El Gobierno de Chile se opone ahora a la nueva Constitución cuya redacción impulsó

Los primeros sondeos sitúan por delante el 'no' al nuevo texto, pero ya en el anterior plebiscito se dio la sorpresa; además, esta vez el proyecto constitucional, si bien ahora orientado hacia el otro lado ideológico, no tiene el extremismo que contenía el anterior (un radicalismo que incluso el Gobierno de Boric se comprometió a rebajar una vez esa Constitución fuera aprobada en plebiscito). El texto de hace un año dio miedo a una parte importante de los chilenos; el de ahora, aunque sujeto a la diferente apreciación partidista, es claramente más moderado. Otro argumento a su favor es que mejora la Constitución de 1980, luego ampliamente reformada. Rechazar la nueva propuesta aplazaría 'sine die' cualquier consenso para redactar un tercer proyecto.

Las vicisitudes de este proceso constitucional chileno han ido paralelas al 'humor' político de la ciudadanía. El enfado inicial mostrado en las protestas de 2019 motivó un encogimiento de la derecha y un envalentonamiento de la izquierda, que usó la mayoría conseguida en 2021 en la Convención Constitucional para imponer sus criterios en la redacción de la Carta Magna. Meses después, Boric ganó las presidenciales y pronto comenzó el desencanto de los sectores de centro. Esa desafección se mostró en el plebiscito constitucional de 2022 y en la nueva mayoría de derecha elegida en mayo de 2023 para redactar el nuevo proyecto.

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En ese Consejo Constitucional la nueva derecha del Partido Republicano tuvo 23 puestos; la derecha tradicional, 11, mientras que la izquierda alineada con el Gobierno logró 16. Amarillo, un partido de centro izquierda que quedó fuera del Consejo, asegura que ha podido introducir modificaciones a través de conversaciones con los sectores moderados de derecha, por lo que incentivará el voto favorable en el plebiscito; asegura, en cambio, que en el Consejo la izquierda no se avino a transacciones.

La nueva propuesta de Constitución introduce la proclamación de Chile como «estado social y democrático de derecho» y el reconocimiento de derechos que la Constitución vigente no mencionaba, como el de vivienda, seguridad social y educación. La izquierda considera que esos derechos no están suficientemente desarrollados en el texto, critica el preponderante papel otorgado a los padres en la educación de sus hijos y lamenta que la paridad de géneros en la representación política (se corregirá si hombres o mujeres obtienen más del 60% de los puestos) sea solo transitoria.

El texto garantiza que Chile es una nación «única e indivisible», evitando con ello cualquier reconocimiento nacional que el proyecto constitucional fallido hacía de los pueblos indígenas, por más que se garantizan los «derechos colectivos de los pueblos originarios y su interculturalidad». Preserva el vigente del derecho a la vida («la ley protege la vida de quien está por nacer»), lo que no tendría por qué anular la actual legislación de supuestos sobre el aborto, así como el derecho a elegir el sistema de salud, público o privado.

En cuanto al sistema político, descentraliza el Estado, sometiendo a elección directa a los gobernadores provinciales y sus consejos; afronta la fragmentación política al poner una barrera del 5% de votos a nivel nacional para obtener representación (con alguna excepción); introduce las primarias nacionales para elegir candidatos y regula el juicio político al presidente, entre otras disposiciones.