Jueces y trabajadores judiciales protestas contra la reforma de López Obrador: «Esto interesa a los políticos y al crimen organizado»

El tope en los salarios de jueces y magistrados hace un efecto dominó en el resto del escalafón judicial, reduciendo los ingresos de los puestos inferiores: la diferencia entre cada puesto es el 40% del sueldo. Y la merma en los ingresos es difícil de asumir para quienes están expuestos a la hora de firmar sentencias.

El asunto del dinero es una de las claves del debate. En sus 'mañaneras –conferencias matutinas–, López Obrador ha estado arremetiendo contra el poder judicial, insistiendo en que sus miembros disfrutan de grandes sueldos y grandes prestaciones. Reprocha que cuenten con chóferes, numerosos escoltas y hasta personal de limpieza en sus domicilios particulares.

«Quienes han defendido la reforma aseguran que se va a respetar a los empleados de carrera, pero en ninguna parte se explican procedimientos ni formas», asegura Hernández Jiménez. Tampoco se establece con rigor las elecciones de los más de 20.000 jueces que actúan en el país, con qué recursos y con qué normas para hacer campaña.

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Milton Merlo | Corresponsal en Ciudad de México

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«Una persona tendría que entrar a una casilla y seleccionar en un planillo cientos de nombres. Es muy difícil pensar ese proceso en términos realistas. Y, lo más delicado, si no fijas recursos para esas campañas, ¿quién las pagará? Probablemente la política, grandes empresarios o, directamente, el crimen organizado», lamenta la juez.

Este ha sido uno de los grandes puntos de la fricción entre México y EE.UU. Desde Washington se advirtió, al inicio del debate de la norma, que el narco podría irrumpir en las elecciones de los futuros jueces. Esto provocó que López Obrador pusiera «en pausa», como sucede con España, la relación con el embajador estadounidense Ken Salazar. Dinorah Hernández Jiménez advierte que «en la zona denominada Tierra Caliente, en Michoacán, donde el clima y la geografía es propensa para el cultivo de drogas, hay solo dos jueces de competencia penal. ¿Quiénes van a estar especialmente interesados en las elecciones de esos juzgados?».

Las protestas de empleados judiciales, al grito de «ni un paso atrás», han dominado el día a día de las ciudades de México; al mismo tiempo, se ha paralizado la atención al ciudadano en los tribunales. El pasado martes, cuando arrancó la discusión de la reforma en el Senado, en la Ciudad de México se realizaron al menos cuatro protestas.

Diversos manifestantes entrevistados por ABC esperan que la reforma quede truncada por una intervención de la Corte Suprema que entienda que el proceso para su aprobación fue irregular. Algo que ya ha sucedido con otras leyes impulsadas por López Obrador. Pero otros no tienen tanta fe. En Puebla y Yucatán, los trabajadores intentaron irrumpir en los congresos estatales para detener la discusión y eventual aprobación de la iniciativa. El Congreso de Oaxaca fue el primero en avalarla, horas después que en el Senado se sacara adelante con los votos de Morena y sus aliados, así como con el del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, que se pasó al oficialismo.

«Se habla del nepotismo, de la presencia de familiares en los juzgados, pero no se entiende que la vida en los tribunales es un modo de carrera muy exigente, muy envolvente... Y resulta frecuente que se formen parejas y, luego, familias. Muchos jueces, como es mi caso, comenzamos haciendo las tareas más elementales. Hay magistrados que en sus primeros años hasta se encargaban de la limpieza», anota la juez Hernández Jiménez. Para ascender en el escalafón, dice, actualmente son necesarios varios exámenes y el trabajo de los juzgadores es permanentemente monitoreado por el Consejo de la Judicatura, organismo que López Obrador pretende reemplazar con una suerte de tribunal controlado desde el Gobierno.

El presidente siempre ha tenido una narrativa hostil hacia los jueces. Uno de sus latiguillos más frecuentes es acusarlos de que, mediante los amparos, liberan criminales que han cometido hechos atroces y que vuelven a delinquir. Por eso la reforma prácticamente pulveriza el derecho a amparo. Ese punto es el que más preocupa a los inversores extranjeros, pues alegan que sus intereses quedarían vulnerables frente a la voluntad de los gobiernos.

«El presidente ha convertido las excepciones en la regla. Es cierto que puede que haya jueces que no han actuado bien, es cierto que la justicia en México debe mejorar, pero destruir al poder judicial no es el camino; es curioso, la reforma no toca en lo más mínimo al ministerio público, las fiscalías, la Fiscalía General de la República... Allí también hay problemas pero es una rama que depende del poder ejecutivo. Entonces no se toca», zanja Hernández Jiménez.