido públicamente que el nivel de afluencia de refugiados es «demasiado alto» y se ha quejado de que «más del 70% de todos los refugiados que llegan a Alemania no han sido registrados antes, aunque casi todos han estado en otro país de la UE», dejando así la pelota en el tejado de los países con frontera exterior. Pero hasta el momento ha ocultado el problema debajo de la alfombra y lo ha intentado tapar con presupuesto público. El año pasado, soltó a los estados federados y municipios cerca de 3.750 millones de euros adicionales para que gestionasen el problema y dejasen de hablar del asunto.